Caso Iguala: no es justicia, es política
El fiscal para el caso Iguala informó al país que el hallazgo de los restos del normalista Christian Rodríguez son “producto de investigaciones recientes”. No es así. No hay ningún nuevo hallazgo ni otra explicación de ese crimen horrendo.
Lo que hay es una maquinaria de propaganda, en marcha, para seguir liberando asesinos y encarcelar policías e investigadores que descubrieron el caso.
Podrán encarcelar a quien quieran –tienen el poder y el aparato judicial bajo su control–, pero no podrán borrar jamás que los asesinos de los 43 normalistas fueron sus aliados políticos.
Los autores intelectuales de la masacre hicieron campaña por Morena (cuando era un movimiento dentro del PRD), y José Luis Abarca, el alfil político del grupo criminal, llegó a ser alcalde de Iguala con el visto bueno y defensa pública de Andrés Manuel López Obrador.
Esa verdad es imborrable. Como imborrable es que AMLO recibió de manos de dirigentes locales perredistas el expediente criminal de su candidato Abarca. Y lo sostuvo.
Los que mandaron a los estudiantes a Iguala, son aliados de Morena.
Quienes ordenaron su secuestro y asesinato, también.
Es un crimen de narcopolítica que tiene como responsable al conglomerado partidista que hoy nos gobierna.
Por eso persiguen a los que aclararon el caso y no a los asesinos.
¿Cuál fue el motivo por el que mandaron a los normalistas a robar camiones a Iguala?
¿Por qué los engañaron con el cuento de que iban a “botear” a Chilpancingo para financiar su viaje al DF por el aniversario del 2 de octubre?
¿Cuál fue el móvil del crimen?
El error del gobierno de Peña Nieto fue no encarcelar a los que mandaron a los estudiantes (de primer ingreso, la mayoría) al matadero de Iguala.
Fue un error atrapar únicamente a los integrantes del cártel Guerreros Unidos, que recibieron a los normalistas de manos de la policía de Iguala y los mataron.
Debieron haber procedido contra quienes los mandaron, que fue el otro complejo político-criminal, Los Rojos.
Peña se equivocó al no ventilar que lo sucedido en Iguala y Cocula fue el desenlace de un pleito entre grupos criminales del morenismo.
Los jóvenes pagaron con su vida los saldos de esa confrontación entre Guerreros Unidos y Los Rojos, por el control de territorios para sus respectivas mafias.
El acuerdo entre el entonces presidente y los abogados de los padres de los normalistas, hecho público al finalizar la reunión de más de seis horas sostenida en Los Pinos, fue no criminalizar a las víctimas. Bajo ese paraguas se cobijaron quienes los mandaron al matadero.
Ahora que gobierna la fuerza política a la que pertenecían las dos partes involucradas en esa masacre, el gran culpable va a ser el que descubrió y probó el homicidio, Tomás Zerón.
Lo persiguen a él y sueltan a los autores materiales e intelectuales del crimen. Más de la mitad de los asesinos y cómplices han sido liberados, incluyendo al coordinador del secuestro, tortura y crimen de los normalistas, El Gil.
La prensa que es más afín al régimen que a la verdad, le dio vuelo a la versión del fiscal que “echa por tierra la verdad histórica de Murillo”.
Solemne, el funcionario Omar Gómez Trejo sostuvo su falsedad ante los medios de comunicación: “Hemos roto el pacto de impunidad y de silencio que rodeaba el caso Ayotzinapa”, dijo al anunciar la identificación de los restos óseos del estudiante Christian Alfonso Rodríguez.
Un periodista acucioso como Julián Andrade, mostró que “el hallazgo, fruto de indagaciones recientes”, no sucedió ahora sino en 2015.
Así está detallado en las páginas 664-666 del Tomo 135 del expediente, como lo expone el periodista en su blog julianandradejardi.com.mx El Bastión de Papel.
Lo que hizo la FGR, con la constatación –vía análisis de laboratorio en la Universidad de Innsbruck–, de que los restos correspondían al estudiante Rodríguez, fue confirmar la tesis de la “verdad histórica”.
Estaban, como dice el expediente, a 800 metros del basurero de Cocula, donde fueron incinerados la mayoría de los cuerpos de los normalistas asesinados, y sus cenizas y restos óseos arrojados al cauce del río San Juan.
Así lo confirmó el fiscal, que tiene el mérito de haber mandado a Innsbruck los restos para identificar a Christian Alfonso Rodríguez.
Pero eso no cambia nada. Ratifica con precisión: a 800 metros del basurero. No estaban en un punto lejano de esa entidad de 64 mil kilómetros cuadrados, sino en el perímetro de la investigación de Murillo.
Tampoco hay una nueva narrativa de quién los mató y por qué.
La forma en que fue presentado “el hallazgo” evidencia el interés del gobierno por castigar a los que aclararon el crimen y encarcelaron a los culpables. Y exculpar a los asesinos.