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SERPIENTES Y ESCALERAS

Los alcaldes y la policía

Es fácil que los alcaldes digan que saldrán del Mando Coordinado. ¿A ver que lo hagan?

Los hechos violentos de la semana pasada en la colonia Antonio Barona de Cuernavaca revivieron un debate añejo entre los presidentes municipales: la eficiencia del Mando Coordinado de Policía. La matanza de diez personas generó molestia ciudadana e hizo que algunos alcaldes reaccionaran en contra de la estrategia de seguridad estatal; a través del Instituto de Fortalecimiento Municipal amenazaron con no renovar el convenio si el gobierno estatal no les reintegraba el 5 por ciento de participaciones federales. La advertencia está ahí, a ver quién da el siguiente paso.

A nadie queda duda que los resultados de la estrategia de seguridad en el estado no son los que todos quisiéramos; desde cualquier ángulo que se mire el plan implementado por la CES ha sido deficiente y prueba de ello son los elevados índices de inseguridad y violencia que prevalecen en todos lados.

La falla en la estrategia de seguridad no solo se contabiliza en vidas, también cambió los hábitos de muchas personas y provocó una severa afectación económica en distintos sectores; el fracaso en el plan de pacificación se puede percibir en el deterioro de la confianza hacia del gobierno estatal, incluido el daño paulatino y constante de la figura de Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Es comprensible que el jefe del ejecutivo defienda al comisionado de seguridad, porque se trata de un personaje certificado por la federación y enviado desde el centro del país a Morelos; una y otra vez el gobierno de México ha reiterado su apoyo a José Antonio Ortiz Guarneros, no obstante las cifras que derivan de su trabajo están lejos de ser buenas.

El jefe del ejecutivo morelense sigue la línea presidencial y avala el trabajo del marino con todo y los constantes hechos de violencia y la nula capacidad de reacción de la policía local; en el gabinete están conscientes de que nada de lo que hagan será apreciado si antes no se resuelve el problema de seguridad, pero el enfoque operativo y estratégico de Guarneros en lugar de tranquilizar la entidad, ha convertido a Morelos en un polvorín y tierra fértil para todos los grupos delictivos.

Incluso en el manejo de la información mediática y la reacción de los jefes policiacos el problema es grave: la sociedad es testigo mudo de los hechos de violencia que ocurren en la entidad: balaceras, ejecuciones, levantones, secuestros, robos y asaltos en todas sus modalidades y contra todas las personas; cada vez que esto ocurre destaca la ausencia del comisionado de seguridad y de su equipo, pareciera que al marino no le interesa socializar las acciones que lleva a cabo su oficina o peor, que le da miedo retar o mencionar a los grupos delictivos.

En otras áreas del gobierno estatal las cosas han ido tomando rumbo en los últimos meses; la pandemia y su manejo no solo ayudó al gobernador a recuperar algunos puntos en la confianza popular, también concedió a los secretarios un tiempo para replantear proyectos y objetivos y enfocar mejor sus fuerzas. No todos por supuesto, pero algunos funcionarios aprovecharon la cuarentena para mejorar el funcionamiento de sus respectivas dependencias.

No fue así en el caso de seguridad: en materia de prevención del delito y combate a los grupos de la delincuencia organizada, la pandemia ha servido para fortalecer a quienes operan al margen de la ley. En muchas ocasiones se ha notado que los operativos y los resultados positivos son de la Fiscalía, pero es la Comisión Estatal de Seguridad la que se cuelga la medalla.

Me refiero a una situación que no es secreto para nadie, está a la vista y representa un punto muy sensible para cualquier autoridad. Cuando no funciona la estrategia de seguridad el costo lo asume todo el gobierno; si la violencia prevalece en la entidad, las demás acciones gubernamentales quedan opacadas, disminuidas o simplemente desaparecen.

En todos los estudios de percepción que se han levantado en los últimos meses hay una constante: la mayor preocupación de la gente es la crisis económica, seguida de la inseguridad. En Morelos enfrentamos ambas cosas sin muchos elementos a favor: la entidad arrastra pasivos heredados muy importantes que se agudizaron por la caída de la recaudación, mientras que la inseguridad y la violencia, por el contrario, aumentan sin control y sin que exista un plan que impida su crecimiento por todos lados.

Todo lo anterior lo ven y lo entienden los presidentes municipales, de ahí su reclamo y amenaza; a pesar de ello y tomando en cuenta todo lo anterior, lo que vale la pena observar es la posibilidad de que el ultimátum prospere, es decir, que los ediles puedan realmente tener bajo su control el manejo de las policías. Explico:

Centralizar el mando policiaco partió de la idea de sumar esfuerzos humanos, materiales y económicos en una guerra que no puede ganar un ayuntamiento por si solo; pongamos dos datos: Cuernavaca, la capital, concentra la mayor fuerza policial de la entidad y tiene el 40 por ciento de todos los elementos de la CES; Jiutepec, un municipio con alta incidencia delictiva, tiene apenas 160 policías para atender las labores de prevención. Hay otras comunidades en donde la fuerza policial apenas supera la docena de uniformados.

El problema no es solo la limitada capacidad de respuesta que tendrían las autoridades municipales si nuevamente tuvieran en sus manos el control de la policía; frente a ello está un aumento exponencial de la delincuencia, la multiplicación de las células criminales, la presencia de varios grupos criminales y la actividad de diversos cárteles del narcotráfico.

Enfrentar esta situación ha sido difícil para la policía estatal con una base operativa y equipo mayor al de cualquier autoridad municipal; dar la pelea por separado no solo es absurdo, sería sumamente peligroso para los ediles. Hoy muchos gobiernos municipales sufren el acoso de los grupos delictivos, pero tienen la posibilidad de zafarse del problema al demostrar que ellos no tienen el control de los policías y por consiguiente no pueden realizar acuerdos de ningún tipo en relación con la seguridad. ¿Qué pasaría si ahora sí manejaran a sus policías?

El Morelos de hoy no es el mismo que había antes de que el gobierno anterior les quitara el control de las policías a los ayuntamientos; en estos años las cosas en lugar de mejorar se han agravado, los niveles de inseguridad no solo se incrementaron, también la violencia escaló a un nivel que no conocíamos, con elementos, acciones y recursos que superan fácilmente la capacidad de respuesta de las autoridades.

El amago de los presidentes municipales de salirse del convenio de Mando Coordinado de Policía es comprensible en función de los malos resultados de la CES, pero no es fácil de llevar a cabo. Ningún ayuntamiento tiene la fuerza para enfrentar a los grupos delictivos que actualmente operan en Morelos y lo peor, todos los presidentes municipales se convertirían en blanco directo de los criminales en el momento que retomen la jefatura de los policías.

A nadie le conviene que una situación así ocurra: al gobierno estatal le pesaría que los munícipes retiraran su apoyo al Mando Coordinado o que simplemente lo evidenciaran como un plan fallido; en todo caso lo que se necesita es que los municipios y el gobierno estatal se sentaran a dialogar sobre el tema, que el comisionado de seguridad acepte la opinión de los ayuntamientos y en conjunto armen un plan de trabajo que pueda ser supervisado permanentemente y que los involucre a todos.

A nadie queda duda que la estrategia de seguridad en el estado no ha funcionado y que en muchos sentidos las cosas en lugar de mejorar han empeorado; esto no debe sorprendernos, porque el plan que ha implementado el comisionado de seguridad de Morelos es una derivación del que a nivel federal lleva a cabo el secretario Alfonso Durazo y en el país la situación está fuera de control.

Pero no se trata de apechugar que es mal de muchos, sino de buscar alternativas que ayuden a que las cosas mejoren, porque el fracaso en los planes de la CES se contabiliza en muertos, en familias destruidas, en negocios cerrados, en comunidades aterradas, en autoridades municipales amenazadas y en un gobierno estatal desgastado.

El Mando Coordinado de Policía en Morelos no funciona y no da resultados, pero regresar a las policías municipales tampoco es una salida viable. Lo que se requiere es que los involucrados en el tema, alcaldes, gobernador y jefes de policía dialoguen, discutan, incluso se reclamen, pero al final tomen acuerdos.

No se puede defender lo indefendible, pero tampoco se puede dar un salto al vacío por un arrebato.

posdata

El Partido Encuentro Social va armando su estrategia rumbo al 2021: ya tiene un documento oficial que le abre la puerta a una coalición y sigue sumando figuras a su causa; recientemente varios alcaldes decidieron ponerse la camiseta del PES.

El objetivo de ese partido, como el de muchos, es no perder el registro en la siguiente elección; reclutar a presidentes municipales apuesta a ello, aunque por los personajes y municipios de los que se trata no está garantizado que el plan funcione.

La de Encuentro Social es una estrategia muy parecida a la que en el pasado reciente implementó Rodrigo Gayosso; recordemos que el hijastro apostó por la compra de voluntades y la suma de políticos en activo a su proyecto. El perredista lo hizo durante tres años pensando en la reelección, invirtió mucho tiempo y dinero en el tema y al final, aunque se llevó a una gran cantidad de diputados y presidentes municipales, los votos que obtuvo no le alcanzaron.

El tiempo dirá si esta nueva versión de chapulineo político funciona electoralmente y si en esta mutación partidista no se topan con alguna restricción legal para competir por un partido distinto sin haber renunciado a tiempo a su anterior militancia.

Más allá de formalidades jurídicas, lo interesante será observar si el plan que fracasó en el pasado con el PRD funciona en el presente con el PES, si la suma de este tipo de personajes revive a una institución en declive y sobre todo si el PES consigue los sufragios necesarios para no desaparecer.

Recordemos un punto sustantivo en este asunto: lo que hizo fallar el plan de Gayosso no fueron los nuevos liderazgos, sino el desgaste del gobierno estatal; no había manera de que alguien, quien sea, superara el desprestigio de Graco Ramírez y pasara por alto que el objetivo de esos políticos era proyectar a Gayosso.

Este punto lo deben tomar en cuenta los estrategas del PES: no se trata solo de sumar voluntades, para ganar en el 2021 es imperativo que se fortalezca la imagen del gobierno estatal y en particular la de Cuauhtémoc Blanco.

nota

El obispo de Cuernavaca Ramón Castro anunción la sexta edición de la Marcha por la Paz en Morelos; habitualmente se llevaba a cabo en el mes de marzo, pero a causa de la pandemia esta vez se realizará en octubre.

Para prevenir nuevos contagios de covid y ante la prohibición de llevar a cabo reuniones masivas (estas marchas juntan a miles de personas), la edición 2020 de la Marcha por la Paz será de manera virtual, dijo el líder de la iglesia católica.

¿Una marcha virtual?

¿Y cómo va a ser eso?

post it

El dirigente del PRI en Morelos insiste en postular al pillazo de Manuel Agüero como candidato del PRI a la presidencia municipal de Jiutepec. La decisión puede ser todo lo estratégica que se quiera desde el punto de vista electoral, pero es asquerosa y totalmente inmoral.

Está bien que Jonathan Márquez lo haga, a ver si no se lo procesan en el camino. De todos modos, aunque compita, el regordete personaje va a perder y el PRI volverá a mostrar que lo suyo lo suyo es promover delincuentes.

redes sociales

El ex gobernador Graco Ramírez ya fue notificado del juicio político en su contra; el tabasqueño negó los cargos.

En caso de que lo encuentren culpable, la pena máxima que le impondrían será de 12 años inhabilitado para ocupar un puesto de gobierno en Morelos.

¡Vaya castigo!

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