Necropolítica
A fines de abril, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer que, de los 37 países miembros, México era el que menos pruebas de coronavirus aplicaba.
Mientras que el promedio del grupo era entonces de 22 por cada mil habitantes, México sólo aplicaba 0.4 por cada mil.
Cuestionado al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vocero de la estrategia gubernamental contra el covid-19, dijo que no debía buscarse algo anormal en dicho dato.
“¿Nos faltan pruebas? La respuesta es no”, afirmó. “Las pruebas tienen un objetivo y ése es el de la vigilancia epidemiológica. Los casos se registran al 100% y a ese 100% se le debe hacer pruebas”.
Si bien México ha multiplicado por 22 las pruebas por cada mil habitantes —hoy lleva 9.11—, el país todavía está en el sótano de la OCDE en ese rubro y en el lugar 152, de 215, a nivel mundial. López-Gatell sigue defendiendo la idea de que las pruebas se apliquen sólo a quien muestra síntomas y no como un medio para encontrar a otros portadores.
El tema de las pruebas vuelve a ser relevante ahora que la Secretaría de Salud insiste en que hay un descenso en la curva de contagios. Siendo esto cierto, dicho descenso se hace acompañar de otro: el de la aplicación de pruebas.
Desde hace cuatro semanas el número de personas examinadas ha venido bajando. Del domingo 19 de julio al sábado 25 de julio, la Secretaría de Salud dio cuenta de 96 mil 459 pruebas. La siguiente semana, del 26 de julio al 1 de agosto, fueron 87 mil 117; luego, del domingo 2 al sábado 8 de agosto, fueron 86 mil 197, y del sábado 9 al domingo 16 de agosto, fueron 79 mil 312 pruebas.
No sé si pueda hablarse de intencionalidad, pues no hay evidencias para decir algo así. Por lo mismo, probablemente tampoco deba hablarse de causalidad —esto es, a menor número de pruebas, menor número de personas contagiadas—, pero sin duda hay una correlación: decrecen pruebas y decrecen contagios.
Esa situación la han hecho notar diversos especialistas. Entre ellos el matemático Arturo Erdely, de la UNAM, quien, el sábado pasado, comentó en Twitter: “México tiene aproximadamente 129 millones de habitantes. Deberíamos, entonces, estar aplicando 129 mil pruebas por semana, esto es, un promedio de 18 mil 400 pruebas por día, pero aplica menos de 12 mil 500 (y bajando) y todavía con un elevado nivel de positividad de 47.3 por ciento”.
Para apoyar su dicho, el investigador adjuntó los criterios epidemiológicos de la Organización Mundial de la Salud para hablar de que esta epidemia está bajo control: menos de 5% de muestras positivas por covid-19 durante al menos dos semanas, asumiendo que la vigilancia de casos sospechosos es exhaustiva, es decir, en el orden de una prueba por cada mil habitantes por semana.
En un artículo publicado el domingo pasado en el diario madrileño El País, la ensayista y traductora Marta Rebón escribió: “El término necropolítica se acuñó para describir las prácticas de poder por las que unos se arrogan el derecho de exponer a otros a la muerte”. Aunque la autora de En la ciudad líquida se refería en su texto al limbo burocrático en el que viven los trabajadores agrícolas inmigrantes en el sur de España, me parece que la frase se puede aplicar perfectamente a quienes gestionan una respuesta al covid-19 que no incluye pruebas suficientes, ni la recomendación de usar el cubrebocas, y todavía se atreven a pronosticar que pronto saldremos de la epidemia.
buscapiés
A simple vista, la entrega de dinero, presuntamente de Pemex, a dos trabajadores del Senado tiene toda la pinta de ser un acto de corrupción. Pero el debido proceso tiene sus reglas, y si hay que decidir entre la revelación de un video que sirva para sólo quemar políticamente a integrantes de un partido, o al partido mismo, y un acto de justicia que siga un camino más complicado y discreto hasta convertirse en un verdadero inhibidor de actos ilegales, me quedo con lo segundo.