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La PGR impugna reformas a Ley del Deporte de Morelos

Las modificaciones tuvieron como objetivo prevenir, sancionar y eliminar la violencia que se genere en cualquier evento deportivo

 
 

Cuernavaca, Morelos.- La Procuraduría General de la República (PGR) impugnó las modificaciones realizadas la Ley del Deporte de Morelos, por considerar que violentan los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la acción de inconstitucionalidad 41/2016, promovida por la PGR contra las modificaciones realizadas por el Congreso local y publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 4 de mayo.

Las modificaciones tuvieron como objetivo armonizar la legislación local con la ley general en la materia, para prevenir, sancionar y eliminar la violencia que se genere en cualquier evento deportivo y no sólo en los estadios de futbol.

Parte de la reforma a la Ley del Deporte de Morelos consistió en establecer un catálogo de conductas violentas o que incitan a la violencia en el deporte, así como una serie de sanciones a los aficionados, deportistas, jueces, árbitros, técnicos, directivos, asociaciones deportivas, recreativas y promotoras de eventos, que van desde la amonestación hasta multas máximas de 90 días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y suspensión de uno a cinco años al acceso a eventos deportivos masivos o con fines de espectáculo.

A decir de la PGR, resultan inconstitucionales los artículos 129 Ter y 132 de ley, porque “genera un catálogo abierto de conductas administrativamente reprochables y, por ende, vulnera el principio de legalidad en su vertiente de tipicidad”, e “impide al operador jurídico analizar la razonabilidad de la pena en relación con la gravedad del delito y, por lo tanto, violenta los principios de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad de las sanciones administrativas”.

Por lo tanto, la SCJN deberá determinar si efectivamente el legislador local se excedió y si efectivamente hay alguna vulneración de los derechos constitucionales.

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