Coca-Cola vs Go Gaba
Un nuevo frente se abrió en el pleito entre Coca-Cola y el emprendedor mexicano José Antonio del Valle, creador del refresco Go Gaba. Tiene que ver con los abogados de la multinacional.
Recordará que demandó penalmente a la firma fabricante de refrescos que preside aquí Galya Frayman por supuestamente despojarlo de una creación por la que ahora exige una multimillonaria indemnización.
Su empresa desarrolló Gaba, que es un ingrediente especial donde radica su innovación, y por la que ahora exige una compensación a la firma de Atlanta por la friolera de 345 millones de dólares.
Del Valle acusa fraude corporativo al incumplir un acuerdo de 2017 en el que se declaraba que Coca-Cola y sus subsidiarias o partes relacionadas no podían participar en un proyecto específico.
Se trata de la producción, distribución o venta de una bebida similar a Go Gaba, o que incluyera el ingrediente Gaba, durante al menos 30 meses después de que concluyera su exclusividad.
Pero antes de que se cumpliera medio año de ese acuerdo, Del Valle se percató de que su socio de negocios lanzó en Japón “Fanta Gaba” que se producía localmente y se empezaba a exportar vía distribuidores.
El expediente sigue empantanado en la Fiscalía de Justicia de la CDMX, a cargo de Ernestina Godoy, mientras Coca-Cola instruyó a su batería legal a ir contra Del Valle, no sin incurrir en un conflicto.
La refresquera contrató los servicios del abogado Gerardo Ramírez Ornelas y éste acreditó como colitigante a su asociado, Luis Robles Santamarina, para demandar civilmente a Del Valle.
La cosa pasaría desapercibida, de no ser que se trata del hijo del ex presidente del Consejo de Administración del banco que intermedió la alianza entre Go Gaba y Coca-Cola de México: Luis Robles Miaja.
Go Gaba realizó un convenio con la banca de inversión del BBVA-Bancomer en 2016 para levantar 28 millones de dólares y lanzar la renovada versión del producto en 50 países durante cinco años.
En 2017 fue reconocida por el Consejo México Francia para el Emprendimiento y la Innovación, y ese mismo año BBVA propuso a Del Valle un acuerdo con Coca-Cola Company para desarrollar su proyecto.
El acuerdo se firmó en diciembre, después de seis meses de negociaciones, reuniones y presentaciones con los más altos funcionarios de la empresa en México y con la intermediación del BBVA-Bancomer.
La demanda civil interpuesta por Ramírez Ornelas ha sido una forma de presionar a Del Valle y de desacreditar las denuncias penales que Coca-Cola enfrenta en su contra.
Pero ahora el bufete tiene un conflicto de interés.
DEBIDO A LA nueva realidad que vivimos, la prevención y solución de conflictos es prioridad en la agenda de cualquier comerciante o arrendador, y especialmente en los bancos. Esto da pie a que los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC), contenidos en el artículo 17 Constitucional, tomen relevancia y los mediadores privados sean hoy una muy buena herramienta para obtener resultados favorables para alcanzar los acuerdos requeridos. Pero el proyecto de ley federal de las MASC que se encuentra en el Senado, produjo ya un enfrentamiento interesante. Y es que se busca que sea la Secretaría de Gobernación, que comanda Olga Sánchez Cordero, la que controle a los mediadores privados y decida también cuándo un convenio tiene efectos de cosa juzgada. El tema central es que los notarios, que sí controlan Gobernación y los gobernadores, han perdido buena cantidad de negocio al permitirse que los mediadores privados intervengan en la constitución de garantía para el cumplimiento de los conflictos en que participan, lo que antes resultaba un jugoso negocio reservado para el gremio notarial. La magistrada Paula García Villegas Sánchez Cordero, como miembro del Poder Judicial Federal, e hija de la promotora de la ley, se ha pronunciado abiertamente en que tal posibilidad reflejada en el proyecto es inconstitucional, al existir una clara invasión de esferas del Ejecutivo federal sobre los juzgadores. Los temas de los convenios de mediador y los efectos de sentencia ejecutoria están regulados en leyes como el Código de Comercio y los códigos procesales, lo que reserva solamente a los jueces el cumplimiento de tales acuerdos de mediación. Así es que el gremio de los mediadores va con todo para oponerse al proyecto y seguir dependiendo de los Centros de Justicia Alternativa de cada estado del país, como lo han venido haciendo desde hace más de ocho años.
CON MÁS DE 50 procedimientos judiciales por el incumplimiento de contratos, pago de créditos y defraudación, Pounce Consulting mantiene su negativa de responder demandas civiles. Están asentadas en los juzgados 1º, 3º, 8º, 34, 46, 48 y 70 en materia mercantil en los estados de Jalisco, Zacatecas y CDMX, que gobiernan Enrique Alfaro, Alejandro Tello y Claudia Sheinbaum. De acuerdo con documentos a la vista, el empresario Rogelio Viera Ayala ha participado en las licitaciones de alumbrado público en al menos diez municipios de los estados de Jalisco y Zacatecas. Y se ha negado recurrentemente a reparar las lámparas LED que no cumplen con la vida útil de cien mil horas y que carecen de la certificación de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (CONUEE). A principios de año, el municipio de Zapopan, que gobierna Pablo Lemus, canceló una licitación a Pounce Consulting para colocar 14 mil 500 luminarias por 78 millones de pesos. Sucedió que el ayuntamiento detectó que incumplían la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SENER-2012. Según la información, la empresa también está en falta con varias instituciones financieras. Empresas declaradas en quiebra contrataron créditos con Scotiabank que dirige Adrián Otero, Santander que encabeza Héctor Grisi y Unifin de Rodrigo Lebois. Aunado a ello, empleados denunciaron que Viera Ayala ejerce hostigamiento laboral, les retiene salarios hasta por dos meses y los despide sin las indemnizaciones que corresponden por ley. Por ello también tiene juicios abiertos en materia laboral en juzgados de los mismos estados de Jalisco, Zacatecas y la Ciudad de México.
AL FINAL TODO un éxito la operación que cabildeó el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Éste terminó ordenando al INE que revisara el mecanismo de elección de la dirigencia de Morena, lo que en la práctica derivó en el descarrilamiento del proceso y en un freno en seco a Mario Delgado, el aspirante que ya se perfilaba a ganarla. El lunes le dimos cuenta aquí del enojo que había en Claudia Sheinbaum y su equipo por el rebase que significaba para su principal contendiente, Marcelo Ebrard. Pero la oportuna intervención desde Palacio Nacional evitó que el canciller tomara ventaja asumiendo el control del partido.