El gobernador Antonio Echevarría oficializa alerta financiera; admite incapacidad para cubrir pensiones, sueldos de burócratas, maestros...; pide auxilio al Gobierno federal; hay cinco estados con situación más crítica
A Nayarit no le quedó otra alternativa que oprimir el botón de pánico para que el Gobierno federal acudiera a su rescate, al oficializarse, ayer, que la entidad gobernada por el panista Antonio Echevarría es incapaz de pagar la nómina de sus trabajadores, a quienes tiene en suspenso, sin salario, desde la última quincena de septiembre.
“Como se ha informado de manera abierta y transparente a la ciudadanía, la situación financiera del gobierno del estado es crítica. Ante la magnitud de este problema, hemos trabajado incansablemente en realizar las gestiones correspondientes con el Gobierno de México, para conseguir el apoyo extraordinario que permita solventar los compromisos salariales con el sector burocrático”, se lee en un escueto comunicado difundido en la cuenta oficial de Facebook del gobierno estatal.
Más tarde, en la misma red social, ya se adelantaba que la solicitud de auxilio había sido escuchada. “En estos momentos, la Secretaría de Administración y Finanzas ha recibido la primera parte del recurso económico enviado por la Federación, que ha sido empleado para pagar a las personas más vulnerables, es decir, a jubilados y pensionados. Aunado a lo anterior, la Secretaría de Hacienda ha confirmado ya la segunda parte del apoyo para que el día viernes 16 de octubre, a partir de las 6 am, comience a dispersarse el pago al resto de trabajadores del sector burocrático”. Al cierre de esta edición ni el gobierno de Nayarit ni la Secretaría de Hacienda informaron del monto del rescate.
La crisis afecta directamente al menos a 10 mil burócratas al servicio del gobierno de Echevarría —incluido personal de confianza, contrato, lista de raya y base del Estado, así como a maestros de la Sección 49 del SNTE—, particularmente al sector de salud, en plena contingencia sanitaria.
María —nombre modificado a petición del testimonio por temor a represalias—, una empleada del gobierno del estado con siete años de antigüedad, explicó a La Razón que la falta de pagos para trabajadores del gobierno es un hecho “histórico” que tiene a los empleados “batallando” desde la quincena pasada.
“A mí me comentaban que es histórico esto. Que es la primera vez en toda la historia del estado que no se paga la quincena a tiempo”, aseveró, al dar a conocer que en su caso, son tres las personas afectadas si ella no percibe su salario.
“Yo creo que se viene más fuerte con los aguinaldos”, pues advirtió que en 2019 hubo pagos a destiempo. “Por lo que vemos nos va a volver a afectar”.
Gráfico
En entrevista explicó que también su madre laboró para el gobierno de Nayarit y es pensionada; sin embargo, no comprende por qué la administración estatal espera dinero del Gobierno federal para pagar a jubilados, cuando es a los propios trabajadores en activo a quienes se les retira dinero quincenalmente con este fin.
“Mi pregunta es, ¿por qué el gobierno del estado espera recurso del Gobierno federal cuando en realidad a nosotros cada quincena se nos descuenta cierta cantidad para nuestro fondo de pensiones? Mi mamá, por ejemplo, trabajó 30 años, entonces no es posible que se estén escudando de que no pagan porque esperan el recurso”, cuestionó.
La mujer, quien vive en Tepic, destacó que el contexto es “grave”, sobretodo cuando al gobernador Antonio Echavarría le queda prácticamente un año de gestión. “Está a un año y ya está dejando a la deriva al estado de Nayarit. Eso es lo que está pasando ahorita”.
Esta situación se da a pesar de que Nayarit no es uno de los estados más endeudados del país, antes hay otras cinco entidades que tienen niveles más críticos.
De acuerdo con el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la entidad está en amarillo, el segundo nivel del semáforo donde verde es “sostenible” y rojo es “insostenible”, con una deuda “en observación”.
Las condiciones actuales del estado se suman a una deuda que ya se acumula desde la administración anterior. El pasado 2 de octubre, los secretarios de Finanzas, Juan Luis Chumacero Díaz, y de Gobierno, Antonio Serrano, explicaron que desde que asumieron funciones, en septiembre de 2017, enfrentan requerimientos por 7 mil 740 millones de pesos; además, tampoco se habían cubierto cuotas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ni pagos a proveedores.
A través de varias protestas, la sección 49 del magisterio ha exigido el pago inmediato de la Compensación Nacional Única que, dicen, debió llegarles desde el pasado 15 de septiembre.
La Universidad Autónoma de Nayarit también está entre los sectores afectados; el pasado 5 de octubre, el rector Jorge Ignacio Peña González señaló que el gobierno estatal no le ha entregado 250 millones de pesos para cubrir el salario de 4 mil trabajadores activos y casi 2 mil en retiro.
En medio de la crisis, ayer, el presidente del Congreso de Nayarit, Leopoldo Domínguez, informó que ya solicitó que el secretario de Administración y Finanzas y el propio gobernador acudan al recinto legislativo a comparecer, pues advirtió que el Poder Legislativo sólo ha obtenido información de la situación financiera del estado a través de lo que se da a conocer en los medios de comunicación.
El dato: Nayarit no es la única con presiones financieras; recientemente, la SHCP explicó que los 15 estados que cambian de gobierno en 2021 cargan una deuda a corto plazo de casi 29 mil millones de pesos.
Paga $5 mil de fianza tras protestar por su quincena
La tarde de ayer fue liberado el dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Nayarit, José Antonio Bautista Crespo, quien el pasado 2 de octubre fue detenido y trasladado al penal de Tepic Venustiano Carranza, por “allanamiento de morada” contra una empresa refresquera de la que, se presume, el gobernador Antonio Echevarría es accionista mayoritario, durante una protesta de burócratas.
En ese hecho, Bautista y otros trabajadores del gobierno se manifestaron para exigir el pago de su quincena, que les fue retenido por insolvencia en las arcas públicas.
La Fiscalía General del Estado informó que el juez de control modificó la medida cautelar dictada con prisión preventiva durante un mes, por lo que Bautista Crespo enfrentará el proceso en libertad, bajo fianza de cinco mil pesos.