En medio de protestas de sindicalizados que amenazaron con llevar a cabo un paro de labores a nivel estatal, el Poder
Legislativo aprobó una reforma integral a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del gobierno del estado,
con la que se autoriza a la banca comercial intervenir en la administración de los recursos financieros que se obtienen de las aportaciones
de los burócratas, entre otras adecuaciones.
Durante la sesión ordinaria que se llevó a cabo ayer por la noche, a puerta cerrada, debido a que el Congreso se encontraba tomado
por los sindicalizados; con 24 votos a favor y seis en contra, el Pleno del Congreso aprobó la nueva legislación que regirá al Instituto de Crédito.
Fueron los cinco diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y el legislador del Partido Humanista, Jesús Escamilla, quienes emitieron
su voto en contra, ante las adecuaciones que sufrirá el Instituto, como es la de disminuir la representación de la parte sindical en el
Consejo que toma las decisiones en dicho organismo.
De tal forma que el gobierno del estado tendrá ocho consejeros en el Instituto de Crédito y sólo tres los sindicatos.
Así mismo, se autorizó al Poder Ejecutivo que haga uso de las aportaciones de los trabajadores ante el Instituto, que ascienden a
más de mil millones de pesos, para invertirlas en la banca comercial, y ésta a su vez podrá intervenir en la entrega de créditos a los trabajadores.
Sin embargo, por su lado, el diputado del Partido Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez Cisneros, quien presentó la iniciativa, rechazó
que la reforma aprobada sea en perjuicio de los trabajadores, sino para incrementar sus beneficios crediticios.
Al conocer de la aprobación de la citada reforma, líderes de los sindicatos de los tres Poderes del Estado anunciaron que hoy se
reunirán para decidir si convocarán a paro de labores, además de impulsar las acciones legales necesarias para anular el decreto
aprobado por los legisladores.
Por la mañana, los diputados suspendieron la sesión solemne convocada para la entrega de la Presea “Antonio Díaz Soto y Gama”,
en conmemoración por el Día del Abogado, al asegurar que no había condiciones para llevarla a cabo por la amenaza de la toma
del recinto legislativo.