Los diputados locales congelaron nuevamente el dictamen de la denominada “ley de identidad de género” por supuestos errores en el dictamen, pese a que la propuesta estuvo más de un año en revisión.
El dictamen con proyecto de decreto planteaba modificaciones al Código Familiar para el Estado de Morelos, “con el objetivo de facilitar el cambio de identidad de género para ajustarlo a la realidad social de cada persona en Morelos” y citaba al Código Procesal Familiar, sin que se propusieran cambios por tratarse de una facultad exclusiva del Congreso de la Unión.
La iniciativa de reforma fue presentada por la diputada morenista Alejandra Flores Espinoza desde el 28 de marzo del 2019 y por más de un año permaneció bajo la revisión de los legisladores en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, sin que se generaran acuerdos para su dictaminación, sino hasta hace unas semanas, cuando fue turnada a la Comisión de Atención a la Diversidad Sexual.
El dictamen fue incluido durante la sesión ordinaria de Pleno de este martes, de segunda lectura, es decir, para su votación y posible aprobación.Sin embargo, fue hasta ayer, al inicio de la sesión, que la diputada del Partido Nueva Alianza (Panal), Blanca Nieves Sánchez Arano hizo observaciones al dictamen y sostuvo que no podía ser incluido en el orden del día para su votación, cuando se incluían supuestas reformas al Código Procesal Familiar y esa facultad es del Congreso de la Unión.
Bajo ese argumento ilegal fue que se votó por mayoría de 10 legisladores retirar del orden del día el dictamen y regresarlo a la Comisión de Atención a la Diversidad Sexual para continuar con su revisión.
Mediante un comunicado de prensa, la diputada Alejandra Flores Espinoza lamentó la postura de sus homólogos y reiteró que insistirá en la votación de la reforma, que es un derecho de la comunidad transgénero decretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Además, sostuvo que se han violado sus derechos como presidenta de la Comisión de Atención a la Diversidad Sexual, cuando existe un proceso legislativo para hacer observaciones que no se respetó.