Violencia y coronavirus se cruzaron en Guerrero
Ayer, el presidente municipal de Iguala, Guerrero, Antonio Jaimes Herrera, se declaró incapaz de seguir luchando contra el coronavirus. Los casos se están desbordando, lamentó, y “prácticamente estamos solos”.
El Hospital General de Iguala, que recibe pacientes de Cocula, Teloloapan, Huitzuco, Atenango del Río, Tepecuacuilco, Buenavista de Cuéllar y Apaxtla, ya se encuentra colapsado: “Hay gente que llega pidiendo una oportunidad de vida y muchas veces ya no se le puede dar”, agregó Jaimes Herrera.
El director del Hospital dio positivo hace unos días días y hoy se encuentra en cuarentena. El director de la Cruz Roja falleció el 23 de abril a consecuencia de la epidemia. El brote viene desde el 16 de abril pasado, cuando tres empleados de la tienda de abarrotes El Zorro presentaron síntomas de Covid-19.
La tienda permaneció abierta, sin embargo, y los casos no fueron reportados a las autoridades. Para el 29 de abril habían enfermado 41 de los 70 empleados con que cuenta el establecimiento.
“En Iguala no se está domando la pandemia, sino todo lo contrario”, declaró Jaimes. Apenas el sábado pasado se celebraron varias fiestas multitudinarias. “La gente no ha entendido lo que está pasando”, concluyó el alcalde.
Desde el 18 de abril circuló en redes sociales un video en el que policías comunitarios de Teloloapan “tableaban” a jóvenes que no respetaron el confinamiento. “Por favor mis amigos, quédense en casa, porque el que no se quede esto le va a ir pasando”, decía una voz, mientras un muchacho era golpeado con una tabla en los glúteos y, más allá, al menos una decena de personas era obligada a hacer fila para recibir el mismo castigo.
Cuando los 41 empleados de El Zorro se contagiaron, el crimen organizado colocó mantas en diversos puntos de Iguala, amenazando con “levantar” a quien fuera sorprendido fuera de su casa: “No queremos desmadres afuera de sus hogares… al que encontremos afuera lo vamos a levantar”, se leía en los narcomensajes. Al mismo tiempo, los jefes de la Familia Michoacana –los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, El Pez, y su hermano José Alfredo Hurtado, El Fresa–, restringieron el acceso a Arcelia, para impedir el contagio de los pobladores –e impusieron cuotas de hasta 25 mil pesos o 40 días de trabajo sin paga a quienes llegaran al municipio procedentes del Estado de México. Se ha dejado de saber que ocurre allá.
El mismo día en que circuló el video de los “tableados” se recibió el reporte de un enfrentamiento en la comunidad de El Naranjo, en el municipio de Leonardo Bravo, en donde el Cártel del Sur y policías comunitarias al servicio de Onésimo Marquina, y aliadas a los Guerreros Unidos, se disputan la entrada a la sierra y el control de los plantíos.
Fuerzas federales y estatales se desplazaron al lugar y fueron recibidas con metralla. Cuatro civiles armados murieron en ese tiroteo. En las inmediaciones del lugar fueron hallados nueve cadáveres más. A algunos habían intentado incinerarlos y habían perdido la vida desde la mañana del día anterior: trece muertos en total, sin que las autoridades supieran a qué bando pertenecían.
El 20 de abril, el líder del Cártel del Sur, Isaac Celis Navarrete, hizo circular un audio en el que llama a los pobladores a la zona a dejar de apoyar a los comunitarios de Marquina: “Señores, piénsenlo más de dos veces, los invito a que recapaciten y se planteen por qué esta guerra, qué buscan, qué piensan, qué quieren (los comunitarios que llevan un año intentando entrar a Chichihualco, en Leonardo Bravo).
En un informe publicado ayer por EL UNIVERSAL, elaborado por la organización especializada en solución de conflictos International Crisis Group (La guerra cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México), se afirma que en ningún otro estado se pueden observar de una manera tan marcada las tendencias que en han llevado al país a su peor crisis de seguridad: violencia extrema, elevados índices de homicidio, corrupción en gran número de funcionarios, policías metidos hasta en un 80% en asuntos ilegales, guardias comunitarios al servicio de grupos criminales.
Los estudios de International Crisis Group, cuya sede está en Bruselas, son un referente mundial. Según su análisis, el enfoque de seguridad emprendido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido errático, sus programas para hacer menos atractivo el mundo criminal entre los jóvenes no han dado resultado, la Guardia Nacional sigue siendo un sueño incumplido y los planes para limpiar las fuerzas de seguridad continúan en el aire. Mientras tanto, cien personas mueren de manera violenta cada día, y los grupos criminales no hacen sino controlar más territorio, sino acrecentar su poder.
El informe es el relato de un desastre, y según los expertos de ICG, la llamada Cuarta Transformación “ya no puede seguir reaccionando ante la agonía de Guerrero y otros estados con los remedios fallidos del pasado o con simples lamentos sobre delincuentes empeñados en la subversión”.
Según ICG un camino posible sería el de concentrar los recursos e intervenir en los epicentros de violencia extrema: trabajar en esos sitios específicos para desbaratar los nexos entre autoridades y clanes criminales, y al mismo tiempo usar la guardia nacional como muro de protección en comunidades con fuego cruzado; restaurar la credibilidad de la policía civil, mediante supervisión externa, y generar condiciones para un rápido desarrollo económico.
Nada de esto parece estar en la mira de un gobierno empeñado en repartir dinero y cerrar los ojos ante el crimen. Para colmo, la violencia y el coronavirus ya se cruzaron en Guerrero. Aprovechando el confinamiento y la epidemia, los criminales controlan cada vez más zonas: tienen cada vez más vidas bajo su dominio.