Filtraciones no significan transparencia
El presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Francisco Javier Acuña, publicó esta semana un artículo muy interesante sobre el caso Odebrecht y la detención (en un hospital) del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en el que deja en claro que el hecho de que haya información en todos los medios sobre las supuestas declaraciones del recién extraditado, no significa que haya transparencia por parte de la Fiscalía General de la República.
“Urge conocer la versión pública de esa averiguación previa instrucción del INAI, a la fecha incumplida precisamente, para que se conozca a qué funcionarios públicos se incluyó en la lista de presuntos responsables y testigos, así como la clase y el número de diligencias que se practicaron hasta octubre de 2018. Clave para que exista un control social pendiente de la evolución de los juicios y sus resultados”, establece el servidor público.
Explica que el acuerdo de extradición conseguido con el exdirector de Pemex bajo el principio de oportunidad (que entraña una negociación de condiciones favorables para Emilio Lozoya) se ha difundido bajo los cánones de la filtración, las especulaciones y las revelaciones formalmente no autorizadas por la autoridad ministerial a cargo de la indagatoria que forma parte de la Fiscalía General de la República. “Esa autoridad ministerial, de la que ahora se han filtrado —al parecer— las supuestas declaraciones del recién extraditado, es la misma que, desde hace tres años, se ha negado a responder con transparencia y en rebeldía a la orden del INAI de brindar información precisa mediante versión pública de la multicitada averiguación previa”, señala.
Y remata: “Resulta inaceptable que de la hermética Fiscalía General de la República hayan salido versiones que inundan los medios de comunicación con conjeturas prejudiciales, dispersadas exprofeso antes de llevar el asunto a la correspondiente autoridad jurisdiccional. Eso favorece los conocidos “juicios paralelos”, los cuales tienen consecuencias absolutamente contraproducentes. Y es que, para acabarla de regar, el presidente de la República recomendó ayer que los ciudadanos den seguimiento a todo el juicio contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, ya que al ser un caso que involucra a la sociedad política podría haber la intención de que pase de noche o no se informe la suficiente.
“El llamado es a que estemos muy pendientes de todo el juicio, que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano popular para que todos conozcamos cuál era el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco”, dijo durante la conferencia matutina. Qué peligroso resulta eso. Pareciera que se hará realidad aquella frase que dijo hace muchos años sentenciando que “al diablo las instituciones”, y que sea el pueblo el que juzgue la culpabilidad o inocencia de una persona. Ya lo ha dicho valientemente el fiscal general Alejandro Gertz Manero: la Unidad de Inteligencia Financiera presenta denuncias sin pruebas contundentes.
"Nos presentan las denuncias sin las pruebas de Hacienda, tenemos que ir a su propia secretaría a que nos den las pruebas, entonces la secretaría no nos da las pruebas y entonces nos dicen que nosotros no avanzamos porque no tenemos las pruebas que nos debían haber entregado, eso no se vale”, declaró recientemente. Y en Morelos el fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez no ha tenido la valentía de declarar lo mismo, pero lo que ocurre a nivel local es muy similar. Al Poder Ejecutivo se le hace muy fácil imputar delitos a diestra y siniestra, redactar querellas y depositarlas en la Fiscalía Anticorrupción, y “echarle la bolita” a la Fiscalía Anticorrupción. Si el caso no es judicializado es culpa de esa institución, y si se cae en las audiencias judiciales es por complicidad de los jueces o ineficacia de los fiscales, pero nunca de quien hace la denuncia.
Tanto a nivel nacional como en el plano estatal, parece que solo importa el impacto mediático, no la contundencia legal. Y eso se ha notado en el caso de la denuncia contra el presidente municipal Antonio Villalobos Adán, hecha por ex servidores públicos de la propia comuna sin presentar las pruebas.
“El show” de soldados y elementos ministeriales armados hasta los dientes para ir por una computadora a la tesorería del Ayuntamiento capitalino tuvo un buen impacto mediático, pero hasta ahí se quedará si no hay pruebas contundentes. Lo que se está haciendo, tanto con Lozoya como con Villalobos Adán, es lo que se conoce como “justicia paralela”, que aborda el jurista Francisco Letoria en su artículo “La problemática de los juicios paralelos en la jurisprudencia y doctrina española”.
Menciona el doctor en derecho que uno de los asuntos que más ha llamado la atención de la opinión pública durante las últimas décadas es la creciente tensión que existe entre los tribunales de justicia y los medios de comunicación. “Se ha acuñado la expresión “justicia paralela” o “justicia mediática” para referirse a todas aquellas actuaciones realizadas al margen del proceso jurisdiccional, y que en alguna medida se superponen a la misma, investigando, aportando pruebas y realizando juicios de inocencia o culpabilidad que no siempre coinciden, generando una situación compleja y que puede afectar a una serie de derechos”, menciona.
“Es claro que entre ellos estarán el derecho a un proceso debido y a un juicio justo, el derecho al honor, a la propia imagen, a la intimidad personal y familiar, y la presunción de inocencia”, acota el jurista. Desgraciadamente, eso no lo entienden los que conducen los destinos de este país, o si lo entienden no les importa, pues primero están los intereses económicos y/o políticos.
Por otro lado y al hablar de intereses económicos, parece que el daño en materia de dinero provocado al Congreso local por Francisco Moreno Merino y sus sucesoras en los órganos de control legislativo apenas –varios años después se comienza a superar. De los 80 millones que dejaron de déficit a los actuales diputados se ha pagado casi todo –parece que queda un porcentaje del cinco por ciento mientras Hortencia Figueroa y Beatriz Vicera Alatriste están bajo proceso, no así su compañero de curul Francisco Moreno.