El perro de las UECS
“Jefa, quiero que escuche esto que captamos. Creo que van a matar a un ex alcalde”, le dijo en voz baja el operador del aparato interceptor de llamadas a la entonces fiscal antisecuestros, Adriana Pineda Fernández. La funcionaria se acercó al aparato conocido en el argot policiaco como “el perro” y se puso los audífonos mientras el oficial de Policía apretaba el botón de “play”. Abrió los ojos al máximo e hizo una expresión de sorpresa cuando comenzó a escuchar la grabación.
En ella, se escucha a dos hombres conversar sobre “un siete dos”, es decir, una ejecución. “Hay 40 mil pesos pa tumbar al ex presidente Garrigos”, se escucha en la grabación fechada el 10 de abril del 2016. “Pónmelo en un CD. Esto lo tiene que saber el gobernador”, ordenó Adriana Fernández quien en ese tiempo era “la consentida” del gobernador Graco Ramírez Garrido.
Morelense de nacimiento, Adriana Pineda había entrado a la Procuraduría de Justicia a finales de los noventas, casi concluyendo su carrera de Derecho, pero años más tarde hubo oportunidad de ingresar al Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN), en la capital del país. Regresó años después e ingresó nuevamente a la institución que había cambiado el nombre de Procuraduría por el de Fiscalía General, y ahora no era una auxiliar de Ministerio Público, sino una experta en seguridad. Pero no sólo eso, la titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), se convirtió en un elemento indispensable para el gobierno de Graco Ramírez por el aparato de espionaje que se trajo del CISEN.
No tenemos elementos para afirmar que ese aparato se haya utilizado para espionaje político, sobre todo conociendo a Graco Ramírez, pero el hecho es que “el perro” se encuentra instalado en las oficinas de la UECS ubicadas en el entronque de la avenida Plan de Ayala y la autopista. En el caso que estamos relatando, para poderse “colgar” de ese teléfono celular la Fiscalía (encabezada en ese tiempo por Javier Pérez Durón) tuvo que pedir la autorización de un juez federal, previa justificación. Y es que una mujer que se desempeñaba como secretaria de Seguridad Pública de Xochitepec fue visitada por dos de sus subordinados quienes le insinuaron que tenían contacto con “la maña”, y que si ella quería podían ser el enlace para que todo marchara bien en ese municipio, y hasta “una lana” se podría llevar.
La servidora pública no solamente no aceptó la propuesta indecorosa, sino que los acusó con su jefe, el comisionado Alberto Capella, quien a su vez pidió la intervención de la UECS y así fue como se ordenó el “espionaje legal” a los policías sospechosos de estar vinculados con la delincuencia organizada. Y ocurrió lo que pasa muy frecuentemente: al estar investigando un delito se encuentran con otro igual o más grave. En este caso, los dos policías fueron detenidos por “tentativa de homicidio” en agravio de Manuel Martínez Garrigos y llevados ante un juez oral. En la audiencia de vinculación a proceso pusieron el audio captado por el aparato de espionaje de la UECS. “Ya no trae seguridad, anda solamente con su contador, va a ser muy fácil”, se escucha decir al hombre identificado como Salvador, elemento de la Policía del Mando Único, asignado al municipio de Xochitepec.
En otra llamada, fechada el 14 de abril, Salvador “N” sostiene otra conversación telefónica ahora con una persona del sexo femenino, a quien le dice que “hay 40 pesos para un muertito”, y le menciona que se trata de “el Garrigos”.La mujer, quien se presume que se dedica al narcomenudeo, se despide con un “déjame ver si hay alguien”. El atentado no se consumó en virtud de que el 21 de abril de ese año Manuel Martínez Garrigos fue llamado por el gobernador Graco Ramírez, quien le puso la grabación y le habló de la conveniencia de que se fuera del estado por un tiempo, pero que antes compareciera ante el Ministerio Público. Así lo hizo.
Acudió a la UECS y declaró que, efectivamente, un sujeto de nombre Everardo lo amenazó de muerte tras un partido de frontón donde discutieron por una jugada. La otra posibilidad, según declaró Martínez Garrigos, es que la orden de matarlo provenga de los Beltrán Leyva, ya que él tuvo una relación sentimental con una mujer cuyo novio pertenecía a esa organización delictiva. Y una tercera opción –que quedó prácticamente descartada por los investigadores es que los autores intelectuales fueran los directivos de la empresa PASA, a quienes les quitó la concesión de la basura cuando fue presidente municipal de la capital morelense. “Sí, eso fue cierto, pero Graco me aseguró que no iba a salir a la luz pública”, dijo Martínez Garrigos a este columnista en una plática sostenida meses más tarde en la cafetería de la librería Ghandi.
A la Fiscalía General “se les cayó” el caso pues la víctima, Manuel Martínez Garrigos, no presentó cargos contra los policías porque nunca los había visto en su vida, por lo que quedó agradecido con Graco y su Fiscalía por haberlo salvado de ese “complot” para matarlo, aunque siendo objetivos, en la grabación se escucha que hay una propuesta pero ésta nunca se concretó, y los detenidos nunca confesaron quienes eran los que pagarían por el “siete dos”. Varios meses después los dos policías del Mando Único fueron dejados en libertad por falta de elementos para procesar pero no pudieron reintegrarse a la corporación, en tanto que Manuel Martínez Garrigos se fue a dar clases de Derecho a la UNAM.
“El perro” (nombre con el que conocen los policías al aparato que sirve para escuchar llamadas telefónicas), continúa en las instalaciones de la UECS y ha permitido esclarecer muchos secuestros y homicidios, el último de ellos el de Alfonso Gamboa Lozano (ex funcionario federal), asesinado en el Fraccionamiento Las Brisas el pasado 21 de mayo. HASTA MAÑANA