La renuncia del Presidente
El pasado 2 de septiembre se cumplieron 88 años de la última ocasión que renunció un Presidente de la República. En aquel infausto año de 1932 –tan citado a propósito de la recesión económica que vivimos–. Pascual Ortiz Rubio entregó el poder cuando todavía le quedaban más de dos años a su periodo.
Desde entonces, los titulares del Poder Ejecutivo federal han tomado posesión del cargo y lo han entregado a su sucesor de la manera y en los tiempos que establece la Constitución.
Es muy afortunado que así sea, pues más allá de los aciertos y errores de cada Presidente, esta regularidad en el ejercicio del poder ha venido acompañada de estabilidad política.
Para tener idea de lo que podría ser México si la Presidencia estuviese sujeta a estados de ánimo o medidas de fuerza para decidir quién la ocupa, basta voltear a ver lo que fue nuestro país en sus primeras tres décadas de vida republicana.
Entre 1824 y 1855, México tuvo 25 presidentes y 50 cambios de mando (porque varios de esos hombres fueron presidentes más de una vez). Los que ganaron el cargo en una elección –en los términos establecidos por las constituciones de entonces– fueron los menos. La mayoría fueron interinos o quienes tomaron el poder por las armas.
La gran cantidad de presidentes que se acumularon en los años que el país estuvo en guerra hacen que la cifra total de quienes han ocupado la Presidencia de la República sea de 65.
En cambio, Estados Unidos, que inició su vida republicana en 1789 –35 años antes que México–, ha tenido sólo 44 presidentes distintos.
Los constantes cambios en la Presidencia que tuvo México en sus inicios como país fueron el origen de múltiples desgracias, como la pérdida de territorio y la falta de consolidación de un Estado de derecho, que seguimos padeciendo hasta nuestros días.
Este contexto histórico tiene que ver con la insistencia de algunos opositores –particularmente el grupo Frenaaa–, pero también del propio presidente Andrés Manuel López Obrador de poner sobre la mesa de la discusión pública el tema de la renuncia del Ejecutivo. Frenaaa tiene un plantón en el Zócalo para exigir que López Obrador se vaya y éste dijo, apenas el martes pasado, que si un día se juntan cien mil personas para repudiarlo y ve que no tiene apoyo en las encuestas, él dejaría el poder y tomaría camino de Palenque, Chiapas, donde tiene su finca.
Es evidente que Frenaaa no tiene la fuerza para conseguir su objetivo y dudo mucho que López Obrador sea sincero en eso que afirma. Y aunque fuese de otra manera, la renuncia del Presidente no debe decidirse por capricho.
La Presidencia es una institución que los mexicanos nos hemos dado para administrar y representar al país. Es decir, trasciende por mucho la historia personal de quien la ocupa temporalmente. Va más allá de sus opiniones, sentimientos y deseos.
El artículo 86 de la Constitución es muy claro: “El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia”. Una manifestación de cien mil personas o un desplome en las encuestas no son, de lejos, una causa grave, si me pregunta a mí. Tampoco lo es que el Ejecutivo le caiga mal a un grupo de ciudadanos.
En este país se elige a un Presidente por seis años. Recientemente, se aprobó la figura de revocación del mandato, con el que personalmente no estoy de acuerdo, por razones que he expuesto aquí, entre ellas que el promotor de la figura, el propio presidente López Obrador, la entiende como ratificación del mandato. Pero el que exista en la Constitución no obliga a nadie a usarla.
El planteamiento de la renuncia del Presidente, hecho por algunos adversarios de López Obrador y por él mismo, es una distracción. Nos impide atender lo importante, que en este momento es la atención de las crisis sanitaria y económica que vivimos.
El Presidente de México tiene un compromiso con los mexicanos –hayan votado por él o no– para hacer frente a esos y otros problemas. Su contrato vence en 2024, no antes. Y ser criticado por su desempeño es uno de los costos de haber buscado la Presidencia y un derecho de los gobernados.