La designación de cuatro consejeros electorales se perfila como un momento clave con miras a las elecciones del próximo año en México
La Cámara de Diputados elegirá este miércoles a cuatro de los once consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), un proceso lleno de altibajos y que ha abierto grietas en Morena, el partido del Gobierno, en el Congreso, donde tiene la mayoría y ha generado un choque con las formaciones opositoras. Aunque falta todavía un año para las próximas votaciones en México, todas las miradas ya están puestas en el árbitro electoral. La designación de los nuevos integrantes del Consejo General es clave, no solo para la organización de unos comicios que definirán el rumbo del país a mitad del mandato de Andrés Manuel López Obrador, sino también para fiscalizar a los partidos y resolver las acusaciones de trampas y fraudes, un trauma que aqueja la joven democracia mexicana y que está grabado en el derrotero político del presidente. La última disyuntiva de Morena en la Cámara baja es decidir si inclinará la balanza a favor de la llamada Cuarta Transformación o si tomará una postura que apague los temores de la oposición o dé legitimidad a las instituciones.
“A mí lo que me importa es que las elecciones sean limpias y sean libres, que haya democracia en México, que se acaben los fraudes”, ha dicho este martes López Obrador. Algunos militantes y seguidores del presidente han cuestionado la neutralidad del INE y sostienen que esta es la oportunidad de nombrar perfiles afines al Gobierno para equilibrar el terreno electoral. La oposición se ha vuelto una caja de resonancia, por oportunismo según sus rivales, de los argumentos de académicos y organizaciones civiles que defienden que la victoria de López Obrador fue posible por tener un organismo autónomo, una conquista democrática que tomó décadas. Pese al cruce de declaraciones, el consenso se perfila como la opción más viable, lo que da oxígeno a la autoridad electoral tras estar durante meses en la diana presidencial.
“El involucramiento de partidos y gobernantes [en el INE] ha sido una maldición en este país”, afirma el analista político Sergio Aguayo. “El asunto está en si finalmente podremos tener consejeros ciudadanos nombrados en virtud de sus méritos y conocimientos y no por negociaciones políticas”, agrega. En la lista de tareas de los nuevos consejeros está decidir en las próximas semanas sobre la aparición de nuevos partidos políticos, lo que puede marcar el regreso de viejos conocidos de la política mexicana, como el expresidente Felipe Calderón, la antigua líder magisterial Elba Esther Gordillo y el aliado ultraconservador de López Obrador, el Partido Encuentro Social, que busca recuperar su registro con otro nombre. “Tendrán que abocarse a asuntos que el INE no ha abordado con la suficiente energía como la presencia del crimen organizado en elecciones, el exceso de dinero en las campañas y la falta de representatividad en los partidos”, apunta el académico de El Colegio de México.
La recta final del proceso, que inició en febrero, ha estado marcada por las divisiones en la coalición de gobierno de López Obrador. Morena empujó por incluir a John Ackerman, esposo de Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública (un ente fiscalizador que depende del Ejecutivo), y uno de los defensores más férreos del presidente, como miembro del comité técnico que evaluó a cientos de aspirantes y eligió la semana pasada a 20 finalistas.
Ackerman explotó y acusó a los otros integrantes de imponer perfiles a modo en las cuatro quintetas de las que saldrán eligidos dos hombres y dos mujeres. Más de 60 diputados del ala más radical de Morena y el Partido del Trabajo (PT), su aliado, amagaron el lunes con defenestrar el proceso. Porfirio Muñoz Ledo, una de las voces más críticas dentro del partido, los llamó “golpistas” y el líder de la bancada, Mario Delgado, desechó los reclamos: “No haremos arreglos en lo oscurito, ni habrá cuotas”. Un día después, Morena se alineó y dejó solo en las quejas al PT.
Los roces entre el Gobierno y el INE han sido frecuentes desde que López Obrador llegó al poder en diciembre de 2018. Morena empujó a finales del año pasado que se redujera el presupuesto del Instituto e impulsó iniciativas para mermar su autonomía, aunque no se aprobaron. La fobia del mandatario contra el INE, antes llamado IFE, viene desde las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, en las que el entonces candidato terminó en segundo lugar acusando sendos fraudes.
La crisis del coronavirus ha extendido el proceso —y sus tensiones—, que estaba previsto para terminar en abril pasado. “De cara al 2021 se irá contra el tiempo ante el reto logístico que supone la magnitud de la elección y el contexto de la pandemia”, comenta Pamela San Martín, que dejó en abril su puesto en el Consejo del INE. San Martín considera que es un buen momento para la autocrítica, sobre todo por la falta de coordinación entre el Instituto y el Tribunal Electoral, que han actuado bajo criterios contradictorios y dejado impunes varias controversias. “Se ha caído en una dinámica en la que parece que cualquier crítica es un ataque; los nuevos integrantes tienen que tener claro que estarán sujetos a ese escrutinio”.
El INE tiene en puerta las elecciones al Congreso local de Coahuila y de los Ayuntamientos en Hidalgo, posiblemente en octubre. Antes tiene que iniciar los preparativos para el proceso electoral de 2021, que arranca formalmente en septiembre y será el más grande de la historia. En juego están más de 21.000 puestos de elección, entre ellos los 500 escaños de la Cámara baja, 30 Congresos locales y 15 gubernaturas, donde varios partidos de la oposición se juegan su supervivencia.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que arrastra los peores resultados de su historia y que ha acaparado los reflectores por múltiples casos de corrupción que han revivido en las últimas semanas, gobierna ocho de los Estados que estarán en disputa el próximo año: Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. El PAN tiene cuatro: Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Querétaro. El Partido de la Revolución Democrática, antiguo partido de López Obrador, se aferra a Michoacán, el único Estado que gobierna. También quedará vacante Nuevo León, uno de los motores industriales de México y gobernado por el excandidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco. Morena solo defiende Baja California, pese a los intentos infructuosos del gobernador, Jaime Bonilla, de extender su mandato.
El consenso es clave para apuntalar la confianza de los partidos y los ciudadanos en el INE, pero también para el proceso de selección. Los nombramientos tendrán que aprobarse por dos tercios de los diputados presentes. Si no se alcanza la mayoría calificada, se tendrá que hacer una nueva votación a partir de una insaculación (un sorteo) de los candidatos un día después. En caso de no llegar a un acuerdo, la Suprema Corte designará a los consejeros el viernes.