La explosión de COVID-19 en Tijuana: otra más del gobiernito de Bonilla
Para tratar de quitarse de encima la responsabilidad sobre el crecimiento de casos de COVID-19 en Baja California –y, de forma particular, en Tijuana–, el gobernador Jaime Bonilla acusó ayer al IMSS de fallarle al estado.
“Siento yo que no se han aplicado”, dijo Bonilla, en una conferencia que circuló profusamente en las redes sociales, y en la que estuvo acompañado por el secretario estatal de Salud, Alonso Pérez Rico.
“Ha habido un descuido del Seguro Social. Cuando menos aquí en el estado, no se ha puesto las pilas. Es una dependencia federal, tiene su propia delegación. No se reportan con nosotros”.
Baja California se ha convertido en el tercer estado con más casos confirmados de COVID-19 (al momento de escribir estas líneas iban 414), sólo detrás de la Ciudad de México y del Estado de México, los más poblados de la República.
Tijuana, con 240 personas contagiadas y 21 fallecimientos, se ha convertido en la zona de crecimiento más acelerado de la enfermedad en todo el país y ha captado la atención de los medios internacionales por la situación en los hospitales, donde el personal de salud ha denunciado la falta de equipo de protección personal para trabajar.
Ayer, al referirse al tema, Bonilla afirmó que los médicos “están cayendo como moscas porque no se les dio la protección”. Nuevamente se fue contra el IMSS. “De nada servía que se los diéramos en el Hospital General si no se los daban en el Seguro Social, y ahora tenemos una necesidad tremenda”.
Sin embargo, los dichos del gobernador contrastan con lo que ayer me dijo Edgar Castillo López, exdirector del Hospital General de Mexicali, quien fue relegado de su cargo por el secretario Pérez Rico luego de que dio positivo al coronavirus.
En entrevista con Imagen Radio, el doctor Castillo negó que la verdadera razón de su despido haya sido el contagio, sino “por una situación de índole personal del parte del secretario de Salud”.
Explicó que los médicos del Hospital General de Mexicali “estuvimos organizándonos desde enero para esta posible contingencia, que ahora ya la tenemos encima”. Relata que desde entonces dieron cuenta que no había suficientes insumos para la protección apropiada del personal”.
Mediante contactos con empresarios locales, Castillo logró donaciones de equipo de protección personal. “Tan es así que el primer caso lo tuvimos el 19 de marzo y lo atendimos con insumos donados, ya que apenas el pasado miércoles 8 de abril nos llegaron los equipos por parte del estado”.
—¿Y eso molestó al gobierno estatal?
—En específico tuve una confrontación con el secretario sobre esta situación. Me dijo que todos los insumos por donación tenían que pasar por él y que me adelanté demasiado a la contingencia. Todo eso fue hasta motivo de burla.
El jueves pasado, Castillo se enteró de su cese. El día previo se había sentido mal y decidió aislarse de forma voluntaria. “Esta enfermedad es espantosa”, me dijo desde su domicilio, donde se encuentra en convalecencia.
Castillo alertó a las autoridades estatales de lo que podía venir y sólo recibió recriminaciones y mofas. Hoy el gobiernito estatal –que afortunadamente sólo durará dos años–quiere convencer a la opinión pública que la explosión de coronavirus en Baja California es culpa del IMSS –¿a quién más se la va a echar?–, cuando localmente se minimizó el problema.
BUSCAPIÉS
*Mañana se cumplen seis meses de la conferencia en Palacio Nacional en la que el gobierno federal presentó un informe sobre el estado de la seguridad en México. Ese día, el 14 de octubre, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que se había logrado un “punto de inflexión” en las cifras de homicidio doloso. ¿Qué ha pasado desde entonces? El total de asesinatos intencionales en México, entre octubre de 2019 y marzo pasado, fue de 14 mil 483, según datos oficiales; en el semestre anterior a la conferencia fue de 14 mil 423.