Un acuerdo posible
Un grupo de personajes de la vida pública, por su mayor parte críticos y opositores del gobierno, lo han convocado a considerar un plan de emergencia común frente a la pandemia sanitaria y la crisis económica que la precede, y que le sucederá (https://www.change.org/p/presidente-andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrado...).
Al momento de escribir esta columna, la propuesta llevaba más de 13 mil firmas de acuerdo. El punto número uno de la propuesta es dotar al sistema de salud de “todos los recursos, espacios, instrumentos e insumos para ejecutar la principal tarea de todas: salvar vidas”. Frente a esto, dice el texto, “no hay austeridad que valga”.
El punto dos es que la política económica de emergencia vaya alineada con la sanitaria, de modo que sea compatible el funcionamiento básico de la economía con la necesidad sanitaria del distanciamiento social.
El tercer punto es que la política económica se oriente a conservar el empleo, el formal y el informal, pues esto “significa salvar la economía que tenemos y la que puede impulsar una rápida recuperación después de lo peor de la crisis”.
El punto cuatro ataca una contradicción mayor de la emergencia: la que hay entre gobierno y empresarios respecto, justamente, el salvamento del empleo. La contradicción es esta: el gobierno no quiere salvar empresas con dinero público, las empresas no pueden conservar el empleo sin financiamientos públicos de emergencia.
El documento propone romper esta polarización incluyendo en la respuesta la diversidad real del país: “La peor crisis en al menos un siglo, exige incluir al México diverso que busca una salida en el momento de mayor dificultad para todos”.
Quizá lo más atractivo de la convocatoria al acuerdo es el espíritu de deliberación para la acción que la inspira: “No esperamos más división, sino la integración democrática y común de un proyecto en el cual se reconozca toda la nación”.
El gobierno hace llamados a la unidad nacional, y con razón. Pero no dice cómo ni en torno a qué, salvo en torno a lo que dice el propio gobierno.
Bueno, aquí hay al menos 13 mil ciudadanos de carne y hueso que quieren instalar una mesa para hablar del cómo y del qué. No son los únicos.