Las modificaciones constitucionales que los pueblos y comunidades indígenas han exigido desde hace casi dos décadas están por hacerse realidad, sin embargo, la pandemia ha impedido que se cumplan los últimos pasos para que finalmente puedan discutirse y votarse en el Congreso de la Unión, acción indispensable para garantizar sus derechos
Las exigencias de un cambio resuenan desde hace casi 20 años. En el 2001 se realizó la última reforma constitucional para garantizar los derechos indígenas, la cual, a pesar de haber sido aprobada en su momento sin muchas dificultades, expertos aseguran no cumplió su objetivo.
En el 2003, académicos en la materia y organizaciones defensoras de los pueblos originarios solicitaron al Congreso de la Unión reabrir el debate sobre la necesidad de una modificación constitucional en la materia, pues lo logrado el 14 de agosto de dos años antes, no atendió los planteamientos fundamentales de los pueblos indígenas, ya que se les consideró como sujetos de interés público y no de derechos.
En el 2017, la entonces Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, reafirmó la importancia de volver a legislar sobre las necesidades de este grupo poblacional
Tres años después y ya con Andrés Manuel López Obrador como titular del Ejecutivo federal, quien carga con la promesa de poner especial atención a estas personas y comunidades, finalmente se vislumbra la oportunidad de saldar un pendiente de casi dos décadas.
Proceso de construcción
Para lograr un consenso entre las distintas comunidades y que la reforma constitucional que se está preparando sobre los “Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos” sea un éxito, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), llevó a cabo el año pasado (del 21 de junio al 4 de agosto), 54 Foros Regionales de Consulta para construir una iniciativa de ley, a través de los cuales se conjuntaron las voces y propuestas de representantes y autoridades.
“La última reforma constitucional publicada en 2001 no atendió los planteamientos fundamentales de los pueblos indígenas, ya que se les consideró como sujetos de interés público, como si los pueblos fueran materia, fueran un objeto o sujetos pasivos de las políticas públicas.
“Por eso hoy demandan ser considerados ‘sujetos de derecho público’, sujetos para construir su propio destino, para determinar su condición política y, al mismo tiempo, decidir libremente su desarrollo económico, social y cultural”, asevera Adelfo Regino Montes, titular del INPI.
El representante de las comunidades originarias en el país relata que hace casi un año, el 9 de agosto de 2019, se entregaron todas las propuestas para la iniciativa de reforma constitucional al presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado de Durango, la cual, ya fue examinada por el Comité Técnico de Expertos del Proceso de Consulta para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, sin embargo la crisis sanitaria los ha retrasado.
“Una vez que las condiciones de la pandemia lo permitan, solo debemos ponerla a consideración del Comité Nacional de Enlace del Proceso de Consulta a fin de recibir la retroalimentación final para que la iniciativa de reforma sea finalmente entregada al titular del Ejecutivo Federal para su respectivo análisis y su correspondiente envío al Congreso de la Unión”.
Nuevos derechos indígenas
Con la reforma del 2001 se establecieron reconocimientos elementales como la composición pluricultural del país sustentada en los pueblos indígenas, el origen de éstos y sus instituciones; su derecho a la libre determinación y a cierta autonomía.
Se homologó el artículo 2 con lo que establece el Convenio 169 de la OIT y se tipificó la discriminación como un delito.
Ahora, lo que se busca es declarar a la nación mexicana como una unidad constituida en su diversidad y sustentada en la identidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Además del reconocimiento como sujetos de derecho público, que es un instrumento fundamental para que por la vía jurídica se defiendan sus garantías individuales, destaca un nuevo elemento muy relevante.
James Anaya, Exrelator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante un foro virtual realizado por el INPI el 9 de agosto pasado, resaltó que la reforma que se busca incorpora un elemento muy relevante, pues afirma que los procesos jurídicos deberán tomar en cuenta no sólo las especificidades culturales, sino también los sistemas normativos de los pueblos indígenas, lo cual es algo nuevo y sumamente importante.
Con la reforma del 2001 se establecieron reconocimientos elementales como la composición pluricultural del país sustentada en los pueblos indígenas, su derecho a la libre determinación y a cierta autonomía
Durante el mismo evento, Lina Pohl Alfaro, representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), afirmó que éste es un tema moral y de justicia, pues el reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público es indispensable para el mundo.
“Colaborar de la mano de los pueblos indígenas representa una oportunidad única para adaptar soluciones basadas en la naturaleza y reinventar la economía ante el cambio climático”.
Por último, Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general de Derechos Indígenas del INPI, culminó el foro virtual asegurando que “así como en el año 2001 la libre determinación y autonomía se convirtió en un derecho que articuló otros derechos fundamentales, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, será la piedra angular de esta iniciativa de reforma”.