El sector privado anunció que recurrirá a todos los recursos jurídicos posibles para salvaguardar el Estado de Derecho y defender al sector energético mexicano y sus inversiones, luego del Acuerdo publicado por la Secretaría de Energía, el cual bloquea los proyectos renovables.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) precisó que, en conjunto con generadores, comercializadores y consumidores de energías renovables, usarán los recursos que ofrece el orden constitucional mexicano y los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales vigentes.
"Esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, con graves consecuencias como la pérdida de empleos, de la confianza de inversionistas y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares", expuso el CCE en un comunicado conjunto con el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y la Cámara Americana de Comercio (AmCham).
También llamó a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal para revocar de forma inmediata el "Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional", debido a que, agregó, podría encarecer la generación de energía eléctrica en el País.
"La medida, que ha entrado en vigor a pesar de numerosas protestas y argumentos de expertos, autoridades, representaciones diplomáticas y participantes de la industria, atropella los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional.
"No sólo discrimina a las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto privado de generación", destaca.
El Acuerdo publicado el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, señaló, es una violación flagrante al marco constitucional y legal.
La Cámara Americana de Comercio (AmCham) señaló que con el decreto los principales afectados serán los consumidores mexicanos, ya que las tarifas no obedecerán a fuerzas del mercado para hacerlas más competitivas.