Incluso, el Impepac y el Tribunal Estatal Electoral recibirán menos dinero del que solicitaron.
Los Poderes públicos, así como dependencias estatales y organismos públicos autónomos deberán esperar hasta el 2022 para obtener un aumento presupuestal, debido a la crisis económica nacional y al plan de austeridad al que se ajustará el gobierno del estado para el próximo año, ante la emergencia sanitaria.
Dentro de la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 que presentó el Poder Ejecutivo ante el Congreso local se establece la imposibilidad de autorizar el presupuesto que varias dependencias requirieron para el próximo año, ante la disminución en la recaudación de recursos federales y estatales.
Es el caso del Poder Judicial, que a través del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) requirió un monto presupuestal de mil 438 millones 891 mil pesos, pero el Poder Ejecutivo sólo planteó una suma de 524 millones 34 mil pesos, que estará sujeta a la aprobación del Congreso del estado.
Es el mismo caso del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) que pidió 41 millones 159 mil pesos cuando la propuesta del Ejecutivo es de 25 millones.
El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) requirió 51 millones 807 mil pesos, por tratarse el 2021 de año electoral, pero solo le asignaron 28 millones 25 mil pesos.
De la misma forma, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) pidió, de acuerdo a sus necesidades presupuestales para el próximo año solicitó 422 millones 865 mil pesos, pero en la propuesta del Paquete Económico sólo se le asignaron 282 millones 352 mil pesos.
En la misma situación se encuentran la mayoría de las dependencias y organismos públicos.
El Poder Ejecutivo señaló en la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2021 la necesidad de mantener un "balance sostenible y austero", con base en lo que marca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y a los criterios generales de la política económica nacional.
El Congreso del estado revisará el Paquete Económico y determinará posibles ajustes para disminuir o aumentar el presupuesto de algunas dependencias y organismos.