El momento histórico de la Suprema Corte
La Suprema Corte de Justicia de la Nación vive momentos históricos. Han ido acumulándose en sus salas casos de cuya solución depende la naturaleza de nuestro orden político.
No recuerdo momento igual. El hecho extraordinario a resolver es que prácticamente toda la legislación importante del actual gobierno está sujeta a revisión constitucional.
Las leyes de este gobierno han dado lugar a controversias constitucionales, a acciones de inconstitucionalidad y a miles de amparos de sectores de la sociedad que se sienten afectados por ellas.
Quizá no se exagera al decir, respecto de esas leyes cuestionadas, que México vive en un régimen legal a medias, pues a leyes clave les falta la aprobación sustantiva de todo estado de derecho moderno, la aprobación de la Suprema Corte.
Están bajo controversia constitucional:
La ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que violaría derechos adquiridos de los funcionarios del gobierno.
La Ley General de Educación, que deja en el limbo el traslado de recursos educativos a los estados.
La Ley Orgánica de la Administración Pública, que establece la figura de los superdelegados.
La Ley de Austeridad Republicana, que invade atribuciones de los órganos autónomos y suspende derechos adquiridos de trabajadores del Estado.
Los presupuestos de 2018 y 2019 que invaden atribuciones de otros poderes del Estado.
Están cuestionadas con acciones de inconstitucionalidad:
La Ley Nacional de Extinción de Dominio, que permite intervenir los bienes que la autoridad presuma de procedencia ilícita.
La Ley de Seguridad Nacional, que equipara delitos fiscales a delincuencia organizada e impone prisión preventiva forzosa por esos delitos.
La Ley de la Guardia Nacional, porque otorga a ese cuerpo facultades de investigación y de intervención que podrían ser violatorias de garantías constitucionales.
La Ley Nacional de Uso de la Fuerza, porque no incorpora criterios internacionales de uso de la fuerza a los que México está obligado constitucionalmente. La Ley Nacional de Registro de Detenciones, porque no regula con claridad las obligaciones de las fuerzas armadas con sus detenidos.
Hay amparos pendientes contra la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y del Tren Maya. Medio país legal está sujeto a escrutinio de la Corte.