Sedena dice que ellos no pueden indagar, pero colaborarán con autoridades; hay denuncia ante la FGR desde el 11 de julio y se iniciaron peritajes
Investigan a Ejército por ejecución
Después de que EL UNIVERSAL informó que elementos del Ejército ordenaron matar a un civil en un enfrentamiento la madrugada del 3 de julio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, investigar los hechos, porque en su gobierno no se permitirá ese tipo de prácticas.
“Se denunció en el periódico EL UNIVERSAL de un posible delito cometido por un miembro del Ejército, al rematar a un herido. Hubo un enfrentamiento y parece que hubo un lesionado, eso es lo que señala el periódico, y que se ordenó que lo remataran”, indicó el Presidente.
Un video en poder de EL UNIVERSAL revela que una persona se encontraba viva en la caja de una pick up que acababa de recibir más de 200 disparos.
La persona está rodeada de cuerpos y frente a militares apuntándole con armas y lámparas; ellos gritan: “¡Está vivo!”, y le ordenan: “¡Mátalo, a la verga!”.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dijo en entrevista para la publicación del reportaje que para ellos “si hay un delito, la secretaría investiga y sanciona. Si alguien comete un crimen, aquí no hay impunidad. No existe que se solape a nadie o algún ilícito, si alguien es responsable de una acción se procede conforme a derecho”.
El Presidente remarcó que desde antes de que él llegara al gobierno ya había una instrucción en las Fuerzas Armadas, tanto en la Secretaría de Marina como en la Sedena, de cuidar los protocolos para la protección de los derechos humanos; “a partir de que nosotros llegamos esto se ha reforzado”, expresó.
“Contamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas y tanto el secretario de Marina como el secretario de la Defensa Nacional están pendientes de que no haya violación a los derechos humanos. No es de esa manera como se consigue la paz”, aseveró.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el encargado de comunicación, el coronel Francisco Antonio Enríquez Rojas, especificó que “la postura del Presidente es lo que habíamos comentado: si hay un delito, que se investigue. El procedimiento ahora, de conformidad con las modificaciones al artículo 57 del Código de Justicia Militar, dice que siempre que haya un civil involucrado pues le corresponde al Ministerio Público civil llevar la investigación y nosotros pues [tener] total apertura y colaboración”.
El 11 de julio, Raúl Tercero puso una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) contra la Sedena por el homicidio culposo de su hijo Damián Jenovés Tercero.
Damián, de 18 años, apenas tenía seis meses de vivir en la ciudad fronteriza cuando desapareció junto a su hermano el 24 de junio cuando caminaban rumbo a su casa.
Días más tarde sería presentado como un presunto delincuente abatido por elementos del Ejército. De su hermano nada se sabe.
Día después, EL UNIVERSAL reveló que Damián y otros dos jóvenes estaban secuestrados, con las manos y pies atados, e iban en la caja de la pick up a la que el Ejército disparó. En esta misma caja es donde una persona se mueve en el video luego del alto al fuego por parte de los soldados y de que ordenan matarla.
Como se ha señalado, la diferencia de estos tres cadáveres con los demás es la cantidad de impactos de bala que tienen. Sólo presentan un tiro, dos de ellos en el tórax y el otro en la cabeza, hechos entre uno y tres metros de distancia.
Desde que se presentaron las denuncias, la defensa de los familiares de las víctimas no ha recibido respuesta por parte de la fiscalía. A la fecha no se han rendido los informes que han solicitado: número económico de los vehículos que participaron, nombres, apelativos y cargos de todos los elementos que intervinieron en los hechos del 3 de julio y el perfil laboral de cada militar.
También se pidió que pusieran a disposición todas las armas que se usaron, que se mandara citar a los implicados para ser interrogados y se requirieron las medidas cautelares para que se arraigara a cada uno de los participantes, pero nada de esto ha pasado.
Para Martín Alvarado, abogado de las familias, el hecho de no recibir ninguna respuesta de las autoridades se entiende como protección: “Siempre lo hemos sabido. Siempre se han protegido entre sí. La fiscalía nunca hará nada en contra de los soldados. Por eso retrasan y entorpecen la impartición de justicia”, dijo.
Fuentes federales confirmaron a este diario que los peritajes correspondientes, como foto y audio de las carpetas de investigación acusando a la Sedena de homicidio, ya iniciaron en la FGR, y se esperan los resultados.