La mafia encontró el paraíso
Cuando el periodista Brian Krebs publicó en uno de los portales más leídos del mundo, The Daily Mail, su investigación sobre la mafia rumana que se dedica a la clonación de tarjetas en la Riviera Maya, el presunto líder del grupo criminal, Florian Tudor, conocido como El Tiburón, intercambió una serie de mensajes con uno de sus operadores más cercanos, Constantin Sorinel Marcu:
“El Tiburón: Mira esto (…) Mira el video y todo lo demás… Hay dos episodios. Hicieron una telenovela.
Marcu: Lo veo. Esto es malo.
El Tiburón: Nos destruyeron. Ya está. Chinga su madre. Cierra todo (…) Diles que los voy a matar.
Marcu: Ok. Yo puedo matarlos, en cualquier momento, a cualquier hora.
El Tiburón: Están revisando todos los cajeros. Incluso en los bancos. Hallaron más de veinte.
Marcu: Qué?!? Los descubrieron. Ya??”.
Tudor y Marcu rompieron poco después por desacuerdos en el reparto de ganancias. Este último, fugitivo de la justicia rumana, saboteó varios de los cajeros automáticos que la banda había instalado en Playa del Carmen, Tulum y Cancún, y que contaban con un software ilegal que permitía robar la información de las tarjetas bancarias de turistas de todo el mundo: un negocio que dejaba al grupo alrededor de dos millones de dólares al mes.
“Te salvé de la tumba y te alimenté”, le reprochó El Tiburón a Marcu después del sabotaje. “Te saqué de la mierda porque todos se burlaban de ti. Limpié la playa para ti”, contestó Marcu.
Marcu sobrevivió a un atentado y fue asesinado en Cancún meses más tarde, en circunstancias sospechosas y contradictorias, que aún se mantienen a oscuras.
Los mensajes se hallan en poder de fiscales rumanos que, con la información de un testigo protegido, siguen el rastro de Tudor y su grupo: fueron obtenidos por periodistas de OCCRP, Rise Project, Quinto Elemento Lab y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, durante un extraordinario trabajo de investigación que hoy publica EL UNIVERSAL, y que demandó la revisión de 15 mil páginas de documentos, el rastreo de papeles y títulos de propiedad diseminados en cuatro continentes, solicitudes de información y entrevistas con docenas de fuentes.
No pocas veces, la investigación puso en riesgo a los periodistas que tomaron parte en esta.
Hace unas semanas relaté en este espacio que Tudor es el principal accionista de una compañía que instala y administra, en la zona de Cancún, cajeros automáticos. Su nombre: Instacash (o Top Life Servicios).
Hoy, entre otras escandalosas revelaciones, la investigación del equipo de periodistas de OCCRP, Rise Project, Quinto Elemento Lab y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señala que esta empresa fue registrada por uno de los socios del rumano, Adrian Tiugan —condenado en Italia a dos años y medio de prisión—, mediante la presentación de un pasaporte falso —a nombre de otro personaje sentenciado en Rumania: Paul Daniel Ionete.
La siguiente revelación es que, a través de esta empresa pantalla, los rumanos firmaron un contrato con el banco mexicano Multiva, a fin de colocar cajeros en lugares en los que esta institución carecía de presencia. El grupo de Tudor adquirió cajeros de fabricación china a los que instaló dispositivos ilegales que entregaban vía Bluetooth los datos de las tarjetas de los clientes. Para dotarse de respetabilidad, dichos cajeros contaban con el logo de Multiva.
El grupo instaló al menos un centenar de máquinas en la Riviera Maya. Miles de tarjetas fueron clonadas entre 2014 y 2019. De acuerdo con los autores de la investigación, Multiva “no paró la trama” a pesar de que se presentaron numerosas señales de que algo extraño estaba sucediendo.
Aunque la empresa operaba en completa irregularidad, tampoco hubo intervención alguna de autoridades locales.
El dinero, se lee en la investigación, era retirado en diversas partes del mundo. “Así, a las víctimas les costaba hacer la conexión con sus vacaciones en México. Y aún más difícil vincular lo ocurrido con un cajero en particular”. Para no despertar sospechas, la mafia solo retiraba 200 dólares de cada tarjeta clonada. Aún así, sus ganancias fueron del orden de 240 millones de pesos cada año.
Tudor denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, por robo, extorsión y violación a los derechos humanos, a autoridades que tomaron parte en una serie de cateos efectuados en sus propiedades. Miembros de la FGR que tomaron parte en la investigación, fueron removidos de sus cargos. La investigación señala que en México ninguno de los rumanos ha sido acusado.
El trabajo presentado por los periodistas resulta sumamente inquietante: por todas partes arroja misterios, puntos oscuros, zonas de ocultamiento en las que se huelen los males de México: el crimen, la impunidad, la ausencia de la ley y la corrupción.
Hace unas semanas, por denuncias presentadas ante la Función Pública, se supo que un jefe de unidad de la Fiscalía Anticorrupción, Camilo Constantino Rivera, era hermano, nada más y nada menos, que del abogado que representa al grupo de Florian Tudor, Jesús Constantino Rivera.
Hace unas semanas, también, un rumano fue detenido y misteriosamente liberado en Ensenada, Baja California: un estado en el que la mafia rumana ha sido detectada varias veces.
La investigación que publica hoy EL UNIVERSAL parece arrancada de las páginas de una novela. Es, sin embargo, otro asomo a la terrible, increíble realidad.