La sombra del despotismo
Dicen los taurinos que cuando uno está en el ruedo nunca hay que perder de vista la cara del toro porque un descuido puede ser fatal.
Así estamos los ciudadanos y las instituciones ante las copiosas iniciativas del gobierno y su partido contra las libertades y los bienes de la población.
Por lo visto, ayer se cayó el intento del dirigente de Morena a fin de que “el INEGI debe entrar, sin impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas”.
El Presidente señaló su desacuerdo con el proyecto luego de que amplios sectores de la sociedad lo rechazaran, al igual que parlamentarios de todos los partidos, incluidos algunos de Morena.
Sin embargo sería un error cantar victoria –perderle la cara al toro–, porque el despotismo estatista es consustancial a la ideología del partido gobernante y de los más altos funcionarios de la actual administración.
Van ejemplos concretos de sus intenciones, algunas de las cuales fructificaron porque tienen mayoría en el Congreso:
-Hace tres semanas el Presidente envió a la Cámara de Diputados un proyecto mediante el cual se le otorgan al Ejecutivo plenos poderes para modificar el presupuesto aprobado. Con ello hacía letra muerta las facultades del Legislativo en materia presupuestal. Ese golpe, que contó con el apoyo entusiasta del coordinador de Morena en la Cámara baja, Mario Delgado, se enfrentó a un bloque opositor unido, sin fisuras en defensa de la separación de poderes, y el líder morenista en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que “no pasará”.
-La plana mayor del gobierno llevó al Senado un proyecto con más de 15 reformas constitucionales y un nuevo Código Penal Federal, que proponía la pérdida de la libertad a cualquier persona acusada de un delito. Con ello el gobierno podría recluir a quien quisiera, antes de ser juzgado, por el hecho de tener una denuncia en su contra. Autorizaba el espionaje telefónico a los contribuyentes y a los integrantes de partidos políticos. El discurso de presentación se hizo, pero debieron regresar con el mamotreto bajo el brazo porque se les dijo que era una monstruosidad impasable.
-Se aprobó la Ley de Extinción de Dominio, por la que se autorizó al gobierno confiscar bienes a sospechosos de delitos contra la salud, corrupción y trata de personas, seis meses antes de que exista una denuncia formal en su contra. Es decir, sin juicio ni fallo judicial de por medio. Y el bien incautado no necesariamente debe ser del sospechoso, sino de quien le rentó la casa o la oficina o el coche donde se pudo haber cometido el ilícito. El gobierno puede vender ese bien, y si el acusado resulta inocente ya no recupera la casa familiar ni la oficina que era suya, sino que el gobierno le da una cantidad de dinero que, en su opinión, cubre el monto de lo incautado. Esa arma está a disposición de los actuales gobernantes y jalarán el gatillo cuando lo necesiten.
-Dos veces llevó al pleno de los diputados el coordinador de Morena la iniciativa presidencial para que, en violación al artículo 16 constitucional, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda pueda ordenar el congelamiento de cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial. Las dos veces se rechazó la iniciativa presidencial que convertía a la UIF –es decir, al gobierno– en juez y parte. La oposición se mantuvo unida y algunos legisladores de Morena también votaron en contra de la iniciativa, a pesar del apoyo entusiasta de su coordinador.
(El Presidente y su partido traen pleito casado con el artículo 16 de la Constitución: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”).
-El pasado 21 de abril, el diputado de Morena Edelmiro Santiago Santos presentó una iniciativa para estatizar el manejo de los recursos que hay en las Afores. “El manejo de las cuentas individuales se haga utilizando una institución financiera existente a cargo del Estado (el Banco del Bienestar)”, dice el texto publicado en la Gaceta Parlamentaria.
-Un fuerte golpe a la propiedad privada se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México en febrero de 2019. Fue la “Ley Constitucional (sic) de Derechos Humanos”, por la cual se prohibían los desalojos de personas que no pagaran la renta de una casa habitación, terreno o departamento. Luego de protestas y reclamos, la Jefa de Gobierno frenó esa ley que protegía al infractor y castigaba al propietario, y daba el visto bueno al congelamiento de rentas y la invasión de terrenos en la capital del país.
-En Baja California se cambió la Constitución local para que el mandatario electo pudiera extender en tres años su periodo para el cual fue electo. Esa maniobra contó con el apoyo activo de la entonces presidenta de Morena, Yeidckol Polevnski, y con la operación política del actual subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. La Suprema Corte invalidó ese “fraude a la democracia”.
Ahí hay algunos ejemplos que sustentan por qué no se puede bajar la guardia ante un gobierno y un partido al que le estorban las libertades individuales y desprecia el sector privado de la economía.
Cancelan proyectos aprobados y ejecutados, con inversiones de miles de millones de dólares, con lo que ahuyentan inversiones.
Realizan consultas populares ilegales para golpear a empresas.
Desechan, sin tomarse la molestia de leer, un paquete de 68 medidas propuesto por los empleadores a fin de proteger la economía del país.
Exigen a los inversionistas en energías que se disculpen con México porque eran parte del “saqueo neoliberal”.
Cero apoyo a empresas para mantenerse en pie, conservar a sus trabajadores y no romper las cadenas de producción, que están compuestas por empresas y por personas que consumen y pagan impuestos.
Usted dirá hacia dónde nos quiere llevar la actual administración.
Y por qué no hay que perder de vista la cara del toro.