El ex secretario de turismo y ex diputado por el Partido Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez Cisneros, lleva un año escondiéndose de la ley, recurriendo a argucias legales y viéndose beneficiado por la red de protección que tejió durante muchos años, y hasta por la pandemia que paralizó la impartición de justicia.
Pero no hay plazo que no se cumpla, y el 23 de septiembre próximo al mediodía, Álvarez Cisneros deberá comparecer ante la juez Nancy Aguilar Tovar, la misma que lo ha venido favoreciendo hasta el extremo de lo absurdo: suspender una audiencia por falta de sala. El ex diputado y patriarca moral del Partido Movimiento Ciudadano en Morelos ha recurrido a todo tipo de marrullerías para evadir la acción de la justicia que lo busca como probable responsable de haber contratado a Manuel Mijares y Emmanuel a un precio muy por encima del real para un concierto en la Arena Teques el 17 de mayo del 2014.
La Fiscalía Anticorrupción no ha cejado en su pretensión de tenerlo tras las rejas, para lo cual ha echado mano de recursos legales poco comunes. Por ejemplo, ¿había sabido usted de una orden de aprehensión para notificarle de que hay una acusación en su contra? Pues así lo hizo el fiscal anticorrupción Rodolfo Nuñez Urquiza, quien se aventó la puntada de solicitar a un juez que le concediera una orden de aprehensión en contra de Jaime Álvarez Cisneros para poder notificarle que hay una acusación en su contra interpuesta por el gobierno del estado a través de la consejería jurídica.
La solicitud recayó en la juez Nancy Aguilar Tovar, quien negó rotundamente la petición que a simple vista se nota que es absurda. Eso ocurrió el 20 de septiembre pasado, por lo que la Fiscalía Anticorrupción interpuso el recurso de apelación, mismo que fue desahogado en audiencia de fecha 29 de octubre del 2019 en la Sala dos de juicios orales del Tribunal Superior de Justicia.En dicha audiencia, los magistrados que integran la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, resolvieron por unanimidad ratificar la decisión de la jueza, negando la orden de aprehensión en contra del ex secretario de Turismo.
Por si las dudas, Jaime Álvarez tramitó un amparo ante la Justicia federal, mismo que fue negado simplemente porque ninguna autoridad admitió haber librado orden en su contra.
Por fin pudieron hacerle la notificación para que compareciera ante un juzgado penal el 19 de febrero de este año. Propios y extraños se quedaron con la boca abierta cuando la jueza Nancy Aguilar Tovar salió al pasillo a gritar que se suspendía la audiencia programada para ese día a esa hora “porque no hay sala disponible”.
Nunca se había visto algo así. El dos de marzo, en audiencia ante la misma jueza, la Fiscalía Anticorrupción presentó más de 30 datos de prueba para sustentar la acusación contra el exsecretario de Turismo, quien presuntamente aprobó el pago millonario a tres empresas de las denominadas "fachada" por la organización, contratación y presentación de los artistas.
“Hoy 2 de marzo, en la sala 1 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, se realizó la audiencia de imputación relacionada con la causa JC/1207/2019, en la que se estableció que la contratación de las empresas para el espectáculo, se realizó sin licitación y se pagó mucho más que en otros estados, como Puebla, donde los cantantes cobraron dos millones 400 mil pesos”, informó la Fiscalía Anticorrupción mediante un boletín.
También mencionó que, de acuerdo con el testimonio del representante de los cantantes, el costo por concierto incluyendo producción, logística, mobiliario, seguridad y más, es de máximo seis millones de pesos.
Ante la solicitud del agente del Ministerio Público, se fijaron como medidas cautelares que el imputado no puede salir del país y tampoco puede acercarse a la Secretaría de Turismo, en tanto la jueza otorgó 144 horas para la realización de la audiencia de vinculación a proceso.
La audiencia fue pospuesta para el 29 de abril, pero entonces vino la suspensión de labores por la pandemia del coronavirus, y Jaime Álvarez pudo pasar la cuarentena en alguna de sus ocho casas (al menos esa fue una de las dificultades que tuvieron los actuarios para poder notificarlo).El pasado 5 de agosto, la jueza consideró que, en virtud de que el Tribunal Superior de Justicia ordenó la reanudación de plazos y términos procesales a partir del 17 de agosto del 2020, se señalan las doce horas del día 23 de septiembre del 2020 para que tenga verificativo la formulación de imputación. “...debiéndole hacer del conocimiento al imputado de mérito, que queda subsistente del apercibimiento decretado en audiencia de fecha ocho de marzo de dos mil veinte, en el sentido que en caso de no comparecer sin causa justificada, será declarado sustraído de la acción de la justicia y previa petición de la Fiscalía se girará orden de aprehensión en su contra”. Es decir, no tiene escapatoria.
Y en una de esas, le aplican la de “Rosario Robles” y no lo dejan salir. Y es que en seis meses las cosas han cambiado mucho en el Poder Judicial de Morelos. La magistrada que cuidaba los intereses del grupo graquista, Carmen Cuevas, ya no es presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Es más, ya ni es magistrada. En su lugar está Rubén Jasso Díaz, quien ocupa la presidencia pero está como “condicionado” por sus compañeros magistrados para ver si lo dejan o no en el cargo.
Y la polémica jueza Nancy Aguilar Tovar es una de las integrantes del Poder Judicial que creen tener los merecimientos para ocupar una de las magistraturas que quedaron vacantes luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diluyó aquel regalo que les dio el gobernador Graco Ramírez a los integrantes del pleno. Una resolución mal fundada podría echar por tierra sus aspiraciones, sobre todo cuando la decisión final está en manos de otro poder, el legislativo. O sea que esa audiencia, programada para el 23 de septiembre, será un acto eminentemente jurídico, pero con muchas connotaciones políticas. HASTA MAÑANA.