Inminente la reestructuración en el TSJ
En estos tiempos difíciles, complicados y con un panorama más que oscuro en los meses por venir por el covid-19, ha resaltado la solidaridad de algunos políticos en esta pandemia a diferencia de otros, que han guardado silencio, se mantiene alejados y parecen fantasmas. Dicen estar pero no aparecen en esta época en donde todos debemos apoyar y aportar en la medida de nuestras posibilidades con quienes más lo necesitan.
ES URGENTE DONAR.- Los ejemplos que se han presentado en los últimos días son pocos, entre ellos, de líderes partidistas como Juan Carlos Martínez del PAN, que donaron junto con todo su comité un mes de salario para implementos para personal médico del Hospital General José. G Parres. Además de despensas que adquirieron para entregarlas a las familias que hoy no tienen trabajo, dinero ni condiciones para trabajar porque a muchos los regresaron a sus casas sin posibilidad de pago. Otros representantes populares que se han mostrado solidarios con diversos sectores de la población son la diputada federal de Morena, Alejandra Pani Barragán y Daniel Martínez Terrazas, del blanquiazul. La primera, donó dos meses de su salario y el segundo un mes para los mismos fines, sin embargo, pareciera que es un grito en el desierto lo que estos políticos están haciendo si tomamos en cuenta que en Morelos solo hay once partidos políticos con representación nacional y local, así como media docena de diputados federales que dizque representan al Estado de Morelos.
¿Pero y los demás dirigentes de institutos políticos? ¿Y los demás legisladores federales por qué no apoyan? Solo recordar que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional en Morelos, percibe como prerrogativas del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), es por el orden de millón y medio de pesos. En tanto que los demás institutos, perciben alrededor de medio millón de pesos cada 30 días y ninguno con excepción del PAN, ha mostrado apoyos económicos a la población cuando estamos entrando en la etapa más complicada de la fase tres.
En tanto que los diputados federales tienen una dieta en San Lázaro de al menos un millón y medio de pesos al año, como para no ser solidarios con los sectores más desprotegidos del Estado, que requieren urgentemente de diversos tipos de apoyos para que puedan estar en sus casas como lo estado solicitando las autoridades federales de la salud, y evitar ser un foco de infección por la pandemia del covid-19.
LA REEESTRUCTURACIÓN DEL PODER JUDICIAL.- Dura lex, sed lex, es un principio general proveniente del derecho romano, que puede traducirse como “la ley es dura, pero es ley”, es decir, está enfocado en la aplicación de las leyes y que no es otra que la obligatoriedad de atender y producirse contra todas las personas. Pero de igual forma se traduce en las instituciones que deben de cumplir con la Ley, sin importar que esta sea dura porque a final de cuentas es la Ley.
Esto viene a colación por la declaración que vertiera el litigante Christian Fragoso Velázquez, quien representa a la Asociación de Abogados Penalistas en el Estado de Morelos, quien asegura que no es prioritario el cambio de presidente en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aún y a pesar de que la ley marca los primeros días del mes de mayo del presente año. Es decir, el abogado se pronuncia a favor de la permanencia de María del Carmen Cuevas López al frente del poder Judicial, por lo que para él es más importante otras “prioridades” que la renovación del TSJ, sin tomar en consideración que otras agrupaciones de profesionistas del derecho, se han pronunciado por la renovación inmediata para darle un cambio urgente a la administración que está confrontada, dividida y polarizada. El argumento es la contingencia del covid-19.
Por lo tanto, no se puede olvidar la frase: “La Ley es dura pero es la Ley”, y por lo tanto no se puede violentar y por ende, tendrán que hacerse los cambios pertinentes que así lo consideren los magistrados en el Poder Judicial, y decidan por la mejor opción para lograr la unidad que no se ha logrado en los últimos años.
Empero, es importante recalcar lo que estipula el artículo 89, párrafo tercero de la Constitución de Morelos: “El presidente del Tribunal Superior de Justicia durará en su encargo dos años, pudiendo ser reelecto sólo por un periodo más, sin posibilidad de volver a ocupar ese cargo”. Solo que Cuevas López ya fue reelecta y por tanto deberá dejar el cargo el próximo 17 de mayo porque la Ley así lo establece. Por lo tanto, además de las declaraciones del representante de la Asociación de Abogados Penalistas, también deberían de escucharse aquellas de los profesionistas del derecho que se han mostrado en contra de María del Carmen Cuevas López, como lo hizo el representante del Foro Morelense de Abogados quien acusa a la magistrada por falsificar o alterar documentos presuntamente para modificar su nombre y fecha de nacimiento. La denuncia que presentó Pedro Martínez Bello, e inició la denuncia en la Fiscalía General de la República. Y como este caso, muchos otros por lo que el tema es controversial pero a final de cuentas se requiere de atender y cumplir la Ley aún y pese a la crisis del covid-19.
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