* RESCOLDO DE YÁÑEZ
Resulta que Cuauhtémoc Blanco Bravo, presidente municipal de Cuernavaca, no se manda solo y fue acusado ayer de mentiroso cuando envió policías para impedir la labor de mujeres indígenas vendedoras de artesanías, con quienes el martes “se había comprometido” a dejarlas trabajar. En la columna anterior ponderé la supuesta decisión del edil capitalino para reubicar a 42 vendedoras indígenas en las inmediaciones de la Plaza de Armas, pero a juzgar por las apariencias la acción no fue asumida por Blanco Bravo, sino por Roberto Yáñez Moreno (recientemente cesado en el cargo de secretario del Ayuntamiento) a través de uno de sus principales rescoldos en la comuna: Arturo Flores Solorio, director general de Gestión Pública, a quien jamás se le ha dado la política. Decía Don Lauro Ortega: “Lo peor es tener cerca de nosotros a un pen… tonto con iniciativa”. Y yo diría: “Con estos amigos, para qué quiere enemigos el alcalde cuernavacense”.
Antes de seguir con el tema quiero ir a los antecedentes, estimado lector. Flores Solorio nunca ha sido prototipo del político. Hace muchos años fue priísta, luego se afilió al PRD para conseguir la candidatura a diputado por el sexto distrito de Jiutepec (2012). Ayudado por su primo, el ahora senador Rabindranath Salazar Solorio, Flores Solorio ganó un espacio en el Congreso local, donde el 24 de febrero de 2015 volvió a hacer otro berrinche cuando el PRD escogió a José Manuel Agüero Tovar como su candidato a presidente municipal de Jiutepec. Y decidió afiliarse a Morena secundando al senador Salazar Solorio, quien desde su escaño senatorial ya se había sumado al proyecto de Andrés Manuel López Obrador.
Infortunadamente para el flamante director general de Gestión Pública del Ayuntamiento, nunca ha satisfecho el perfil que presume. Así llegamos a tiempos recientes. Al comienzo de la administración de Cuauhtémoc Blanco (enero de 2016) fue incrustado donde ahora causa problemas, debido a su actitud siempre zalamera con Roberto Yáñez Moreno, su compañero en la Legislatura 52, a quien casi le cargaba el portafolios recordando sus primeros pasos en la función pública en el Fideicomiso de Seguridad Pública durante el sexenio de Sergio Estrada Cajigal (2000-2006). Ahí fue fiel cancerbero de José Ventura Valle, entonces titular del FOSEG (hoy Subsemun). Y a su paso por el Congreso morelense tampoco destacó, ni utilizando la tribuna, ni en comisiones. Por todo lo antes expuesto, Flores Solorio llamó la atención tras ser colocado en un área donde se requiere a un experto en el manejo político, con gran pericia para alcanzar acuerdos. Etcétera, etcétera. Conclusión: como político es una nulidad. Por lo demás, es obvio que el multicitado personaje le causará más problemas al alcalde Blanco Bravo, sobre todo si sigue apareciendo como “gestor de soluciones” alrededor del conflicto de vendedores ambulantes y semifijos en la Plaza de Armas. Estaremos pendientes y después diremos.
El diputado Jesús Escamilla se lanzó en contra de la secretaria Patricia Mora en la noche del martes, pero no esperó mucho para recibir la respuesta. El legislador impugnó el desabasto de medicamentos en los centros de salud y logró la aprobación de un exhorto turnado al Ejecutivo para que la funcionaria presente al Congreso un informe sobre el tema. Al margen de que tales datos lleguen por escrito, la Secretaria de Salud respondió al cuestionamiento ayer por la mañana: el abasto de medicinas supera el 90 por ciento y el porcentaje restante se retrasa por causas no imputables a su dependencia.
La entronización de Enrique Ochoa como nuevo dirigente nacional tricolor, generó una expectativa que permite advertir la ruta trazada por su partido para enfrentar los retos electorales de 2017 y, particularmente, de 2018: el combate a la corrupción. La interrogante parece ser hasta dónde la cúpula priísta que gobierna el país dejará llegar al nuevo presidente del comité nacional en su propósito de vigilar y sancionar a los gobernantes del PRI por posibles actos de corrupción, y la respuesta parece encontrarse en la acometida de Los Pinos, a través de la PGR de Arely Gómez, sobre el blindaje que buscaban otorgarse los salientes gobernadores de Veracruz y Quintana Roo. ¿Será verdadero el cambio de perspectiva priísta en cuanto a la corrupción? ¿Se trasladará la vigilancia al nivel de los alcaldes y diputados? Pocos lo creen.