Tres años después de haber iniciado su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto hizo una importante rectificación: no se tolerará ningún abuso por parte de la Policía Federal, ni violación alguna a los derechos humanos. La advertencia es fundamental porque lo que reconoce es que lo hecho hasta ahora está mal y se tiene que corregir lo que empezó el 1 de diciembre de 2012, mientras asumía la Presidencia en San Lázaro. Afuera, en la génesis de lo que ahora promete cambiar, los responsables de la seguridad comenzaban el regreso al pasado represor.

Ese día, la resistencia civil opositora a Peña Nieto organizó oleadas de ataques contra la Policía Federal en el perímetro de seguridad con el que se había blindado el Palacio Legislativo. El primer responsable de la seguridad pública, Manuel Mondragón, sacó del baúl de la ignominia a los halcones y les ordenó enfrentar a los provocadores. Desde las barreras de metal de la Policía Federal salieron agentes vestidos de civil con palos, cadenas y armas para encararlos, y después de golpear, regresaban a sus trincheras. Nadie le dijo a Mondragón que los recursos que utilizaba, propios de un régimen represor, no eran aceptados. Al contrario, lo estimularon.

Halcones se utilizaron en diferentes momentos. El último fue en Nochixtlán el 19 de junio pasado, cuando desde las instalaciones de la Policía Federal en esa comunidad oaxaqueña, agentes vestidos de civil fueron vistos con armas largas para enfrentar a la población. No hay evidencia de que alguna bala de la Federal matara a una de las ocho personas que cayeron ese día, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene pruebas que, en otros enfrentamientos previos, los policías no han utilizado armas de cargo para esconder sus prácticas ilegales. En este sentido, quiénes dispararon en Nochixtlán, sigue siendo un misterio. La suspicacia sobre los federales se debe a que las malas costumbres que regresó Mondragón al gobierno federal, superaron a los dos hombres íntegros que lo sucedieron, Monte Alejandro Rubido y Renato Sales.

El Presidente se refirió en términos generales a los abusos y las ilegalidades de los policías federales, sin entrar en detalles. Nochixtlán, como último botón de muestra, desnuda además la falta de trabajo de inteligencia en la Policía Federal. El comisionado Enrique Galindo ha admitido públicamente que los emboscaron, pero el antecedente es que en los cuatro días previos al enfrentamiento, los federales que llegaron a esa comunidad, no recopilaron la información de inteligencia que les habría permitido a sus jefes ajustar su estrategia y evitar el choque. Como resultado, los provocadores, que desplegaron tácticas defensivas, se aprovecharon de la desorganización y desarticulación de la Policía Federal, que tuvo que recurrir al uso de la fuerza sin acatar sus protocolos.

La falta de trabajo de inteligencia ha sido una constante en este gobierno. Por decisiones de Mondragón dejaron de recopilar información en los penales de máxima seguridad, por lo que Joaquín El Chapo Guzmán vio en esas deficiencias la oportunidad para su segunda fuga. La inteligencia aparece en lo alto de los protocolos de uso de fuerza de la Policía Federal, y el déficit o ineficiencia en este gobierno ha sido germen de tragedias, al producir en cascada el incumplimiento de los protocolos de procedimientos y uso de la fuerza.

Un notable ejemplo es la noche de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, cuando los federales en la región de Iguala fueron omisos en sus responsabilidades, cuando menos, al dejar que policías municipales y criminales actuaran contra los estudiantes. Fueron testigos del ataque contra el equipo de futbol de Los Avispones de Chilpancingo, en Mezcala, esa misma noche, sin que actuaran para evitar el ataque, ni para preservar la escena del crimen para la recopilación de evidencias, que es otra violación a los protocolos de la Policía Federal. Tampoco hicieron nada por evitar el secuestro de un camión de normalistas, que desaparecieron, en la salida de Iguala rumbo a Huitzuco.

Es cierto que en México hay un problema estructural con las policías –algunas de sus causas son el mal reclutamiento, capacitación, controles de confianza, salarios, equipamiento–, pero en el gobierno de Peña Nieto se ha añadido una constante de errores que, por su volumen, no se sabe si son fallas o si se está dando, en las cañerías del sistema de seguridad, una restauración del Estado represor. Tanhuato es otro caso de estudio. En esa comunidad michoacana hubo un enfrentamiento entre la Policía Federal y miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, en mayo del año pasado. Pero el saldo no fue resultado de un enfrentamiento, sino de una matanza.

La Policía Federal utilizó una fuerza letal que violó los estándares de Derecho Internacional y la llevó a una ejecución extrajudicial. De acuerdo con los protocolos de la Policía Federal, el índice de letalidad establece que un radio de un policía muerto por 1.4 agresores; en Tanhuato hubo un policía muerto por 42 agresores abatidos. Adicionalmente, los federales alteraron la escena del crimen y colocaron armas en donde no había, para probar la violencia de sus actos. Aún si no fuera una violación a los protocolos, ni aun así se justificaría el abuso de fuerza.

El desempeño de la Policía Federal ha sido desconcertante. La liga, a decir por las palabras del Presidente, ya se rompió. Tendrán que venir acciones y consecuencias, porque de palabras no se construye un Estado de Derecho.

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