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Editorial

Agua, responsabilidad de todos

A  unos días de celebrar el Día Mundial del Agua es preciso hacer una reflexión sobre la importancia del vital líquido para la vida, la producción de alimentos y el desarrollo de los núcleos poblacionales; y la necesidad de proteger las fuentes de captación y abastecimiento, que están en peligro por la contaminación y la incontrolable deforestación y urbanización de las zonas protegidas, incluido del denominado Bosque de Agua, que abastece a la Ciudad de México -y su zona metropolitana con el Estado de México-, Puebla, Tlaxcala y Morelos.
Si bien Morelos cuenta con agua suficiente para toda su población, la infraestructura existente no permite garantizar el abasto en todos los domicilios ni zonas agrícolas.
En el caso de las zonas urbanas, los organismos operadores son mal administrados y utilizados como instrumentos de la política partidista y en muchos casos como la “caja chica” del gobierno municipal en turno o una fuente de empleo para el pago de facturas a los operadores político-electorales.
Y en el campo se requiere la construcción de presas, ollas, revestimiento de canales y modernización del riego agrícola para el uso eficiente del agua; y la utilización de energías verdes para reducir los costos por la extracción y distribución del vital líquido.
A lo anterior hay que sumarle  la negativa  de muchos usuarios a pagar por el servicio o permitir un incremento en las tarifas, mismas que van ligadas a los costos de extracción, distribución y operación (incluida el precio de la energía eléctrica), y tomar medidas para ahorrar agua en las actividades cotidianas; y la incapacidad de los municipios por garantizar el tratamiento de las aguas residuales para su reutilización con fines agrícolas, aunque en el recibo de cobro del servicio incluyan un apartado de saneamiento, que no llevan a cabo, pero lo cobran; y lo grave es que los municipios y los organismos operadores no invierten en obras de infraestructura del agua porque estás no se ven, no se corta listones de inauguración de redes de distribución del vital líquido y de drenaje. Mediáticamente no es rentable invertir en ello, por lo que dejan a los gobiernos Federal y Estatal la responsabilidad de llevar a cabo los trabajos y prueba de ello es que hasta el momento sólo seis delos 33 municipios han firmado los convenios de co-inversión con la Comisión Nacional del Agua para el programa de obras anual.
Con lo anterior, es preciso llamar a la sociedad a reflexionar sobre la importancia de evitar el desperdicio de agua, su contaminación con agentes dañinos para la salud y que no es posible tratar, como es el caso de las baterías o pilas -pueden producir cáncer-, aceites y grasas automotrices, materiales con plomo, entre otros; y que el pagar por el servicio no nos da derecho al dispendio, pero si a exigir a la autoridad municipal y organismos independientes a hacer uso adecuado de los recursos en obras de ampliación, modernización y mantenimiento de la infraestructura, a través de una administración eficiente y efectiva y con el menor número suficiente de trabajadores, no más ni menos.

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