¿A quién sirve el TSJ Morelos?
¿A quién sirve el TSJ Morelos?
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cancelando la ampliación del periodo a 20 años de los magistrados morelenses, cambia los equilibrios políticos dentro del Poder Judicial de Morelos y abre la posibilidad de una recomposición total en ese organismo. La sentencia no solo obliga a que seis miembros del TSJ dejen inmediatamente el cargo, da pie al reacomodo de una institución que desde hace años se ha caracterizado por politizar la justicia y venderse al mejor postor. Es momento de recomponer las cosas.
Desde hace años, desde distintos frentes, se ha dicho que el actuar de los magistrados y jueces morelenses se ha alejado de la legalidad y la imparcialidad; ciudadanos, asociaciones y barras de abogados, cámaras empresariales, organizaciones civiles y hasta partidos políticos han acusado que la impartición de justicia en Morelos no es pronta, ni expedita, ni ecuánime. Peor: todos coinciden que se trata de un espacio corrupto donde interviene la delincuencia organizada.
Una y otra vez a lo largo de la última década hemos visto como se ha pervertido el actuar de los impartidores de justicia morelenses, situación que se ha mezclado con la saturación de los tribunales, el retraso en los procesos judiciales y la falta de personal calificado para sacar adelante los expedientes que se acumulan. El TSJ es un ente obeso, aletargado, viejo, lleno de vicios y proclive a las malas prácticas.
Desde el punto de vista ciudadano el tema es muy delicado, porque en repetidas ocasiones se ha señalado que los jueces actúan de manera parcial, se someten a intereses ajenos a la ley o venden los casos. Ha habido ocasiones en donde algunos miembros del poder judicial morelense se han visto envueltos en secuestros, asesinatos o extorsiones y en ahí, como siempre, la aplicación de la ley ha sido sesgada, injusta y a favor de los inculpados.
Otro aspecto grave en la actuación de algunos miembros del TSJ es la presunta colusión con grupos criminales que operan en el territorio morelense; hace unos meses el magistrado Carlos Iván Arenas reveló que “Son varios jueces y trabajadores del sistema judicial los que han caído en actos de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada”.
También los trabajadores han alzado la voz en contra de quienes tienen el encargo la impartición de justicia; en un documento enviado hace unos meses al presidente Andrés Manuel López Obrador, denunciaron acciones irregulares avaladas por la entonces presidenta Carmen Cuevas López en complicidad con los magistrados Miguel Ángel Falcón, María del Carmen Quino, Rocío Bahena, Elda Flores León, José Valentín González, Bertha Rendón, Manuel Díaz, Leticia Taboada, Roberto Calderón, Juan Emilio Elizalde y Rubén Jasso.
Los trabajadores del poder judicial señalaron actos de nepotismo, corrupción y solicitaron al mandatario federal que se ordenara una investigación a fondo sobre hechos que evidencian “malos manejos financieros, discriminación, violencia y acoso laboral”. Al término del periodo de Carmen Cuevas López como presidenta, magistrados disidentes exigieron una revisión puntual sobre el manejo de las finanzas del TSJ a cargo de Cuevas López. Obviamente nada ha hecho Rubén Jasso.
Los problemas que vive el TSJ son internos y externos; adentro el ambiente es descrito por sus propios integrantes como de terror, por las constantes agresiones y amenazas al personal; hacia afuera el problema es también muy grave, porque se advierte un proceder inadecuado de varios impartidores que mercantilizan la justicia y ponen a la venta las sentencias.
Hace unos años Causa en Común denunció varios casos de corrupción de jueces locales, señalando en ese momento a la juez Aurora Salgado Jaimes. “Hemos encontrado que casualmente libera a secuestradores que las víctimas han señalado directamente y en donde además hay pruebas. Yo no creo que nada más por el señalamiento de una víctima se tenga que inculpar, pero sí cuando además hay pruebas… y en estos casos lo tenemos bien documentado”.
A principios de este año la Fiscalía Anticorrupción de Morelos informó que iniciaría carpetas de investigación contra diversos jueces del estado que fueron vinculados con acciones ilegales o actos de corrupción que ha impedido el correcto avance judicial contra exfuncionarios, exalcaldes y exlegisladores. “A la gran mayoría de los jueces se les conoce por su honestidad y lealtad a la justicia, pero se han detectado casos en donde ha sido evidente que circunstancias extraordinarias se han interpuesto para evitar el procedimiento y castigo para determinados servidores públicos” dijo el fiscal Juan Salazar.
Desde muchos ángulos, desde hace mucho tiempo, el Poder Judicial de Morelos se ha convertido en centro de atención por malos manejos, por falta de transparencia, por abusos en el manejo de las finanzas, por su politización, pero sobre todo por sus presuntas relaciones con la delincuencia organizada; desde todos los ángulos, ha dejado de ser una institución confiable para todos.
El vínculo que se estableció hace unos años entre un grupo de magistrados encabezados por Carmen Verónica Cuevas y el exgobernador Graco Ramírez ha sido reiteradamente ponderado como un problema muy serio para las instituciones locales. El acuerdo político que signó la anterior presidenta con el jefe del ejecutivo y su hijastro Rodrigo Gayosso mostró que para ese grupo de impartidores de justicia todo era posible a cambio de dinero y beneficios personales.
Nadia Luz Lara Chávez, ex presidenta del Poder Judicial de Morelos se pronunció luego de que la SCJN cancelara el periodo de 20 años de los magistrados: “No quisiera decir ¡se los dije! pero sí, se los dije entonces, esa reforma es inconstitucional, me tacharon de malagradecida, me lincharon al interior, pero hoy la SCJN lo determinó, los 20 años han quedado invalidados. Abajo los acuerdos en lo oscurito entre (María del Carmen) Cuevas López y Graco (Ramírez)”.
También el gobernador Cuauhtémoc Blanco ha señalado lo que pasa en el poder judicial: “Este hecho (la ampliación del periodo a 20 años) fue un abuso que hizo el exgobernador Graco Ramírez porque me quería hacer daño a mí, pero siempre he dicho que las cosas pasan por algo y hay que seguir poniéndonos a trabajar… la administración pasada compró a todos (magistrados y diputados) y les daba de uno o dos milloncitos para que le votaran todo a favor y por eso los acostumbró y ahora varios de ellos andan con problemas legales, incluso no pueden salir del país”.
La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el Poder Judicial de Morelos echó abajo la red de protección judicial que el exgobernador Graco Ramírez y su hijastro Rodrigo Gayosso construyeron para evadir el brazo de la justicia, pero también da pie a un cambio profundo en el poder judicial, un cambio que empiece por erradicar los vicios que marcan el actuar de los impartidores de justicia.
En manos del Congreso está la designación de seis nuevos integrantes del TSJ y será responsabilidad de los diputados que los nuevos miembros de ese poder sean electos por su capacidad jurídica, por su carrera judicial, por sus méritos profesionales, pero sobre todo por su honorabilidad.
La independencia y autonomía que durante años ha buscado el Tribunal Superior de Morelos no ha servido para que la justicia se aplique con eficiencia, prontitud e imparcialidad, para que los miembros de ese poder no queden expuestos a los intereses de los otros dos poderes y se enfoquen en la correcta aplicación de la ley. Por el contrario: la autonomía judicial en Morelos fue una Patente de Corso mediante la cual el TSJ se convirtió en una ínsula al servicio del poder en turno, al mismo tiempo que mercantilizó el trabajo judicial.
Las cosas en el poder judicial de Morelos están mal y se nota; los problemas que derivan de su actuar son políticas, sociales, económicas y morales. Algunos miembros del TSJ son considerados piezas afines al gobierno anterior, protectores de actos ilícitos y cómplices de personajes corruptos; de la misma forma a otros se les señala por tener pactos criminales, por actuar en función de los intereses de grupos delictivos y proceder en función de beneficios personales. Como si eso no fuera suficiente, los profesionales del derecho acusan incapacidad profesional y fallas operativas en varios magistrados.
El problema que se vive dentro del Poder Judicial de Morelos es muy serio y rebasa los intereses políticos que se han creado en torno a algunos de sus miembros. Mientras las cosas sigan igual, mientras en Morelos la justicia tenga precio y sus impartidores actúen por intereses particulares, es imposible que la entidad recupere la paz.
Veámoslo así, lectora lector queridos: algunos magistrados de Morelos sirven a intereses de políticos corruptos y otros a intereses criminales.
posdata
La Estafa Maestra es una historia de corrupción e impunidad que se creó en torno a los recursos que la Sedesol y Sedatu destinaron al combate de la pobreza en México. Aprovechando el enorme margen de operación que los funcionarios federales tuvieron y a su vez concedieron a quienes desde los estados les ayudaron a sacar adelante el procedimiento, muchos hicieron negocio con el dinero de la Cruzada contra el Hambre.
Por un buen rato pensamos que esta sería una historia más de corrupción e impunidad, de esas que son muy comunes en México; algunos de los involucrados estaban seguros de que a pesar de la denuncia expuesta por un medio de comunicación nada pasaría, porque así se hacían las cosas y había muchos personajes importantes involucrados en el robo. Pero de repente encarcelaron a Rosario Robles.
Sin ánimo de defensa a nadie, solo para contextualizar que se trata de una situación que involucra acciones ilegales, desvío de recursos públicos a intereses políticos, empecemos por decir que Rosario Robles está presa sin pruebas, sin haber firmado nada y sin que hasta el momento le hayan podido comprobar algo. Eso sí: la exsecretaria es responsable de todos los actos y jurídicamente culpable de los desvíos.
La exsecretaria tiene que ver operativamente en los procesos, aunque legalmente aún no le documentan nada. Cosa distinta ocurre con otros funcionarios federales y estatales cuya firma está plasmada en documentos que validan el desvío de recursos e implican una responsabilidad directa en los hechos. Un caso concreto es el del exrector de Morelos Alejandro vera Jiménez.
Personalmente no creo que el catedrático universitario se haya beneficiado del multimillonario fraude cometido a través de la UAEM, pero me queda claro que es responsable de las acciones que se hicieron en su nombre, empezando por la designación de quien realizó las acciones y avaló todos los procesos: Wistano Orozco.
Wistano Orozco firmó las convocatorias y los fallos de las licitaciones con las que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos entregó mil 127 millones de pesos a 14 empresas ilegales, como parte de La Estafa Maestra, también fue director general de Proyectos Especiales en la Universidad en 2013, cuando se lanzaron licitaciones para cumplir con los supuestos servicios solicitados por la Secretaría de Desarrollo Social pero que, según la Auditoría Superior de la Federación, no se cumplieron.
Dependencias federales contrataron a universidades para realizar diversos servicios y éstas entregaron el dinero a empresas fantasma, pero antes cobraron una comisión de entre 10 y 15% sólo por fungir de intermediarias. Wistano Orozco fue el representante de la Universidad de Morelos que firmó las licitaciones mediante las cuales se desviaron recursos de la Estafa Maestra.
En la UAEM Wistano Orozco tuvo dos cargos: director general de Proyectos Especiales y Coordinador de Administración; en el último fue encargado de revisar las finanzas y distribución de recursos de la institución. Cuando Alejandro Vera se confrontó con el gobernador Graco Ramírez, Wistano Orozco dejó la universidad para asumir el cargo de subsecretario de Educación Media y Superior en el gobierno perredista. Gente cercana al exrector aseguran que fue él, Wistano, quien proporcionó a la Fiscalía Anticorrupción los elementos necesarios para detenerlo, incluyendo su ubicación.
Alejandro Vera tiene la opción legal de impugnar el fallo mediante amparo directo ante un tribunal colegiado, pero si la responsabilidad resarcitoria de Alejandro Vera por 239.3 millones de pesos es confirmada, se convertirá en un crédito fiscal ejecutable por el Servicio de Administración Tributaria, lo que implica que el exrector estaría obligado a regresar esos recursos.
Tres ex funcionarios de la UAEM viven hoy un momento complejo por La Estafa Maestra: Alejandro Vera, Gerardo Ávila y Wistano Orozco. Los dos primeros, dicen, por su descuido e ignorancia administrativa; el último por perverso y ladrón.
nota
Una buena: Banobras abrió la puerta al gobierno estatal para restructurar en mejores condiciones la deuda pública de Morelos heredada por la administración de Graco Ramírez. Esta decisión, resultado de la petición del gobernador, ayudará a las finanzas locales en un año muy difícil, consecuencia de la pandemia.
Lo dicho: cuando hacen política, las cosas salen mejor.
post it
Los regidores cerraron filas en torno al alcalde Villalobos; bien. Ahora falta que el edil cambie de asesores (vean a dónde lo han llevado los actuales) y actúe con más prudencia.
En su mejor momento político, a Villalobos le explotó una bomba que le ha provocado el mayor problema que ha enfrentado como autoridad; la situación es compleja, delicada y amerita una pausa en el camino para revisar las acciones, evaluar al equipo, cambiar de actitud y tener más cuidado de quien está a su lado.
El golpe al alcalde es fuerte, pero aún no es nocaut. Hay que ajustar la estrategia, cuidar el proceso jurídico y buscar nuevos aliados antes de que sea tarde.
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Nadie aprende en cabeza ajena.
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