Los retos de Rubén Jasso
El primer reto del nuevo presidente del TSJ de Morelos es mostrar que no protege a nadie.
Los problemas que arrastra el Poder Judicial de Morelos desde hace años son políticos, son de imagen, de credibilidad, pero también son estructurales y de confianza. El debate reciente ha ido en función de los acuerdos políticos que algunos magistrados hicieron con el gobernador Graco Ramírez, pero lo que más profundamente ha dañado a la institución es la forma como los jueces imparten justicia. Al TSJ le urge poner orden en casa.
La designación de Rubén Jasso como nuevo presidente del Poder Judicial de Morelos fue controvertida desde el principio; primero porque un grupo de magistrados asegura que el procedimiento para designarlo presidente fue ilegal, toda vez que no hubo quorum para que la sesión se llevara a cabo; luego porque muchos piensan que está ahí para proteger a Graco. Otros, por el contrario, sostienen que el proceso de nombramiento cumplió con la ley, de ahí el reconocimiento que el nuevo titular ha recibido de parte de otras instituciones estatales y federales.
Pero en independencia de la validez jurídica de la designación y de lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia sobre la queja que se ha interpuesto contra su nombramiento, el verdadero reto de Jasso Díaz está en cambiar la percepción que se tiene de su persona y especialmente de la manera como desde hace años funcionan los tribunales.
Rubén Jasso no es un mal tipo, por el contrario, muchos lo consideran un hombre prudente y mesurado que ha mantenido una sobria carrera judicial, con el único pecado de ligarse y proteger a la anterior presidente. Carmen Cuevas López, contrario a lo que se dice de Jasso, es una mujer acomplejada, prepotente, irascible, metida permanentemente en conflictos y señalada desde muchos lados por corrupta, acosadora y grosera.
Este punto es lo que más pesa en el futuro inmediato al nuevo presidente del Poder Judicial; la oposición que ha surgido a su persona tiene que ver con lo que hizo su antecesora y la postura que él mismo ha mantenido respecto a la administración anterior. Las inconformidades contra el manejo y administración de Cuevas López son muchas, quedaron registradas de diversas maneras e incluyen señalamientos de complicidad con grupos delictivos. ¿Eso quiere llevar a cuestas el nuevo titular del TSJ?
Hay acusaciones contra la ex presidente que se quedan en el terreno de la apreciación y difícilmente se pueden convertir en una acción legal; sus arbitrariedades, sus excesos personales, su temperamento, su actitud y sus malos modos definitivamente afectaron la marcha de los tribunales, pero salvo en algunos casos concretos como el nepotismo, los otros se quedan en la reseña de un triste periodo a cargo de una mala persona.
Sin embargo hay aspectos que sin duda ameritan al menos una acción investigadora de parte de la nueva administración, so pena que de no hacerse implicarían un acto de complicidad. A Carmen Cuevas López se le acusó formalmente por malos manejos financieros, se interpusieron juicios por falsificación de documentos y se apuntó que los contratos, compras y adquisiciones del Poder Judicial se hicieron sin cumplir con los procesos legales correspondientes.
En esto último es fundamental que Rubén Jasso actúe y lo haga de manera transparente; si no quiere convertirse en un títere de la administración anterior y cargar con todos los enconos que dejó la ex presidenta, el abogado tendría que iniciar un proceso de revisión a la administración pasada para que se descarten o confirmen las acusaciones que durante años han surgido de los mismos miembros del poder judicial. Con ello el nuevo presidente daría una muestra de imparcialidad y un paso importante para ganar la confianza que hoy no tiene.
Pero lo de fondo, lo que verdaderamente debería llamar la atención de propios y extraños es lo que pasa en los distintos juzgados que conforman el poder judicial morelense y la actuación de jueces que continuamente son señalados por malas prácticas. El probable desvío de recursos públicos, las omisiones o acciones ilícitas cometidas por Cuevas López son un asunto que atañe al TSJ como institución; la corrupción de los jueces, por otro lado, afecta de manera directa a los ciudadanos y al estado en su conjunto.
Muchos y muy constantes son desde hace años los señalamientos sobre el proceder de los impartidores de justicia; las acusaciones las hacen las víctimas de los delitos y también los abogados: hay jueces que responden a intereses distintos, que no aplican la justicia con imparcialidad, que protegen a grupos delictivos, que dejan libres a delincuentes o que de manera abierta venden el resultado de los juicios.
Es secreto a voces lo que pasa en los tribunales y conocido también que esto ocurre desde hace años bajo la complicidad de algunos magistrados; resulta imposible suponer que una autoridad judicial se mueva sola cuando se trata de asuntos que impactan la estabilidad y la gobernabilidad, como la constante liberación de delincuentes.
La doble victimización es una realidad en Morelos desde hace años; la padecen quienes han vivido un delito, quienes se animan a denunciar y todos los que al final observan que por alguna formalidad legal los jueces dejan libres a sus victimarios. Entonces el problema se agudiza, porque los agredidos quedan nuevamente a merced de sus agresores, sin tener lugar al cual recurrir, ni institución en quien confiar.
Este hecho también ha sido denunciado por las autoridades: una y otra vez el gobernador (el actual y los anteriores) han puesto el dedo en la llaga al señalar el problema y la frustración que implica que los trabajos de combate a la delincuencia se trunquen al llegar con los jueces. “Algunos jueces liberan a los detenidos, protegen a bandas delictivas, responden a intereses de grupos criminales” han dicho una y otra vez gobernantes, legisladores y empresarios. ¿Y luego?
Nada de lo anterior es nuevo ni sorpresa, por el contrario, es algo que cada día enfrentan los abogados litigantes. La impartición de justicia en Morelos es un problema estructural, muy profundo, que agrede a la ciudadanía en lo individual, pero también impide que los trabajos de pacificación prosperen.
Rubén Jasso tiene varios retos que superar: 1- Librar la denuncia interpuesta por su nombramiento. 2- Desligarse de la mala imagen y malas acciones de su antecesora. 3- Obtener la confianza que no tiene como magistrado y que perdió el Poder Judicial como institución. Y 4- Cambiar la forma como actúan los jueces a su cargo.
El Tribunal Superior de Justicia de Morelos enfrenta un problema muy serio, muy profundo, que no será fácil ni rápido de resolver. El nuevo titular puede convertirse en la figura que verdaderamente impulse un cambio que ayude al tribunal y al estado, pero sobre todo que regrese a la ciudadanía la confianza en los impartidores de justicia.
Eso, o seguir como hasta ahora, bajo las faldas de la ex presidenta, navegando sin hacer nada con la esperanza de que el tiempo transcurra hasta que pueda jubilarse.
La decisión sobre su futuro es suya. De lo que decida depende lo que veremos en los años siguientes.
posdata
Jonathan Márquez llegó al PRI Morelos enviado desde el comité Nacional, donde ocupaba una posición cercana al dirigente. Oriundo de Morelos, de Temixco específicamente, el joven tricolor salió del estado en busca de mejores horizontes y regresó con mejor suerte que con la que se fue.
Su encargo en el comité estatal no es sencillo, aunque goza con la confianza total de Alejandro Moreno; el priísmo morelense atraviesa un momento crítico desde hace años, producto de los cacicazgos, de la voracidad de sus grupos y de las malas decisiones institucionales.
Después de las elecciones del 2009, el priísmo morelense tuvo la oportunidad de resurgir, pero el canibalismo anuló sus posibilidades. Una década después el panorama podría volver a ser atractivo para el PRI, pero eso depende de lo que hagan en los próximos meses. Explico:
Actualmente el PRI es la tercera fuerza política en el estado, pero su lugar está muy alejado de quienes van en las primeras posiciones. Nadie en su sano juicio apostaría por una candidatura tricolor en las condiciones de siempre, las que hasta ahora han prevalecido en esa institución, porque ello implica tener que librar primero una batalla interna para después, desgastado en todos los sentidos, ir en busca del voto popular.
A Jonathan Márquez le toca lidiar con los grupos que aniquilaron al PRI desde sus cimientos, los que le arrebataron la confianza de la militancia, los que hicieron huir a muchos liderazgos y los que lo saquearon. Desde hace décadas que el PRI dejó de ser una institución confiable, pero en los últimos veinte años la decadencia ha sido mayor y los resultados están a la vista de todos.
Para el dirigente lo que viene no es sencillo, pero ha comenzado a dar los primeros pasos; la conformación de un comité que preparará la estrategia electoral 2021 habla del interés por competir, aunque varios de quienes integran ese comité son social y políticamente impresentables.
Empezando porque se trata de un comité conformado por gente de Jorge Meade, el peor candidato a gobernador que ha tenido el PRI a nivel nacional en toda su historia (los votos lo confirman), la primera impresión que deja es que se trata del reciclaje de lo mismo, una mezcla de malos y peores.
A pesar de ello algo llama la atención: el PRI es el único partido en Morelos que se está moviendo, aunque sea con puro personaje pasado de peso. Morena está desaparecido, lo mismo que el PAN, el PRD y el resto de las instituciones. Los priístas que integran el nuevo comité tienen muy mala reputación, pero pragmáticamente se puede decir que saben de elecciones y conocen la manera como se hace política. Ahí radica su ventaja.
Pensemos además, que la línea que ha marcado el novel dirigente morelense es ubicar candidatos ciudadanos, al tiempo de impulsar como sucede a nivel nacional, un bloque opositor de amplio espectro en donde participe el mayor número de partidos, empezando por Acción Nacional.
De botepronto el PRI es un partido que junto con su comité estatal resultan desagradables a la vista, pero lo que están haciendo podría darles buenos resultados y ponerlos en la ruta de regreso al poder. Su virtud es que no se han dado por vencidos y su ventaja es que comenzaron a trabajar cuando otros siguen sin hacerlo.
En un descuido, sin que nadie se lo espere, la oposición en Morelos (PAN, PRI, PRD, MC y otros) podrían armar un frente común y arrollar a Morena, que dicho sea de paso, en la tierra de Zapata deambula sin dirigencia ni rumbo.
El tiempo dirá qué tanto puede hacer Jonathan Márquez. Los priístas nos pueden caer mal, pero es innegable que saben hacer política.
nota
Para entender el problema que enfrentan cotidianamente los ciudadanos en su reclamo de justicia habría que conocer lo que ocurre en los pasillos del poder judicial estatal.
Distintas organizaciones civiles y profesionales, lo mismo que innumerables personas se han quejado del proceder de algunos impartidores de justicia; los reclamos nunca tienen eco no importa quien los haga, por eso las malas prácticas continúan.
Retomemos un caso ocurrido en el año 2016, cuando un grupo de nueve personas ingresaron a una vivienda y saquearon todo lo que había en el lugar. Fueron tan solo 25 minutos y todo quedó grabado en las cámaras de video vigilancia que la familia había instalado; ahí se registró la hora en que llegaron, cuántos eran, las placas de los vehículos y hasta los rostros de los ladrones. Además, dentro del domicilio, los peritos de la fiscalía levantaron las huellas de los saqueadores.
Los afectados presentaron la demanda correspondiene y anexaron los videos de los hechos; tiempo después la policía ubicó a los sujetos en Yautepec, cuando en los mismos autos se disponían a saquear otro lugar.
El problema fue que la juez de nombre Katy Lorena Becerra Arroyo determinó que no había elementos suficientes para mantener retenidos a los presuntos ladrones; a la dama no le importó que los sujetos fueron capturados en los mismos vehículos, ni que se demostró fehacientemente su identidad y participación en los hechos.
Contrario a ello, cuenta la víctima, la impartidora de justicia solicitó a la familia que acreditara la propiedad hurtada y también los recursos con los que fueron adquiridos los bienes; a pesar de todo, a pesar incluso de que se trataba de una figura pública, la juez liberó a los ladrones y la familia recibió amenazas para que retirara la denuncia.
El tema fue de conocimiento de algunos magistrados y de la propia presidenta del poder judicial; aún así nada pasó y hasta hoy los ladrones siguen libres y la familia se tuvo que resignar a perder sus bienes.
¿Cuántas historias como estas se pueden contar del poder judicial de Morelos?
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¿Y si el candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca por una alianza/coalición entre el PAN, PRI y otros partidos fuera Javier Bolaños?
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Midan sus tiempos legales: el 01 de septiembre inicia el proceso electoral.
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