Por instrucciones del titular del Ejecutivo federal, la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las que impugnó las modificaciones aprobadas por los congresos locales de ambas entidades, con la que se pretendía blindar a los mandatarios estatales que dejarán sus cargos en noviembre de este año y en abril de 2017.

Dichas reformas, enfatizó la PGR, son contrarias a la reforma constitucional de mayo de 2015, que prevé la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. El recurso legal hizo que los mandatarios estatales comenzaran a echar marcha atrás.

El anuncio

Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, dijo que ninguna institución y ni un servidor público, sin importar el orden de gobierno en que se desempeñe "pueden estar al margen de la ley".

En conferencia de prensa realizada en la residencia oficial de Los Pinos, Sánchez recordó que en junio pasado los congresos locales de Veracruz y Quintana Roo aprobaron reformas que se oponen a los lineamientos generales del Sistema Nacional Anticorrupción.

"Por ello, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, la PGR presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos y gobernadores de Quintana Roo y de Veracruz para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción", expresó.

Por su parte, Salvador Sandoval Silva, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, explicó que la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción publicada el 27 de mayo de 2015, estableció la creación del Sistema Nacional Anticorrupción el cual conlleva la creación de sistemas locales que deben instituirse en cada entidad federativa del país.

"Un Sistema Nacional Anticorrupción que permita abatir la corrupción, requiere homogeneidad, coordinación y un pulso adecuado. Por tanto, dicho sistema nacional, así como los sistemas estatales, deben ser coherentes, ya que de otra forma la aspiración no podrá concretarse", comentó el funcionario de la PGR.

Sandoval dejó claro que la reforma constitucional mandató que el Sistema Nacional Anticorrupción Federación y entidades federativas, fuera diseñado a partir de dos leyes que aún no se han publicado y que no han entrado en vigor: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, dicha reforma previó que los estados deben esperar a la expedición de las leyes generales a efecto de que sus sistemas locales anticorrupción se ajusten al sistema nacional; y que hasta que eso ocurra, las leyes de responsabilidad administrativa y de fiscalización de las entidades federativas, continuarán en vigor.

Crean sus fiscalias

Pese al mandato constitucional, en junio de este año el Congreso de Veracruz aprobó la reforma con la que se crea una sala anticorrupción y que permite al gobernador Javier Duarte, cuyo mandato culmina en noviembre próximo, envíe las ternas para la designación de los integrantes de ésta.

Esta medida fue impugnada por el gobernador electo Miguel Ángel Ayunes, que con el respaldo del PAN y del PRD solicitó la intervención del presidente Peña Nieto.

Lo mismo ocurrió en el caso de Quintana Roo; no obstante, tras conocer la impugnación de la PGR en la Corte a solicitud del titular del Ejecutivo federal, el gobernador Roberto Borge manifestó que él no promovió ni un sistema anticorrupción.

El subprocurador jurídico dijo que las acciones de inconstitucionalidad tienen como objetivo que el máximo tribunal de justicia del país revise las reformas locales de Veracruz y Quintana Roo con base en los principios y reglas de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.

Señaló que las acciones tienen sustento en lo previsto por el artículo 105, fracción II, inciso c) de la Carta Magna.

"Resulta conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analice tales reformas, toda vez que ante la falta de competencia de los Congresos de las entidades federativas mencionadas, se generará, en perjuicio del propio Sistema Nacional Anticorrupción, una inseguridad jurídica que pondría en duda las reglas de dicho sistema", declaró el funcionario de PGR.

Las acciones de inconstitucionalidad que presentó la PGR en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las reformas anticorrupción de Veracruz y Quintana Roo tienen como objetivo que el Alto Tribunal determine que las entidades federativas carecen de facultades para crear sus sistemas locales anticorrupción, máxime cuando existe una reforma constitucional en la materia.

Asimismo, se busca dejar por sentado que tampoco se pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias.

Marcha atrás a la impunidad: Anaya

Ricardo Anaya Cortés celebró el anuncio del gobierno federal y advirtió que pese a la presentación de acciones de inconstitucionalidad contra los "nombramientos a modo" en Quintana Roo y Veracruz, es necesario que los Congresos locales desistan o den marcha atrás, según el caso, de otros nombramientos y reformas, que atentan contra la responsabilidad hacendaria y contra la Constitución.

"Debe entenderse, de una vez por todas, que en el México de hoy el que la hace la tiene que pagar. Acción Nacional ha alzado fuerte la voz, junto con los ciudadanos, para denunciar los blindajes de quienes, no queda ninguna duda, han robado y lastimado a las familias de sus estados, concretamente en Veracruz, con Javier Duarte; Quintana Roo, con Roberto Borge, y Chihuahua, con César Duarte", señaló el dirigente nacional del PAN.

Anaya alertó que para evitar "que estos malos gobernantes se salgan con la suya no basta con las acciones de inconstitucionalidad anunciadas este día por la Presidencia de la República, sino que es necesario que los congresos locales desistan de aprobar nuevos paquetes de impunidad".

Asimismo, pidió poner un alto definitivo a la intención de Javier Duarte de disponer de manera anticipada del impuesto del tres por ciento a las nóminas, que es el principal ingreso local, para atarlo al pago de adeudos inexistentes con empresas de su propiedad o de sus cómplices, mismas que ya han sido evidenciadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Finalmente, el dirigente nacional del PAN dejó en claro que el anuncio presidencial "es un nuevo triunfo no sólo del PAN, sino de millones de ciudadanos, quienes pese a los excesos y amenazas de esos gobernadores priistas, han denunciado de manera firme y constante los casos de corrupción y los intentos de impunidad".