Familiares de víctimas localizaron restos óseos tras realizar un rastreo en fosas clandestinas localizadas en el municipio de Puente de Ixtla, pero acusaron nuevamente a la fiscalía de obstaculizar la búsqueda, ya que fue hasta que el caso trascendió en los medios de comunicación que la institución accedió a asegurar el área donde fue el hallazgo.
El rastreo comenzó desde la mañana del lunes, luego de que colectivos de víctimas del estado de Guerrero recibieron información sobre la ubicación de parajes donde habría varias fosas clandestinas en el sur de Morelos. Los colectivos pidieron ayuda a organizaciones de víctimas de Morelos para seguir la pista y emprender la búsqueda de cuerpos en un predio localizado a la altura del kilómetro 3 de la autopista federal Cuernavaca-Iguala, donde existe una desviación que aparentemente fue realizada de manera ilegal exprofeso para la inhumación clandestina de cuerpos.
Después de varias horas, la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Morelos, Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, y los buscadores, entre los que se encontraban Tranquilina Hernández, del colectivo morelense Unión de Familias Resilientes Buscando a sus Corazones Desaparecidos; Mario Vergara, de los Otros Desaparecidos en Iguala; Angélica Rodríguez y Edith Hernández, de Regresando a Casa Morelos; y Cecilia Salinas Maya; lograron ubicar un punto de inhumación y localizar un fémur y la rótula de una persona. Tras el hallazgo se dio parte a la Fiscalía General de Morelos para el aseguramiento de la zona y continuar con las diligencias con el apoyo del Ministerio Público, pero el pretexto de la institución que dirige el ex notario, Uriel Carmona Gándara, fue que necesitaban la orden de un juez para poder actuar.
“El día de ayer (lunes) a las diez y media, encontramos unos restos humanos e hicimos una excavación. Encontrando el primer resto, como familias (de víctimas de delitos) sabemos que no debemos ‘ensuciar’ el área, no podemos poner nuestra huellas o cosas así que puedan interrumpir la debida investigación y darle un nombre a esta persona que está enterrada. “Llamamos a la Fiscalía del Estado de Morelos para que llegara a hacer la exhumación. Ellos llegaron como las 12:30, nos dijeron que nos saliéramos del lugar porque iban a proceder y luego nos dijeron que no, porque tenían que esperar la orden de un juez para poder hacer la exhumación. “Nosotros nos retiramos porque iban a hacer el acordonamiento e iban asegurar el área. Nos retiramos para no entorpecer su trabajo y para que aplicaran los protocolos que ellos tanto mencionan. Nos retiramos y hoy llegamos para ver cómo habían procesado la fosa y nos encontramos con que no hay acordonamiento y la fosa sigue intacta”, relato Tranquilina Hernández Laguna, madre de Mireya Montiel Hernández, desparecida en septiembre de 2014.
Dijo que la fiscalía no necesitaba una orden de cateo para asegurar la zona del hallazgo y participar en la búsqueda de más cuerpos, porque se contaba con la autorización del propietario del predio, e insistió que los pretextos y la actitud de los funcionarios de la FGE son parte de los obstáculos institucionales que todos los días enfrentan las familias de los desaparecidos. Hasta que los colectivos de víctimas externaron ante los medios de comunicación su molestia por la inacción de la FGE el personal de la institución comenzó a movilizarse.
De acuerdo con la agente del Ministerio Público, que se identificó con el nombre de Claudia Vanesa, la FGE estaba a la espera de la orden de un juez para iniciar la diligencia. Cuestionada sobre la ausencia de la fiscal especial en desaparición de persona, Zaira Lulo Juan, la agente respondió que estaba atendiendo otra diligencia. Los buscadores de los colectivos de Guerrero y Morelos informaron que continuarán con el rastreo de fosas clandestinas en tres puntos más del municipio de Puente de Ixtla, donde por información anónima que recibieron grupos criminales con influencia en esa zona podrían haber inhumado clandestinamente más cuerpos.