Sobre la ley, la moralina
Corrupción e impunidad es el binomio que impide a México superar la indignante condición de desarrollo en que se encuentra, pese a figurar en el lugar 11 (según el Banco Mundial) o 15 (para el Fondo Monetario Internacional) entre las economías de los 194 países que reconoce la Organización de las Naciones Unidas. Abismalmente distante de la riqueza de Estados Unidos y China (segunda potencia), está por arriba de Argentina pero debajo de Brasil, atrás de Australia y España pero adelante de Turquía, Indonesia o Arabia Saudi (todos éstos, de los 20 estados menos jodidos del planeta). Y qué vergüenza: con territorio casi 20 veces más pequeño (100 mil 210 kilómetros cuadrados) y menos de la mitad de población (51.6 millones de habitantes), Corea del Sur nos supera en todo.
La deshonestidad en el servicio público y la propensión de amplios sectores de la sociedad a cometer marrullerías repercuten en la magra recaudación fiscal y los deficientes servicios clave de gobierno, sobre todo en seguridad, salud, educación y ciencia.
El acierto de poner bajo su mira el combate a la corrupción y la proclama “primero los pobres” explica la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, pero lo primero será estéril si continúa tolerando la impunidad y lo segundo nunca se resolverá con dádivas clientelares.
Plena coincidencia con AMLO: el video de los billetes recién divulgado “muestra la inmundicia del régimen de corrupción”, pero no en que eso era lo “que imperaba”. ¿O qué, por obra y gracia de su imaginación el problema quedó ya erradicado? ¿Y el turbio 70 por ciento de contratos de obra otorgados por asignación directa?
Desconocimiento de las leyes, anticipación de vísperas, facilidad y frecuencia con que dice mentiras, desprecio por los organismos independientes, frecuentes dislates, repulsión a todo lo que le huela a “neoliberal” y desinformación son algunas de sus debilidades, como lo demuestra el número de veces que ha dado en falso por “aplanada” la curva de la pandemia, sus llamados a la Fiscalía General de la República para que revele indagaciones que por ley debiera mantener bajo reserva, el nuevo y desatinado reproche a los medios porque dizque no le dan importancia al nuevo videoescándalo, o su condena de ayer (como si fuese una marranada) al refrendo de concesión a la Administración Portuaria Integral de Veracruz, propiedad del Estado mexicano: “Me acabo de enterar de que el puerto de Veracruz se lo concesionaron a una empresa, primero, por 50 años, y 10 días después que ganamos, esa empresa recibió otra concesión ampliándole el plazo 50 años más. ¡Imagínense, una concesión del puerto de Veracruz de un siglo! ¿Cómo es que firmaron eso? Y así está todo…”.
La actuación del Presidente sería diáfana y plausible si renunciara al enfoque moral que tiene de la vida pública y optara, simplemente, por acatar lo que prometió en su toma de protesta: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ésta emanan.