‘Cndhachización’ de la Suprema Corte
Lejos de resolver la materia central de si es o no constitucional consultar a la población si debe investigarse y juzgarse a cinco ex presidentes, la Suprema Corte magnificó el tema y extendió una carta de legitimidad a los linchamientos: aprobó la solicitud presidencial, reformuló la pregunta original y redactó la que será sometida a la consideración ciudadana:
“¿Estás de acuerdo o no en que lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
La despersonalización de los probables perseguidos y la vaguedad de “los años pasados” quizás aminore los agobios de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, porque en la cuerda de perseguibles quedan colocados muchos más “actores políticos” de menor pero importante rango, inclusive algunos que sobreviven de las administraciones de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid (su secretario de Gobernación fue Manuel Bartlett).
Ampliada la licencia para cazar, vaya preocupación para innumerables presuntos “cómplices” de “crímenes” tan vagos como el empobrecimiento, la violencia, deficiencias en el sistema público de salud y corrupción, o las privatizaciones y el desastre de Pemex y la CFE que se atribuye al neoliberalismo. También colaboradores del gobierno actual van a tener pesadillas.
De los operadores de Salinas, ¿irán contra Pedro Aspe (Hacienda) o Jaime Serra Puche (Comercio y el TLC que, actualizado con el T-MEC, es tan celebrado por la 4T)? ¿De Zedillo contra Esteban Moctezuma (Gobernación), el divisionario Enrique Cervantes Aguirre (Defensa), Jesús Reyes Heroles (Energía), Juan Ramón de la Fuente (Salud, actual representante en la ONU)? ¿De Fox, Alfonso Durazo (secretario particular) y Alejandro Gertz (titular de Seguridad), ambos en funciones cuando se peló de Puente Grande Joaquín El Chapo Guzmán; o la senadora Josefina Vázquez Mota (Sedesol), Luis Ernesto Derbez (Economía, hoy rector de la Udlap), el eminente Julio Frenk (Salud, hoy presidente de la Universidad de Miami)? ¿De Calderón el abogado Fernando Gómez Mont (Gobernación), Agustín Carstens (Hacienda, hoy director del más importante banco del mundo), Germán Martínez (Función Pública, hoy senador morenista), José Ángel Córdova y Salomón Chertorivski (Salud)? ¿Y de Peña Nieto, José Antonio Meade (tres secretarías) y todos los que “por voluntad popular” se quiera perseguir?
Bien saben los ministros que constitucionalizaron esta atrocidad que la consulta entraña un embuste semántico si se usan correctamente las preposiciones: no debatieron algo sobre sino contra personas a las que se les violan de manera flagrante sus derechos elementales.
Lo consultable, no se atrevieron a decirlo, debió ser si la justicia debe someterse a consultas populares.