Las pifias del fiscal
Hay de fiscales a fiscales: la Antisecuestros es buena, el General es regular y el Anticorrupción es malo, muy malo.
Desde su creación la Fiscalía Estatal Anticorrupción ha estado sujeta a múltiples cuestionamientos, desde los intereses personales de su titular hasta las acciones y procedimientos que lleva a cabo. Hasta ahora la FECC no ha sido garante de certeza, legalidad, imparcialidad, profesionalismo, honradez, transparencia ni responsabilidad, como lo manifiesta en su exposición de valores; contrario a ello la fiscalía es cuestionada por su probidad, por los intereses que la mueven y las formas como actúa. El desempeño de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no convence a nadie, pero eso no le importa a su titular porque se siente seguro en el cargo.
Dicen que cuando algo mal empieza, mal acaba; ese parece ser el destino de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos y de su titular, quienes lejos de cumplir con sus objetivos y demostrar que valen cada peso de presupuesto que reciben, se empeñan en actuar de manera facciosa, parcial y fuera de la legalidad, protegiendo a sujetos señalados de corrupción y retando permanentemente a los poderes del estado.
La Fiscalía Estatal Anticorrupción se ha convertido en un ente persecutor de los enemigos de su titular; su proceder es abusivo e irreflexivo, pero omiso ante los verdaderos actos ilegales. La FECC es más parecida a la vieja policía judicial que a una oficina moderna que vigila que se cumpla la ley y actúa dentro del estado de derecho; peor: los operativos de la dependencia no son contra los corruptos, sino contra los que contravienen los intereses del fiscal y de su jefe, el exgobernador Graco Ramírez. Los elementos de esa oficina actúan como los clásicos pejotas que primero pegan y luego averiguan.
Por mucho tiempo, desde que fue creada por la legislatura 52, la oficina de Juan Salazar se mantuvo inactiva, sin trabajar ni realizar procedimiento alguno en contra de los muchos personajes acusados de malversar recursos públicos; eso sí, mensualmente el titular y su equipo cobraron un jugoso sueldo y gastaron todos los recursos que tenían asignados sin que nadie cuestionara su inactividad o su falta de resultados.
Luego vino una transformación profunda de la dependencia: la legislatura 53 la hizo independiente, le asignó más presupuesto y autonomía, le dieron más dinero, facultades y como regalo especial, un candado jurídico para que su titular solo pudiese ser removido del cargo por el voto mayoritario de los diputados. Digámoslo de esta forma: los diputados de Graco le dieron dientes, dinero y protección total a Juan Salazar para que no dudara en ayudarlos.
La Fiscalía General del Estado y la Anticorrupción son dos dependencias en las cuales el exgobernador Graco Ramírez estableció su primera línea de defensa contra cualquier procedimiento en contra de él, de sus familiares o de sus colaboradores; Juan Salazar Núñez dejó la Consejería Jurídica del gobierno perredista para asumir la titularidad de la FECC y desde entonces hasta la fecha solo sigue las ordenes del tabasqueño.
Los actos realizados en los últimos días por la fiscalía anticorrupción volvieron a encender los focos de alarma en dos de los tres poderes del estado; Salazar Núñez ya no solo está ocupado en cuidar que las denuncias en contra de los graquistas no prosperen, ahora inicia procedimientos contra dependencias que podrían poner en aprietos a ciertos personajes políticos por la información con la que cuentan.
Según denunció ayer la encargada de despacho de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, la intromisión de elementos de la Fiscalía Anticorrupción en sus oficinas representó un acto abusivo, ilegal, violento y fuera de protocolo; esta fue la tercera ocasión en la que la FECC irrumpe de manera irregular en la ESAF, comprometiendo la información que manejan y alterando el curso de las investigaciones que realizan.
El fondo de este procedimiento, supone la titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización América López Rodríguez, fue la sustracción del expediente relativo a una denuncia ciudadana interpuesta por desvío de recursos en contra de la Fiscalía General del Estado. Si esto fuese cierto estaríamos ante un hecho sumamente grave que no puede quedar en el olvido.
Desde cualquier ángulo que se observe es claro que la Fiscalía Anticorrupción está actuando de forma irregular y, por decir lo menos, sospechosa. El procedimiento en la ESAF fue violento, sus representantes actuaron con prepotencia y suponiendo que en realidad contaran con la orden de un juez, el haber sacado de las oficinas a los trabajadores y sustraído documentación sin testigos y más allá de la investigación que realizan, demuestra que se trató de un abuso de autoridad, un robo.
Veámoslo de esta manera, lectora lector queridos: por un lado existe un sinnúmero de denuncias interpuestas ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción en contra de diversos personajes de la vida pública, ex funcionarios estatales, municipales y también representantes populares. El gobierno estatal ha iniciado varios procedimientos en contra del exgobernador Graco Ramírez, contra exsecretarios de su gobierno y contra funcionarios medios sin que nada pase; Rafael Reyes ha denunciado a su antecesor, documentó acciones ilegales, abusivas y punibles, pero nada ha sucedido, ninguna carpeta avanza.
Por otro lado vemos que la Fiscalía actúa con celeridad y fuerza ante una denuncia anónima; en este caso la dependencia responde con prontitud, utilizando todos los recursos a su alcance y sin importarle violar los procedimientos.
Fue tan grave el actuar de la FECC que ayer mismo la Fiscalía General del Estado se desmarcó de los hechos. “En ningún momento nos hemos negado a proporcionar información y es necesario precisar que la Fiscalía Estatal de Combate a la Corrupción es un órgano constitucionalmente autónomo, que cuenta con gestión, administración y operación propia y no está sujeta a las disposiciones, instrucciones o línea de la Fiscalía General… La FGE no tiene injerencia en las investigaciones realizadas por un organismo autónomo y cada funcionario que desempeñe un cargo está obligado a cumplir con los lineamientos y leyes que rigen su función. Negamos categóricamente que exista una persecución de índole política”.
El actuar de la FECC parece estar llegando a un límite, por lo que el propio fiscal Uriel Carmona estaría marcando distancia con Juan Salazar Núñez. Puede ser que ambos tengan intereses comunes en la protección del exgobernador Graco Ramírez, pero es notorio que el notario tiene límites y no está dispuesto a arriesgar su pellejo por el tabasqueño.
Dos de los tres fiscales de Morelos (el General, la Antisecuestros y el Anticorrupción) están haciendo un buen trabajo; aunque los tres tienen fuertes ligas con el graquismo, solo uno de ellos está actuando con torpeza y exhibiendo de manera burda sus intereses.
La fiscal Adriana Pineda ha demostrado con resultados estar a la altura de la dependencia a su cargo, su relación con el exgobernador no empaña su desempeño profesional, ni pone en duda la probidad de su actuación; Uriel Carmona ha venido de menos a más, cuidando sus pasos, procediendo de manera responsable y tratando de marcar distancia con quien lo impulsó. Caso aparte es Juan Salazar: él va hacia atrás, violenta la ley, reta a todos y sus resultados no satisfacen a nadie.
Esto ocurre a la vista de todos, particularmente de los diputados que ahora son indirectamente afectados. El fiscal anticorrupción actúa con prepotencia porque sabe que en el congreso no hay coincidencias que permitan evaluar su trabajo, ni mucho menos poner en la mesa su remoción.
Las deficiencias de la FECC son evidentes, pero un cambio en esa oficina depende de que los diputados se pongan de acuerdo.
La última vez que se intentó remover a los fiscales, Morena fue el partido que se opuso.
posdata
La historia política del diputado José Casas González siempre ha sido trompicada; en todas las posiciones que ha ocupado ha vivido escándalos, frecuentemente lo relacionan con problemas y en algún momento hasta fue detenido y esposado por la policía, acusado de usurpar un cargo.
Logró llegar al congreso después de varios intentos, bajo la sombra de Morena y con el impulso electoral de Andrés Manuel López Obrador. Casas como muchos otros actores políticos tuvieron la suerte de ser postulados por un partido que obtuvo votos en cascada, sin importar la capacidad o la historia de los representantes.
Como legislador José Casas siempre ha estado en el ojo del huracán: llegando a la cámara renuncio a Morena y se fue al PT, luego rompió relaciones con el gobernador e impulsó desde el parlamento un frente de ataque contra el ejecutivo; junto con otros legisladores enarboló la bandera de la honestidad y la rendición de cuentas y luego se pasó al lado contrario, defendiendo a quienes en campaña criticó; hace unos meses también se peleó con los del PT y se volvió independiente, porque nadie más lo quiso cobijar.
Casas González se la ha pasado dando tumbos de un lado a otro, con una política a la “Chimoltrufia” en la que un día dice una cosa y al otro señala otra; en diferentes momentos se ha considerado perseguido político del sistema, pero reiteradamente se coloca a los pies del gobernador y de sus intereses.
La personalidad de José Casas lo mete en problemas constantemente; los más graves han sido cuando no mide sus palabras y agrede a las mujeres. Como legislador y como hombre José Casas ha rebasado la frontera del respeto y ha caído en expresiones que echan abajo todos sus argumentos. Siendo una persona con facilidad de palabra, comete la pifia de recurrir a expresiones misóginas que por si mismas lo condenan.
Lo que hizo recientemente con la secretaria de Hacienda Mónica Boggio expone de cuerpo entero la personalidad del legislador; Casas pudo utilizar distintos argumentos para debatirle a la funcionaria, para cuestionar su actuación o incluso para poner en tela de juicio sus acciones, pero en lugar de dirimir sus diferencias de manera racional, el diputado nuevamente recurrió al descontón corriente, a la ofensa barata, al machismo rampante.
Hasta hoy el proceder de la titular de las finanzas estatales ha sido correcto; la dama cumple su labor con pulcritud, es discreta en sus expresiones y dedica la mayor parte de su tiempo a las tareas técnicas que le fueron conferidas; entregó el paquete económico a tiempo y se ofreció a dialogar con los legisladores sobre cualquier duda que existiese respecto a los números plasmados en el presupuesto. Mónica Boggio es y parece la secretaria de Hacienda de un estado.
Puede ser que en futuro la funcionaria cometa una equivocación (cualquiera se puede equivocar), pero hasta ahora no lo ha hecho; Boggio Tomasaz está al frente de una de las oficinas más complejas de cualquier gobierno, lleva en hombros una enorme responsabilidad y de su capacidad profesional y conducta personal depende que las finanzas del estado se mantengan sanas y Morelos funcione.
José Casas González puede no estar de acuerdo con el trabajo de la funcionaria y como representante popular está en todo su derecho de cuestionarla; lo que no puede hacer es ofenderla, faltarle al respeto por su condición de mujer, ni asumir una postura machista para tratar de amedrentarla.
En el pasado reciente el diputado ya pasó un trago amargo por su actitud misógina y se comprometió a tomar un curso para no volver a caer en este tipo de expresiones.
Obviamente no tomó el curso… o no lo entendió.
nota
El alcalde Antonio Villalobos anda ausente, perdido, como tratando de esconderse de los extrabajadores que lo buscan para que los reintegre a sus puestos. La estrategia del ausentismo no funcionará por siempre, es más, en breve ese vacío se volverá en contra del presidente.
El lobo de Cuernavaca tiene que entrarle al toro por los cuernos; ya tomó la decisión más difícil (recortar al personal), lo que sigue es enfrentar los hechos con los mismos argumentos que sostienen su decreto: si no se ajustaba la infladísima plantilla laboral, el municipio iba a colapsar. Cierto.
Por supuesto que la reaparición del edil no puede ser a lo loco: necesita una estrategia política, un buen plan de medios y un discurso que incluya las respuestas a todas las posibles preguntas que le harán.
Explicaciones para defender el recorte masivo existen, sin menoscabo de que el procedimiento tuvo el aval de todos los miembros del cabildo, es decir, no fue una decisión solo del presidente.
Si no actúa pronto, el costo que pagará Antonio Villalobos por este tema será muy alto. Y lo pagará solo.
post it
A propósito de los comentarios vertidos hace unos días por el legislador independiente José Casas, recordemos lo que ese mismo personaje expuso hace unos meses desde la tribuna del congreso local.
“Pueblo de Morelos, lamentablemente así son las cosas, tenemos que transitar en este Congreso, es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul”.
El problema de José Casas es que como diputado no ha podido controlarse, ni controlar las palabras que salen de su boca; por sus acciones, sus decisiones, sus declaraciones y por sus posturas, él mismo se complica la existencia. El legislador se quedó con la vieja lógica que decía “Que hablen de mi, aunque sea mal, pero que hablen”.
Eso hoy ya no funciona.
redes sociales
Otro pleito de José Casas: con José Luis Galindo, diputado del PES.
¡Vaya nivel que tiene nuestro Congreso!
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