De espías y fantasmas
Si Felipe Calderón dijo que perseguiría a los delincuentes “hasta con las piedras”, resulta explicable que, ante el aumento de la criminalidad, Andrés Manuel López Obrador ordenara difundir el audio en que el abogado y la madre de El Mochomo alistan la entrega de un soborno al secretario del Segundo Juzgado que ordenó la liberación del narcotraficante.
La captación del diálogo, dijo el Presidente, fue porque hay un eficiente servicio de “inteligencia, no espionaje”.
En el misterio queda por qué la “independiente” Fiscalía General de la República obedeció la instrucción y se prestó al balconeo de una intercepción a todas luces ilegal, con lo que pone en riesgo el caso, y cómo le hizo la única institución facultada para solicitar a jueces permisos de intervención telefónica, la SEIDO, para transgredir la prohibición constitucional (Artículo 15) de obtener “estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor”. De la llamada, es obvio que el número pinchado era del abogado.
Si no fue la subprocuraduría, se está frente a un vulgar espionaje del gobierno.
El potaje de contradicciones, mentiras, ilegalidades y marrullerías con que se quiere imponer una versión distinta a la satanizada verdad histórica (en esencia la certeza jurídica) es tan turbia como lo retrata la inexplicable presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, entrevistada por El Sol de México el sábado reciente:
—¿Los jóvenes fueron asesinados? —le preguntó el reportero Carlos Lara.
—No —repuso la señora—, yo nunca voy a decir que un desaparecido está muerto, jamás. Como dice mi madre: “No los matamos ni con el pensamiento”. Hay que partir del hecho de que están con vida, porque si de antemano decimos eso, le estamos dejando el campo abierto a sus captores. Y si ese lamentable hecho ocurrió tendrán que decir por qué o cómo. Pero vivos se los llevaron, vivos los queremos…
Rechaza pues que al menos dos desaparecidos de Ayotzinapa, Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz, fueron asesinados, pese a que sus restos fueron identificados por el laboratorio genético de la universidad austriaca de Innsbruck.
¿Qué opinará del reconocimiento hecho público desde diciembre de 2014 por Ezequiel Mora Chora: “Acepto mi derrota, pero no voy a dejar de luchar para exigir justicia por mi hijo y sus 42 compañeros”? ¿Cuál será su criterio sobre el resultado del estudio realizado por el mismo reputado laboratorio de “la muestra ósea 16, de dimensiones 12.5 por 3.5 centímetros, que está fracturada en dos piezas y dio como positivo en línea materna con la muestra recabada a Martina de la Cruz, progenitora del normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz”, dado a conocer en septiembre de 2015 por la sucesora de Jesús Murillo Karam en la PGR, Areli Gómez?
Contra la indeseable “histórica”, alarma que se esté incubando la verdad de la cuarta.