Académicos y especialistas en derecho constitucional se mostraron sorprendidos por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar la consulta popular sobre la decisiones políticas de sexenios pasados. Francisco Burgoa, de la Facultad de Derecho de la UNAM; Raúl Mejía Garza, del CIDE; y Juan Jesús Garza Onofre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, advirtieron la posibilidad de que muchos de los delitos atribuidos a los ex mandatarios hayan prescrito.
Para otros, como Salvador Mora, politólogo y catedrático de la UNAM, esta decisión del máximo tribunal podría llevar a que organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llamen al Estado mexicano a respetar los tratados que ha firmado, pues una consulta de este tipo vulnera los derechos humanos.
En la ola de reacciones generadas en torno a la decisión de la Corte de avalar la consulta, con una redacción modificada de la pregunta original, Julio Jiménez, penalista y académicos de la Universidad La Salle, sostuvo que el fallo es un paso trascendental para la construcción de una democracia verdadera. Incluso, este especialista apuntó que no se debe olvidar que "los presidentes y ex mandatarios tienen fuero durante su mandato y que sólo pueden ser juzgados por traición a la patria y delitos graves del fuero común, pero no por delitos federales y esta decisión abre la puerta a ello".
Diego Valadés, reconocido constitucionalista e investigador emérito de la UNAM, rechazó hacer declaraciones a la prensa, pero en su cuenta de Twitter escribió dos mensajes que muestran su rechazo a la decisión. “El artículo 21 de la Constitución dice: ‘La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público’. Sobran los comentarios”, dice el primero. "Ahora no todos los presuntos inocentes son iguales. En unos casos hay que preguntárselo al pueblo, en otros no es necesario. No encuentro la base constitucional del criterio que convierte a un instrumento político en requisito de procedencia para la acción penal", se lee en el segundo.
Francisco Burgoa expresó que la mayoría de los argumentos expresados por los ministros fueron más de orden político que jurídico. "Lamentablemente la política en esta ocasión estuvo por encima de lo jurídico y hoy vamos a tener, por vez primera, un ejercicio de una consulta popular que en mi opinión no debiese de ser, porque ese no es el camino para que se pueda llevar a cabo una investigación y, en su caso, no se pueda sancionar a una persona". Consideró que la redacción final de la pregunta a consultar fue muy ambigua y general, por lo que manifestó no tener muchas perspectivas sobre su efecto final. "Eso no quiere decir que va a haber personas en la cárcel; entonces, creo que también se estaría generando altas expectativas a la sociedad mexicana y eso no debiese de ser. Indudablemente esto ha sido, pues, una jornada que creo a todos nos ha sorprendido".
Divergencias entre especialistas
En esto coincidió Garza Onofre, y criticó también el desempeño de la SCJN y de manera directa la de su presidente: "Este día marcará la presidencia del ministro Arturo Zaldívar como uno de los más bochornosos en la historia de la Corte". Mejía Garza opinó que la decisión de los ministros fue desafortunada: "El resultado es risible y acaba siendo una pregunta realmente ininteligible". Criticó la decisión de dividir las votaciones de los ministros en dos etapas: "si dijiste que la materia es constitucional, entonces deja la pregunta como está, ya hazlo completo, ya deja que la pregunta se haga como venía formulada".
Entrevistados todos por separado, Salvador Mora consideró que "los ministros que votaron a favor no alcanzan a atender el centro de la materia, que son los derechos humanos, y el hecho de la que justicia no se pone a la opinión del pueblo".
Finalmente, el litigante Sandino Rivero consideró que la declaración de constitucionalidad de la consulta y el cambio formulado a la pregunta distorsiona el sentido inicial, y ello abre la posibilidad para que también se pida enjuiciamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que ahora el cuestionamiento señala a funcionarios de años anteriores y el ejercicio se realizará el año próximo.