Los tres poderes en Morelos
Durante los últimos años, el poder Judicial encabezado por la magistrada Carmen Cuevas López ha sido vilipendiado, en gran medida, por sus nexos y cercanía con el ex gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, pero sobre todo, por los “favores” que este negro personaje les otorgó a la mayoría de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, al ampliarles a través de los diputados de la 53 legislatura local de 14 a 20 años de servicio.
¿Y LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA? Los señalamientos que se han hecho en contra de este poder en la época reciente, no son nada agradables y la impartición de la justicia ha sido puesto en tela de juicio por sus acciones que en muchas de las ocasiones rayan en lo absurdo, al liberar a delincuentes de alta peligrosidad, bajo el argumento de que la carpeta de investigación estuvo mal integrada por parte de los policías ministeriales. Al final, esta lucha, estos actos de corrupción mencionados hasta el cansancio están provocando otra vez, más descrédito al TSJ y el enfrentamiento y división es más intenso que nunca. ¿Y la impartición de justicia, dónde quedó?
Los actos considerados como ilegales, abusivos y excesivos que se cometieron antes de concluir la administración perredista de Graco Luis, trataron de ser corregidas y frenar semejante barbaridad, sin embargo, pese a los intentos del poder Ejecutivo actual de revertir la decisión de los 20 a los 14 años de permanencia a magistrados de Morelos no fructificó, a pesar del acuerdo al que habían logrado los también divididos diputados de la 54 legislatura local, por lo que al final, fructificó lo hecho por los legisladores perredistas encabezados en su momento por Hortencia Figueroa Peralta.
El Tribunal Superior de Justicia no se merece que siga siendo un poder señalado por ilegal y corrupto, porque incluso organizaciones de profesionistas del derecho y asociaciones civiles lo mismo que un sector importante de los propios magistrados, han denostado, menospreciado, denigrado y desprestigiado el trabajo de la todavía titular del Poder judicial.
Más aún, cuando los magistrados disidentes entre los que se encuentran: Bertha Leticia Rendón Montealegre, Nadia Luz María Lara Chávez, Norberto Calderón Ocampo, Andrés Hipólito Prieto, Ángel Garduño González, Rocío Bahena Ortiz, Juan Emilio Elizalde Figueroa, Jorge Luis Gamboa Olea, Carlos Iván Arenas Ángeles y Guillermina Jiménez Serafín, reiteran sin cansancio que el proceso de sucesión donde resultó electo su homólogo Rubén Jasso Díaz, simplemente fue
ilegal porque no contó con las dos terceras partes que son 12 y únicamente estuvieron nueve magistrados. Está lucha jurídica, apenas empieza y por tanto, otra vez los agravios, las injurias acusaciones no se harán esperar en detrimento del Poder Judicial.
BUSCARÁ LA UNIDAD, JASSO DÍAZ.- El magistrado que tomará las riendas del Tribunal Superior de Justicia a partir del 18 de mayo próximo, lleva una loza muy pesada que le heredó Carmen Cuevas, y sabe además, que será objeto de amparos y diversas acciones jurídicas que tratarán de echar abajo su nombramiento por considerarlo ilegal.
Por lo pronto, la decisión del magistrado ha sido y será la de buscar la unidad, tratará –algo que será extremadamente complicado- de buscar el acercamiento ante lo polarizado que se encuentra el TSJ, y con su equipo que lo respalda, buscará acciones que le permitan a la brevedad el reconocimiento de los trabajadores y de los propios disidentes. Todas estas acciones tendrá que desarrollarlas a la brevedad en plena pandemia y a distancia, con la finalidad de lograr estabilidad que tanto se requiere dentro del poder Judicial.
Los argumentos que ofrece el presidente electo del Tribunal Superior de Justicia, fue que su llegada se debe a los 25 años que tiene dentro del Poder Judicial, de forma autónoma e independiente y sin ningún compromiso por debajo del agua con ninguno de los poderes: Ejecutivo y Legislativo. Empero, adelanta que buscará sentarse con sus titulares para trabajar en coordinación y por el bien del estado de Morelos.
De los casos de nepotismo es contundente. Afirma que este señalamiento y diversos actos de corrupción que se mencionen tendrán que comprobarse y actuar jurídicamente en consecuencia. A pesar de ello, menciona que su nueva situación lo obliga a estar más al pendiente de esta situación y confía que quien tenga datos objetivos deberá de presentarlos para actuar en consecuencia.
De las amenazas y desconocimiento de su nombramiento, reitera que es un caso juzgado, y por lo tanto, una cuestión jurídica que se tendrá que decidir en los tribunales. El punto será, si consideran que más del 50 por ciento de magistrados tuvo que estar presente en la sesión durante la elección del presidente, algo que en su defensa, recuerda los hechos caso similares que se vivieron en el 2014 con la magistrada Nadia Luz María Lara Chávez.
Por ello, no hay vuelta de hoja. El desenlace de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia por el periodo del 18 de mayo del 2020 al 17 de mayo del 2022, será resuelto en los tribunales federales.
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