Gasto público: equilibrio o discrecionalidad
Hace apenas tres años, en febrero de 2017, dos diputados federales de Morena –los también economistas Araceli Damián González y Vidal Llerenas Morales– presentaron una iniciativa de ley para limitar las llamadas adecuaciones presupuestarias.
Su objetivo era limitar la capacidad para que el Ejecutivo pudiese modificar discrecionalmente el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado en San Lázaro.
Por citar la exposición de motivos de aquella iniciativa, Damián y Llerenas buscaban “mejorar la fase de ejecución presupuestaria, transparentarla y ajustarla al sentido de la legalidad constitucional”, mediante una reforma legal a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que esclareciese el origen de los ingresos no previstos y controlase el ejercicio de gastos adicionales.
De aquellos ímpetus opositores, reivindicativos de la soberanía popular, parece no quedar nada. Hoy, en su papel de partido del gobierno, Morena se apresta a forzar la máquina legislativa para dar gusto al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el jueves pasado envió una iniciativa de ley para modificar la citada ley a fin de que, cuando “se presenten emergencias económicas en el país, la Secretaría (de Hacienda) pueda reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios de la Administración Pública Federal”.
Ojalá me equivoque y pronto veamos a Damián y Llerenas asomar la cabeza por arriba de sus respectivos escritorios en la estructura de poder de la Ciudad de México y adviertan a sus compañeros de partido en la Cámara de Diputados que no deben aprobar la iniciativa –no en esos términos, al menos– a riesgo de caer en una incongruencia respecto de lo que Morena sostenía desde la oposición.
Hasta ahora, el único miembro destacado del oficialismo que ha rechazado dar al Ejecutivo tal poder sobre el Presupuesto es Porfirio Muñoz Ledo, quien informó que en el debate interno del grupo parlamentario de Morena, realizado el lunes, “tomé posición en contra de otorgar facultades unipersonales al margen de la Constitución”.
El politólogo Leonardo Núñez González, quien documentó para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad la discrecionalidad con la que se ajustaba el gasto público el sexenio pasado, escribió el lunes: “El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) ha sido un chiste por muchos años (…) Año con año, el gasto real del gobierno termina siendo muy diferente de como se había presupuestado originalmente (…).
“A pesar de ello, no deja de ser desconcertante, preocupante y francamente desolador leer la iniciativa que el presidente López Obrador envió al Congreso el pasado jueves 23 de abril por la noche. En términos sencillos, el Presidente busca enterrar por completo la simulación del PEF para dejar claro un mensaje: en México nadie decide cómo va a gastarse el dinero más que él”.
No cabe duda que éste es un momento de definición del sexenio y probablemente de la historia moderna de la Presidencia de México.
Ya es de por sí grave que los legisladores de la mayoría nombren a toda prisa al presidente de la comisión dictaminadora de la iniciativa –acéfala desde hace tres meses– y pretendan que la Comisión Permanente sesione apenas se clausure el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión para convocar a uno extraordinario a fin de dar trámite expedito a la solicitud presidencial y hacerlo en el momento más álgido de la pandemia de COVID-19.
Si, además de eso, permiten que la iniciativa salga adelante sin cambios sustanciales –veremos si, como me dijo ayer Mario Delgado, líder de la mayoría, los habrá–, se consumirá un golpe a la separación de Poderes y se abrirá la puerta a otras reformas que rompan aún más el equilibrio político que requiere cualquier democracia.
Son tiempos de definiciones. Lo que cada quien haga y diga lo registrará la historia.