El 'corto circuito' que provocó la 4T con las firmas energéticas pone en riesgo miles de millones de dólares en inversiones en México.
Toda liga, aunque sea elástica y se estire, tiene un límite, y en el caso de la tensa relación entre las empresas energéticas y el gobierno de la Cuarta Transformación, llegó al suyo.
Las decisiones unilaterales de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar normativas del sector eléctrico han generado una fractura en la comunicación con el sector privado. El diálogo dejó de existir.
Fuentes consultadas en el sector, quienes pidieron el anonimato para evitar represalias de la autoridad o entorpecer procesos de inversión o judiciales, afirman que desde hace al menos cuatro meses no se ha tenido contacto con las autoridades de la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), ni si quiera a través de cámaras empresariales ni del Poder Legislativo.
“Ya no hay diálogo, no hay acercamiento de las partes, pero ahora que se dieron las suspensiones definitivas (sentencias judiciales en contra de las políticas de la Sener) sería buen momento de buscar acercamiento, pero a la autoridad no se le ven muchas ganas”, comentó uno de ellos, quien trabaja para una empresa eléctrica de presencia internacional.
Y no es para menos. La Sener ha llevado a cabo una serie de modificaciones, no en la estructura sobre la que se edificó la reforma eléctrica de 2013, pero sí a nivel de la instrumentación de la legislación secundaria operativa, que han tenido un temido impacto por parte de los participantes del naciente mercado eléctrico, así como de los viejos jugadores en los llamados contratos legados.
Ahora, varias de las principales empresas que entraron al mercado mexicano reevalúan sus inversiones y el tamaño de sus operaciones en el país.
Relación complicada
A dos meses de tomar el poder, el gobierno de México, a través de la Sener, anunció en febrero de 2019 la cancelación de la cuarta subasta del mercado eléctrico mayorista, una decisión que el sector privado leyó como un obstáculo directo a las fuentes de generación de energía limpia.
El 13 de marzo de 2019 vino el segundo cambio: la propuesta de reestructuración de la propia CFE que presentó la Sener ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) para revertir el decreto de “Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2016, argumentando un incremento considerable en los costos de operación, al haber creado seis subsidiarias de generación sin un criterio técnico y para fomentar la entrada de privados al mercado.
Posteriormente, en los primeros días de octubre, la Sener envió a la Conamer otra propuesta, en esta ocasión para modificar la forma en que son asignados los Certificados de Energías Limpias (CELs), con la finalidad de permitir que plantas geotérmicas e hidroeléctricas de la CFE pudieran acceder a dichos papeles, con miras a alcanzar los objetivos de México establecidos en la Ley de Transición Energética y en el Acuerdo de París en materia medioambiental.
Unas semanas más tarde, se dio la toma de control de la CRE con el nombramiento de Leopoldo Melchi como presidente del organismo, luego de la desbandada del anterior órgano de gobierno liderado por Guillermo García Alcocer, y que desde principio de año paulatinamente se fueron sustituyendo.
La última ‘estocada’ vendría después. El gobierno estaba esperando el momento exacto para reclamar las líneas de transmisión y la pandemia propició que viera la luz lo que se tenía listo desde diciembre. Así, la nueva política de confiabilidad del sistema eléctrico nacional que publicó la Sener en mayo, sin consultarlo en el Consejo Mexicano de la Energía (Comener), secundó a un acuerdo del Cenace de abril, donde afirma que la intermitencia de las fuentes renovables de energía estresa la red de transmisión, lo que hace obligatorio un respaldo que cubre la CFE.
Un par de semanas después, el 11 de junio, el órgano de gobierno de la CRE aprobó un aumento de hasta 800 por ciento en las tarifas de porteo estampilla, que son cobradas a los generadores privados que tienen contratos legados, o anteriores a la reforma energética de 2013.
A la par, el sector privado se ha manifestado en contra con cada una de las acciones del gobierno a través de los organismos empresariales liderados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE); las quejas han alcanzado dimensiones internacionales. El 16 de junio, las empresas del sector energético de Estados Unidos representadas en el Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés), enviaron una carta al gabinete energético de Donald Trump para acusar discriminación, prácticamente en toda la cadena energética en México.
Con un pie fuera
Para los generadores que participan en el mercado eléctrico, quienes en un par de décadas han logrado aportar el 50 por ciento de la energía del país, los cambios decretados por la Sener los tienen con un pie fuera de México y afirman que a pesar de que el gobierno es libre de determinar la política energética que busca ejecutar, en ningún momento se les tomó en cuenta para llevar a cabo alguna modificación.
“Esa unilateralidad se ha hecho incumpliendo las propias leyes, en cuanto a que ciertos organismos se están atribuyendo cosas que no le corresponden”, comentó el CEO de una de esas empresas trasnacionales.
Para el ejecutivo, la situación hacia adelante no es sencilla, pues de continuar con un ambiente de confrontación por parte del gobierno, “por supuesto que completaríamos los trabajos que hay en México, pero no existiría posibilidad de crecer más, de invertir más”, advirtió.
El directivo, quien se dijo preocupado por la situación que se vive en el país, espera que se abra algún canal de comunicación con el gobierno, con la finalidad de que se pueda arreglar en una mesa de trabajo lo que se está peleando en tribunales.
“El diálogo, el consenso y el hablar las cosas es una forma más positiva… la reforma energética tiene muchas virtudes en cuanto a cómo está concebida; aquí las cosas no eran un desastre porque habrían apagones, pero cuando le metes ideología a tope, y lo ‘desmadras’ por la ideología, al final el resultado no es bueno”, señaló.
La gota que derramó el vaso fue la política de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional que publicó la Sener, sin pasar por la Conamer, y que devino en la renuncia de César Hernández como titular de ese organismo ‘interlocutor’. La decisión tiene molestos a los integrantes del sector privado, quienes afirman que no hay condiciones para seguir invirtiendo.
“Hay gente que ha invertido miles de millones de dólares, no van a agachar la cabeza”, dijo Paolo Salerno, fundador de Salerno y Asociados.
“El segundo punto es que se seguirán yendo a juicio, y lo que sí pasa es que los juicios alejan a la inversión, muchas empresas se han ido, los que han quitado el ojo de México son los fondos de inversión, los desarrolladores”.
Salerno asegura que las cosas incluso podrían ser peores.
“Depende de las elecciones del 2021, si no gana un bloque alternativo al poder, se van a ir un montón de empresas”, advierte.
La española Iberdrola dio el 24 de junio una muestra de lo que podría convertirse en una tendencia en el sector: anunció la cancelación de la construcción de una nueva central termoeléctrica en Tuxpan, Veracruz, con un valor de inversión de mil 200 millones de dólares. La planta habría generado mil 204 megawatts y 2 mil empleos.
Otro ejecutivo de una empresa que desarrolla parques solares mencionó que, en su caso, existía un portafolio de proyectos que sumaba alrededor de 40 millones de dólares para los siguientes cuatro años.
“Teníamos identificados una serie de proyectos en el sureste y ahora todo está en pausa”, mencionó. “La incertidumbre afecta, el entorno económico afecta, pero pega más que las reglas cambien sin consultar a nadie, así, de contentillo de unos funcionarios que no ven a largo plazo”.
Pablo Chico, director comercial de Petgas, una startup que produce gasolina para autos a partir de plásticos reciclados, coincidió en que en el sector de energías renovables la sensación actualmente es de cautela y los proyectos que por años se planearon, van a la basura.
“Sabemos de un parque solar en Quintana Roo que se canceló, junto con una inversión de 18 millones de pesos para una pequeña zona comercial adjunta que le serviría de abastecimiento”, dijo. “Como ese, son varios proyectos que se han caído”.
Chico añadió que aunque Petgas sigue adelante con un proyecto de inversión inicial de 50 millones de pesos, el panorama no es bueno.
“Al gobierno federal no le gustan las (energías) renovables o alternativas”, apuntó. “No le va a gustar nuestro proyecto”.
La afectación por los cambios realizados al sector de energías renovables en el país afectará, en total, a unas 109 plantas eólicas y solares que representan, en conjunto, una inversión que rebasa actualmente los 18 mil 365 millones de dólares realizada en los últimos 20 años. Una tercera parte de esas plantas, 34 obras, son propiedad de cinco compañías: Iberdrola, TSK, Enel, Acciona y Ammper.
“El acuerdo impide la entrada en operación de nuevas plantas de energía renovable en territorio nacional y puede limitar o excluir la generación de centrales que ya están en operación”, advirtió recientemente a El Financiero David Berezowsky, abogado del despacho Foley Arena en México.
Al momento, organizaciones civiles como Greenpeace y Defensa Colectiva han logrado frenar las intenciones del gobierno de dejar fuera del ‘mix’ a las fuentes de energía renovable de los privados, al argumentar que generan estrés en la red de transmisión y distribución, situación que expertos afirman que puede controlarse modernizando la red.
“Lo que también se percibe es un regreso al monopolio eléctrico, o la intención de hacerlo, sobre todo con los reguladores. Eso definitivamente va en contra del desarrollo de negocio y de proyectos y crecimiento”, menciona Israel Hurtado, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético (AMDEE) y director de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex). “Entonces, si hay esa probable toma de decisiones, México ya no es atractivo”.
Pero el sector privado no está solo en esta pelea.
El 22 de junio, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), anunció que interpuso una controversia constitucional contra la polémica Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional publicada por la Sener en mayo pasado.
El ente antimonopolios presentó este recurso jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que violenta principios fundamentales de competencia y libre concurrencia.
La política de confiabilidad “afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector”.
“Estamos cómodos”
En medio del ambiente de incertidumbre, existen excepciones a la regla.
Cox Energy es una firma española que tiene un importante portafolio de proyectos en algunos países de Latinoamérica como Chile, Centroamérica, Colombia, y, desde 2012, en México.
Para Enrique Riquelme, fundador y CEO de Cox Energy, los cambios en el sector de energía no son impedimento para llevar a cabo su plan de instalar 600 megawatts de generación en distintas plantas solares fotovoltaicas, para lo que prepara una colocación de acciones por mil millones de pesos en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
“En las próxima semanas esperamos poder estar listos”, dijo Riquelme a Bloomberg Businessweek México en una entrevista a inicios de junio, sin embargo, unos días después, autoridades de BIVA anunciaron que la colocación podría darse hasta julio por la “alta volatilidad que existe en los mercados”.
“Cuando anunciamos la operación ya estaba todo el ruido mediático y la problemática, entonces claramente cómo nos afecta, lo estudiamos para nuestro modelo de negocio, es muy diferente a lo que se ha estado haciendo en los últimos años”, señaló el directivo de Cox. “No tenemos ningún PPA (contrato de largo plazo con la CFE) de subasta, estamos cómodos”.
Explicó que el modelo de negocio de Cox Energy en México se diferencia del resto de los otros participantes, porque es precisamente en la transmisión de la energía donde encontraron su ventaja. De acuerdo con Riquelme, ellos buscan generar la energía cerca de los puntos nodales de conexión al sistema eléctrico, es decir, acercar los centros de generación a los de consumo con la finalidad de evitar que la energía deba viajar largas distancias y tener que utilizar la celada red de la eléctrica nacional.
“Al final, con todo el ruido creado hay que explicarles cuál es la estrategia, esto lleva más tiempo y enfocados a inversores que entienden el tema, y por supuesto la gente que entiende, ve esto como un muy buen proyecto, plan, trabajado hace muchos años”, comentó el ejecutivo.
Nubes en el horizonte
El panorama es complicado. De acuerdo con el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa (IED) Kearney 2020 reveló que México ya no se encuentra dentro de los primeros 25 destinos prioritarios para recibir IED a nivel mundial.
Esta es la segunda ocasión desde la creación del Índice en la que México se encuentra fuera; lo estuvo previamente en 2011.
Durante 2019, el país ocupó el lugar número 25 de la lista, mientras que históricamente, la mejor posición se registró en 2015 y 2013, años en los que México se situó en noveno lugar a nivel global.
Además, los efectos de la pandemia de COVID-19 también provocarán que los inversionistas prioricen mercados desarrollados, por lo que se espera un distanciamiento de economías emergentes y fronterizas.
En este mismo sentido, México retrocedió en 2019 tres lugares al sitio 53 de un total de 63 economías analizadas en el Ranking de Competitividad de la IMD Business School. En gran parte, el retroceso se debió al debilitamiento de su desempeño económico con la caída del PIB de 0.3 por ciento en 2019; sin embargo, la prestigiosa casa de estudios afirma que en el centro de la perspectiva para poder revertir el panorama, se encuentran las acciones que se tomen para el sector energético.
“La encuesta de opinión ejecutiva muestra una fuerte disminución (del 50 al 40) en términos del impacto en el marco legal y regulatorio sobre la competitividad”, dijo José Caballero, economista senior del Centro de Competitividad.
Una situación que tiene por demás preocupado al sector privado, quienes no ven de qué forma se pueda restablecer la relación, necesaria, con el gobierno de López Obrador.
“Si se hubiesen planteado las cosas en mesas técnicas y bien hechas, pues nadie tiene ningún problema a que se hiciera reingeniería, sería aceptable, lo que no se acepta es la mentira, la polarización, la imposición… lesionan inversiones, no cumplen las leyes, me ves con un discurso menos optimista, pero sí creo que hemos pasado de cosas que se podían encajar en política energética, soberana de un gobierno, a las medidas unilaterales, nocivas, del último mes y medio”, acusó el CEO de una empresa internacional de energía renovable.
Con información de Áxel Sánchez y Gonzalo Soto