En los 36 municipios, se detectó que dos mil 300 agentes carecen de ese aval legal para trabajar
Ortiz Guarneros destacó lo dañino que resultan las series de narcos que inspiran a muchos hacia ese camino
El comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, informó que alrededor de dos mil 300 agentes (de los 36 municipios) están en "semáforo rojo", puesto que no poseen el Certificado Único Policial.
Tras una reunión con alcaldes (15) y funcionarios edilicios (sede: Torre Morelos, en Temixco), informó que dicho certificado consiste en un examen de control y confianza, que tiene una vigencia de tres años. Empero, aquéllos carecen de diversos requisitos…
Asimismo, externó que el plazo para cumplir con esta obligación será en marzo del 2021.
Abundó sobre la necesidad de policías y de “profesionalizar” los cuerpos, para combatir a los grupos delincuenciales. El desinterés al respecto reside en los “bajos salarios” y la influencia de las series de narcotraficantes que se transmiten en los poderes fácticos: “El señor de los cielos… El Chapo… Y se van con la finta de que es una mejor vida para ellos”.
Desde el sector criminal, les ofrecen (a los jóvenes) sueldos que van de los 10 hasta los 15 mil pesos “y creen que con eso van a resolver sus problemas”; no obstante, enfrentan una némesis: “tienen una vida de persecución… de violencia… y quienes consumen drogas tienen una esperanza de vida” baja.
En general, pidió a los habitantes emitir denuncias (en la inmediatez) en el 911, a efecto de diezmar los efectos de la incertidumbre. Aprovechar el segurichat, además.
Ponderó que continúan su curso las pesquisas sobre los sucesos violentos de la colonia “Antonio Barona”, donde ocho personas fueron ultimadas (hace unos días), en un velorio. Externó que, para minar la beligerancia en esa zona, se van a instalar otras 10 cámaras de vigilancia. Algunos vecinos aceptaron cooperar con las autoridades, conectando sus aparatos de video privados al C5: Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo.
En torno a los cuerpos edilicios indígenas, recién erigidos, agregó que el INEGI no los reconoce como tal; por tanto, “les estamos dando un tratamiento aparte”; habrá “más tiempo para capacitarlos, para hacerles los exámenes” antes descritos.
Precisó que ese tipo de evaluaciones hacia los policías no está en manos de la comisión; depende de la Fiscalía General del Estado: ésta “tiene sus compromisos y su agenda”. Así, los munícipes tienen que acudir ante esta instancia, a fin de “cumplir el límite para tener el certificado…”.
Finalmente, confirmó que Morelos se sitúa en los primeros lugares en incidencia del plagio. “No (lo) podemos evitar… Pero sí el esclarecimiento y captura” de quienes perpetran “este acto malvado”.