Prueba de fuego
Para los colegas de Nexos
“Cuando usted ve a un juez o a un magistrado sentado en una corte, está viendo el resultado de mil años de evolución legal”, dice la página web del Courts and Tribunal Judiciary, el Poder Judicial de Inglaterra y Gales.
Hasta finales de la Edad Media, en muchas partes de Europa la responsabilidad de los inculpados se determinaba en una ordalía –del inglés ordeal, experiencia dolorosa o terrible–, un juicio en el que se invocaba la divinidad y se echaba mano de mecanismos ritualizados de justicia.
Entre nobles, la razón jurídica podía decidirse en una batalla entre acusador y acusado. Para juzgar a la población común se recurría a torturas causadas por el fuego o el agua. En ambos casos, se pensaba que quien superaba la prueba sin morir o sin sufrir mayor daño tenía el beneplácito de Dios y, por tanto, era considerado inocente.
De ese tipo de juicios derivan las expresiones, aún usadas en nuestros días, de “meter la mano al fuego” y “prueba de fuego”. En esos tiempos, la autoridad no investigaba los crímenes, sino intervenía a petición del quejoso. Había distintos tipos de prueba, dependiendo de la gravedad de la falta. Por ejemplo, había ordalías que consistían en meter la mano en agua hirviendo, caminar sobre carbones encendidos o sujetar un hierro candente. Si la quemadura sanaba, el acusado era inocente; si había gangrena, era culpable.
Este tipo de juicios fue abolido en Inglaterra durante el reinado de Guillermo II (1087-1100), pero no tanto por la modernidad del monarca, sino porque los hombres juzgados por robar sus venados habían salido indemnes de las pruebas impuestas.
De ahí se pasó a un sistema de jurado compuesto de personas designadas por el rey, generalmente miembros de la Iglesia. El número limitado de jueces obligaba a que fueran itinerantes, lo cual dio lugar a la expresión “circuito” en el derecho moderno.
Tomó siglos para llegar a un Poder Judicial independiente del soberano y que este sistema fuese adoptado por la mayoría de los países.
Venimos de lejos. Ha costado trabajo instaurar el debido proceso judicial, cuyo pilar es la presunción de inocencia. El judicial es el menos desarrollado de los poderes y, por lo mismo, el más endeble.
En México, la independencia de los tribunales no llega todavía a las tres décadas de vida. Mucho hemos avanzado, pero son reales las posibilidades de retroceder a un sistema de justicia dominado por el Ejecutivo, es decir, por la política.
De hecho, nos encontramos en una encrucijada. La combinación de un Presidente de la República que ganó el cargo con una gran legitimidad y la realización de un proceso altamente relevante para la vida pública ha abierto la puerta para que se escapen muchas de las garantías que se han acumulado.
Andrés Manuel López Obrador cree en la justicia de la plaza, no en la de los procedimientos. Apela a que el “tribunal de la conciencia” sustituya al debido proceso. Su visión de la ley remite a los tiempos de las ordalías o el derecho real. Dice que si hay que escoger entre la justicia y la ley, él se queda con la primera, como si fuesen cosas que pueden vivir separadas.
El caso Lozoya está poniendo a prueba la independencia del sistema de justicia. Apenas estábamos estrenando una fiscalía autónoma, encargada de la procuración, y ya hay razones para pensar que esa institución corre el riesgo de ser absorbida por el remolino de los antojos del Ejecutivo.
Como he escrito aquí antes, este caso podría ser paradigmático para la aplicación de la ley y significar una ruptura en la tradición de convertir en farsa la lucha contra la corrupción.
Desgraciadamente, el desenlace parece depender de la voluntad de un hombre. El presidente López Obrador podría hacer mucho por la consolidación del Estado de derecho si dejara que la Fiscalía General de la República trabaje como dicta el marco legal y el debido proceso o bien, puede ser el enterrador de la autonomía de la procuración y la administración de justicia si insiste en intervenir con sus opiniones en el proceso, con lo que ha creado un clima de opinión adversa a los señalados por Lozoya en su denuncia.
Es la prueba de fuego.