Retroceso de 12 años
El gobierno de la 4T pasará a la historia económica de México como el desarticulador y enterrador de la investigación científica aplicada.
La desaparición de los fideicomisos del Conacyt, que dirige María Elena Álvarez Buylla, vinculados a empresas van a provocar que cerca de mil 500 científicos se queden sin trabajo o sin proyecto.
Esta decisión de romper el vínculo ciencia-empresa va a incrementar la dependencia tecnológica de nuestro país y nos va a demorar más de 12 años como nación en el desarrollo de ciencia y tecnología. Vamos a ser importadores de procesos científicos.
El Programa, que se inició hace más de 20 años con el concurso del sector privado nacional y extranjero, tenía el ánimo de generar competitividad para el país, como lo hacen todos los países que desean generar mejores oportunidades para el futuro.
En la mayoría de los países el gasto en investigación y desarrollo compartido entre los sectores público y privado es entre 1.5 y 4.2% de su PIB, en tanto que en México tradicionalmente no ha rebasado el 0.55%.
Asimismo, la proporción del gasto privado se ha mantenido alrededor del 20% y el gubernamental en 70%, y el resto proviene de otras fuentes, como las agencias internacionales.
La disparidad se da sobre todo porque los vínculos entre las instituciones de gobierno, las universidades y el sector privado son débiles y en general muy inestables, dependen de los vaivenes sexenales y cambian de entidad en entidad.
Y es que el factor político desestabiliza mucho, como ya se está viendo en este caso, de forma que no hay mucha confianza del sector privado en la visión de largo plazo de los gobiernos.
A las empresas nacionales y extranjeras les costó muchos años confiar en la investigación de los 27 centros de estudios Conacyt y una vez que se había logrado, ahora se rompe por una decisión política.
Se espera que proyectos desaparezcan porque el criterio de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Arturo Herrera, es trabajar con presupuestos anuales.
Las investigaciones para empresas de los sectores farmacéutico, agropecuario, alimentario e industrial en general requieren hasta seis años para rendir frutos.
Con este cambio de señales de desaparecer los fideicomisos y concentrar todos los recursos en Hacienda, muchas empresas que invierten 8 pesos privados por uno público van a dejar de hacer investigación compartida en México.
Y las compañías que son multinacionales van a buscar otros países donde hay certeza jurídica y reglas de largo plazo.
En todas las economías que compiten globalmente, la innovación es primordial y precisamente el apoyo federal a la industria privada es lo que ha definido las áreas puntas de los negocios en los que sobresalen las naciones.
La convergencia entre fondos gubernamentales, universidades y centros de investigación con la empresa privada es lo que ha permitido la fortaleza económica.
El Conacyt había sido el vehículo más estable en la aportación de recursos, con un promedio del 40%, mientras que la SEP, Energía, Agricultura y Salud mantienen inversiones decrecientes y promedian entre el 3 y el 7% del total de la inversión.
Lo más grave, sin embargo, son los casos concretos de investigadores y jefes de investigación en los diversos centros, tanto de Conacyt como de otras dependencias, que ven desaparecer el trabajo de años.
Sucede que hay un completo desconocimiento de lo que hacen y por razones ideológicas se está condenando al país a la pobreza y la perpetua importación de insumos y bienes de capital y a sus científicos a buscar oportunidades en el extranjero o morir de hambre.
El director de un Centro de Investigación en el país nos envía una carta donde muestra no solo su inconformidad, sino el enojo de muchos de sus colegas por la ceguera de las autoridades.
Asimismo, por la imposibilidad de que los legisladores escuchen a los investigadores que llevan toda una vida trabajando en bien del país con proyectos que se quedarán a la mitad y que significan muchos empleos en el presente y miles de dólares en exportaciones y de captación de divisas en el futuro.
ATENCIÓN CON LO que sucede en el sector sindical. Le platicaba en la semana que los trabajadores de Interjet, que dirige Carlos Rello, patearon al 30 de octubre el estallamiento de una huelga por el impago de hasta tres quincenas. El emplazamiento original era para el martes pasado. También le referí el caso de Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, que no logra convencer a su sindicato de pilotos para que ajusten más sus salarios y acepten modificar algunas cláusulas de su Contrato Colectivo de trabajo. ASPA podría emplazar a huelga a finales de noviembre o principios de diciembre. Otra empresa que también está contra la pared es Volkswagen de México, que conduce Steffen Reiche. El gremio también está levantando las banderas de huelga para el 6 de noviembre en protesta por el no reparto de utilidades de este 2020.
DE LLAMAR LA atención la posición que con respecto a México externó el miércoles el presidente de Iberdola, José Ignacio Sánchez Galán: “Si el gobierno quiere que invirtamos y crean un marco racional necesario, como era hasta ahora, iremos”, contestó a los reiterados menosprecios que en los últimos meses ha espetado al gigante español de servicios el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero lo que más caló en Palacio Nacional fue el dejo de arrogancia manifestado por el ejecutivo, cuando señaló que es “muy poca la contribución” del país al balance general de Iberdola, poco más de 11 mil millones de dólares, casi lo que está pagando ahora para quedarse con PNM Resources Inc., esto es 8 mil 300 millones.
EL APAPACHO PRESIDENCIAL que recibió ayer Marcelo Ebrard durante la conferencia mañanera, es una señal inequívoca de que Andrés Manuel López Obrador no tiene la intención de mandarlo en lugar de Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En el entorno del canciller se muestran confiados en que hay secretario de Relaciones Exteriores para rato porque el tabasqueño está muy satisfecho del trabajo del también ex regente del desaparecido Distrito Federal. Vamos a ver qué sucede con el nombramiento que sigue en suspenso.