La senadora por Morelos, Lisbeth Hernández Lecona, dijo que el camino contra la aprobación a los matrimonios igualitarios es la controversia Constitucional, sobre todo porque el Congreso local no atendió la postura de los ayuntamientos que estaban en contra de la reforma al Artículo 120 de la Constitución Estatal. La mayor irregularidad fue no haber atendido el reclamo de los ciudadanos; los diputados incurrieron en ilegalidad el hecho de no haber tomado el resolutivo en los cabildos.
Fueron 18 los ayuntamientos que no respaldaban la decisión de la reforma, explicó que hay casos como Ocuituco, cuyo plazo vencía el 3 de julio y en el Congreso la declaratoria se hizo antes, "esto quiere decir que no les importó lo que la ciudadanía pensaba al respecto; es el mismo caso de Mazatepec y Tepalcingo cuyos plazos no fueron respetados".
Sobre las reformas los gobernantes estaban obligados a escuchar la opinión de los ciudadanos, "no solamente cuando convenga a su interés político, como demostró la marcha en contra de la reforma, a la cual acudieron más de 15 mil personas a favor de la familia y la legalidad".
Señaló que hay evidentes irregularidades en el proceso legislativo para avalar la reforma, y dijo que grupos ciudadanos le han informado el inicio con camino jurídico porque el proceso en Morelos no fue nada transparente como difundió el Congreso y el Ejecutivo estatal.
Lisbeth Hernández, mostró confianza que una vez abiertos los expedientes en los tribunales, se dará la razón a los ciudadanos, por la serie de anomalías y la mala interpretación del derecho y la constitución.
Las organizaciones le han informado que acudirán a los tribunales para evidenciar la violación a la Ley por parte de la actual legislatura morelense.