Partidos y violencia rumbo a 2021
El deterioro y corrupción de la vida política en México que culminó en 2018 con la cuasi destrucción de los partidos tradicionales mexicanos y empoderó a un movimiento mayoritario, exitoso en esa elección, pero sin estructura partidista, podría tener el año que viene consecuencias desastrosas.
Los investigadores mexicanos Guillermo Trejo y Sandra Ley acaban de publicar los resultados de una investigación que les llevó años y que revela y explica la relación entre la política y la criminalidad mexicana, la lógica política de las guerras criminales mexicanas.
Trejo y Ley demuestran cómo la guerra entre organizaciones criminales realmente comenzó con la alternancia partidista a nivel subnacional, cuando los criminales perdieron la protección de quien los había cuidado siempre desde el poder local y tuvieron que, o crear sus propios ejércitos de protección o someter mediante la violencia a los nuevos actores.
Recorren con datos y precisión la historia de las organizaciones criminales, la violencia y su relación con las alternancias políticas en municipios y estados desde finales de los años 90. No son noticias alentadoras rumbo a la jornada del próximo año, la más grande de nuestra historia, y toda local.
Escriben: “…cuando los países con una larga historia de colusión del Estado y el crimen forjada bajo el gobierno autoritario hacen la transición a una democracia débil y multipartidista, sin desarrollar un Estado democrático de derecho y sin desmantelar las redes de colusión entre agentes de represión del Estado y grupos criminales, los mecanismos electorales con los que se distribuye el poder del Estado pueden estar íntimamente entrelazados con la violencia criminal.
“En estas democracias iliberales, la competencia electoral, la destitución democrática de los líderes y la fragmentación y descentralización del poder político es probable que generen incertidumbre poco común en la zona gris de la criminalidad y se conviertan en un estímulo permanente a la violencia criminal, en lugar de disuadirla”.
Este gobierno, como los anteriores, ha centrado su política antiviolencia en el centralismo y el aparato federal, ignorando y debilitando las estructuras policiacas y de justicia locales. Esto, más la debilidad, en algunos casos la inexistencia de estructuras partidistas, pone en juego quién en verdad elegirá y mandará sobre los miles de candidatos locales.
@puigcarlos