La muerte del periodista Jorge Martín Dorantes
Aquel 7 de junio de 1994 se respiraba un ambiente tenso en el tradicional desayuno para conmemorar el Día de la Libertad de Expresión. Aunque predominaban las escenas de periodistas y funcionarios sonrientes saludándose efusivamente previo al encuentro con el gobernante en turno, entre cuchicheos se mencionaba un hecho incómodo: el día anterior habían matado a Jorge Martín Dorantes, director del semanario “El Crucero de la Ciudad”.
Como era costumbre desde 1951, ese día el gobierno ofrecía un desayuno (básicamente) para los dueños de los medios de comunicación a fin de agradecerles su colaboración durante todo el año. En esta ocasión el desayuno fue en uno de los salones del Hotel Suites Paraíso, chilaquiles con pollo para no variar, y era prácticamente la presentación del equipo de Jorge Carrillo Olea, quien había tomado posesión el 17 de mayo de 1994 tras arrasar en las elecciones del 20 de marzo de ese mismo año. Su jefe de prensa, Moisés Lozano Villafaña, había logrado que el hecho sangriento prácticamente pasara desapercibido, pues sólo los periódicos Excelsior y Summa habían publicado la muerte de un periodista, a 24 horas de que se celebrara el Día de la Libertad de Expresión.
Ese 7 de junio, pasada la ceremonia donde periodistas y servidores públicos intercambiaron elogios y parabienes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibía –vía fax un escrito firmado por Sergio Díaz, Magali Cuadra, Pave Soberanes, Rafael Laddaga y Jesús Zavaleta Castro, todos ellos colaboradores del semanario El Crucero de la Ciudad, pidiendo su intervención para el esclarecimiento del homicidio.
Jorge Martín Dorantes fue acribillado a dos fuegos dentro de su vehículo estacionado sobre la avenida Teopanzolco en la colonia Lomas de Cortés, hechos ocurridos durante las primeras horas del 6 de junio, según quedó asentado en la averiguación previa SC/5354/9406 que inició la Procuraduría de Justicia, en ese momento encabezada por el abogado Jorge Arturo García Rubí.
“Esta representación social, en compañía de elementos del Servicio Médico Forense, realizó las diligencias de inspección ocular y ampliación de la misma, fe de cadáver y su levantamiento, siendo identificado como el cuerpo de quien en vida llevara el nombre de Jorge Martín Dorantes. De igual forma, se dio fe del vehículo en el que se encontró el cuerpo y de las pertenencias que fueron encontradas en el lugar de los hechos, entre las que destacan una cámara fotográfica con rollo y una grabadora con casette”, informó posteriormente la PGJ al ombudsman nacional.
Como ocurre en muchos casos, hubo controversia al interior del gremio periodístico local sobre si se debía considerar el homicidio de Jorge como una afrenta común, ya que “era director de un simple semanario y lo más seguro es que lo hayan matado por causas ajenas a su actividad periodística”, pero finalmente su nombre fue ingresado a las listas del Committee to Protect Journalists como una víctima más del periodismo mexicano.
La CNDH no quitó el dedo del renglón. A fin de dar mayor celeridad al trámite e integración del expediente de queja, el 18 de julio de 1994, en brigada de trabajo, visitadores adjuntos de ese organismo se trasladaron directamente a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos en la ciudad de Cuernavaca, a efecto de recabar personalmente la documentación y el informe solicitado a esa autoridad.
Para integrar debidamente el expediente, se solicitó, nuevamente al Procurador General de Justicia del Estado de Morelos, un informe adicional en el que se precisara el avance en la investigación dentro de la indagatoria referida, así como copia de las diligencias practicadas por la Representación Social a partir del 27 de junio de 1994.
Dice el informe de la CNDH que durante la visita se sostuvo entrevista con el licenciado Alfonso Hernández Gurrola, enlace entre esa Procuraduría Estatal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien informó que los oficios de solicitud de información no habían sido recibidos por esa dependencia. Por ello, en ese momento, se le dejó una copia fotostática de los oficios referidos y se obtuvo el compromiso de atender la petición de la Comisión Nacional.
En respuesta, el 27 de septiembre de 1994, se recibió en ese Organismo el oficio PGJ/DH/697/994 del 22 de septiembre de 1994, suscrito por el licenciado Carlos Peredo Merlo, Subprocurador General de Justicia del Estado de Morelos, al cual anexó copia de la averiguación previa SC/5354/9406, pero ningún avance. Ante la falta de respuesta, el 18 de noviembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 128/94 al gobierno de Jorge Carrillo Olea para que exigiera a la Procuraduría de Justicia la agilización de las investigaciones a fin de dar con los responsables del asesinato del periodista. Y así lo hizo.
Fue tanta la presión que la Policía Judicial a cargo de Darío Lugo Sánchez tuvo que buscar un “chivo expiatorio”. Semanas después de recibir la recomendación de la CNDH la Policía detuvo a un ciudadano alemán radicado en Cuernavaca acusado del homicidio del periodista supuestamente porque lo extorsionaba. Estuvo varios meses en la cárcel pero finalmente el Ministerio Público no pudo acreditar su responsabilidad y obtuvo su libertad por falta de elementos.
Al gobierno del general Carrilllo Olea eso ya no le importaba, pues ellos habían dado por cumplida la recomendación al momento de esclarecer el caso y detener al presunto culpable. Lo que pasara después ya no era asunto del Ejecutivo, sino del Poder Judicial.
Irónicamente, Jorge Arturo García Rubí recibió la recomendación de la CNDH siendo procurador de justicia y posteriormente tuvo que conocer del asunto como titular del Poder Judicial, también como secretario de Gobierno y hasta como gobernador en el breve lapso que estuvo al frente de la administración estatal.
Descartada esa hipótesis de que el responsable había sido el ciudadano alemán, la Procuraduría de Justicia ya no siguió otras líneas de investigación y el caso fue cerrado, por lo que el homicidio del periodista Jorge Martín Dorantes quedó en los terrenos de la impunidad como muchos otros en este país.