Ningún alto mando, entre más de 2.000 examinados, ha suspendido las pruebas psicológicas, socioeconómicas y de polígrafo que desde hace 13 años se realizan para detectar a militares corruptos o coludidos con el crimen
En el Ejército mexicano ningún general ha reprobado los exámenes de confianza que les ha aplicado el Estado Mayor. 2.242 generales brigadier, así como secretarios y subsecretarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han sido sometidos en los últimos 13 años a pruebas psicológicas, socioeconómicas y de polígrafo. Todos aprobados. Incluso Salvador Cienfuegos Zepeda, detenido la semana pasada en Estados Unidos por proteger a un cartel de la droga. En un oficio obtenido por este diario vía transparencia con los resultados de los tests de idoneidad del jefe del Ejército en el sexenio anterior, se lee que Cienfuegos “cubre el perfil”. Un resultado que cuestiona la fiabilidad de unos controles que son presentados como una forma de detectar a militares corruptos o coludidos con el crimen. Expertos en temas de seguridad coinciden en las debilidades de las pruebas, sobre todo, porque que son realizadas por una instancia que forma parte de la misma Sedena.
Los test llamados de confianza, que emplean métodos científicos y tecnológicos, son similares a las que se aplican a los policías en México. Para los militares se volvieron obligatorias desde diciembre de 2004, pero la Sedena comenzó a contabilizar los resultados a finales de 2006. Desde esa fecha y hasta diciembre del año pasado habían sido evaluados 56.675 efectivos, desde el rango más alto hasta la tropa. En el caso de los coroneles, tenientes, subtenientes, capitanes y mayores, tres de cada 10 reprobaron. Mientras que en el escalafón más bajo, conformado por cabos, soldados y sargentos, el 41,3% no resultaron confiables para sus puestos, según la Unidad de Control y Confianza, la instancia encargada de resguardar los resultados de estas evaluaciones. Los años con más reprobados fueron 2007 y 2008, justo los primeros de la llamada guerra contra el narco instaurada por el expresidente Felipe Calderón que llevó a los militares a las calles a enfrentar a los grupos del crimen.
Los exámenes no son obligatorios para todos los miembros de las fuerzas armadas. Según la Sedena, forman parte de un “riguroso” proceso de selección y evaluación integral al que es sometido el personal “propuesto para ocupar un cargo o comisión que por su importancia lo requiera o que sea considerado de responsabilidad”. Además de Cienfuegos, estas pruebas también fueron aplicadas a Luis Cresencio Sandoval, actual secretario de la Defensa; a Guillermo Galván Galván, titular de Sedena en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) y a otros nueve subsecretarios en los últimos tres sexenios. Todos las aprobaron satisfactoriamente. Sin embargo en el oficio de respuesta proporcionado por el Estado Mayor no se precisa cuántas veces habrían sido sometidos a las mismas y tampoco se aclara en qué fecha las aprobaron.
Las pruebas consisten en un test psicológico, un estudio socioeconómico y una prueba de polígrafo. Los estándares requeridos son militares con estabilidad emocional y capacidad intelectual, con capacidad para trabajar bajo situaciones de riesgo y ajustarse a las normas y disciplina. Un militar obtiene un resultado reprobatorio si, por ejemplo, en el examen psicológico evidencia conflictos con las figuras de autoridad o muestra una baja tolerancia a la frustración que no le permita controlar sus impulsos, su agresividad o su frustración. También es motivo de rechazo si en el área socioeconómica presenta problemas sociales, familiares o de salud; o si en el polígrafo admite haber realizado conductas antisociales o dice mentiras. Las preguntas y respuestas de los exámenes son confidenciales, pero no el sentido del fallo: la Sedena debe informar si aprueban o reprueban. Si alguien no cubre el perfil no es separado de la Defensa Nacional. Simplemente, no es ascendido o movido al cargo al que había sido propuesto.
Una cúpula militar intocable
En la Sedena la cúpula militar ha sido históricamente intocable. En las sanciones que ha impuesto el órgano interno de control por faltas administrativas graves en los últimos diez años sólo han figurado dos generales. La mayoría de las reprimendas han sido contra militares de bajo y mediano rango. Los casos más conocidos son los de Manuel de Jesús Moreno Aviña y Juan Manuel Barragán Espinoza, generales que fueron inhabilitados tras recibir castigo por la vía judicial y actualmente cumplen su sentencia en prisión. Ambos habían llegado a los rangos más altos dentro del escalafón militar y para ello tuvieron que haber aprobado las pruebas de idoneidad. No se sabe cuántas veces fueron sometidos a este escrutinio, pero de lo que sí hay certeza es que no se detectaron señales de alerta que frenaran su carrera en ascenso.
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Moreno Aviña, general de brigada, fue acusado de tortura, homicidio e inhumación. El caso fue mediáticamente conocido porque se le señaló de encabezar el llamado pelotón de la muerte, un grupo conformado por soldados y oficiales de la tercera compañía de infantería de Ojinaga (Chihuahua), que durante el gobierno de Felipe Calderón y en el marco de la guerra contra el narco torturaron y asesinaron a civiles y realizaron una serie de detenciones ilegales. Además de la condena de más de 50 años de cárcel emitida por un juzgado federal en 2016, el general también fue inhabilitado por 15 años, según el registro de servidores públicos sancionados.
Barragán Espinoza, general brigadier, fue sentenciado a 15 años de prisión por delincuencia organizada el 15 de agosto de 2016. En la sentencia emitida por un juzgado federal se le señaló de estar coludido y haber recibido dinero del Cartel de Sinaloa durante el sexenio de Felipe Calderón. En la indagatoria fue acusado de facilitarle protección para el desempeño de sus actividades ilícitas mediante el reclutamiento de servidores públicos que quisieran trabajar para el grupo delictivo. También el alto mando les ayudó a conseguir acceso a los expedientes integrados en contra de los miembros del cártel que estaban detenidos, y les informó sobre los planes de la Procuraduría General de la República (PGR) para la localización y detención de sus diversos líderes, según la sentencia consultada.
Exámenes discrecionales
La detención de Cienfuegos Zepeda el pasado 16 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, California, sacudió a la clase política mexicana y ha dejado un reguero de interrogantes. Varios analistas en temas de seguridad han cuestionado cómo es posible que el general de más alto rango haya podido ser cómplice de un cártel de la droga sin ser descubierto por las autoridades mexicanas. “En caso de ser cierto (las imputación en EE UU), quienes habrían fallado no serían las pruebas de control y confianza, sino la PGR y las autoridades de procuración de justicia en Nayarit, donde se le está vinculando”, dice Lilian Chapa Koloffon, analista de políticas de seguridad de The World Justice Project para México.
Aunque en México las pruebas de control y confianza se han visto como una solución al problema de infiltración que había en las corporaciones por parte del crimen organizado, éstas no pueden arrojar evidencia contundente del involucramiento de alguna persona en actividades ilegales, explica la investigadora. “Es imposible que esa prueba te diga quién miente y quién dice la verdad. Lo que mide son reacciones fisiológicas ante cierto tipo de preguntas. No hay forma de comprobar si lo que dijo es verdadero o falso”, abunda. De las tres pruebas a la que se la ha dado más importancia es a la del polígrafo, como si fuera a revelar algo sólido, menciona, cuando la que debería tener más peso es la socioeconómica porque en ésta se puede medir la evolución patrimonial del servidor público y podría detectar inconsistencias.
Las pruebas no son infalibles y tienen cierto margen de error, dice Óscar Máynez Grijalva, experto en criminología. Además su independencia no está totalmente garantizada al ser realizadas por una instancia que depende de la misma Sedena, que se vuelve juez y parte. “Obviamente sería conveniente que una institución externa hiciera esas evaluaciones, pero en México desde los años cuarenta hubo un acuerdo entre el Ejército y el gobierno para que éste no tuviera injerencia en sus asuntos”, recuerda. La misma discrecionalidad del Ejército al no permitir interferencia de civiles en sus asuntos también dificulta que otras instituciones puedan participar en la vigilancia y la detección de anomalías, señala el académico, que fungió como titular de Servicios Periciales en la Fiscalía de Chihuahua. “El Ejército es completamente independiente, nadie se mete con ellos. Entonces no puede haber colaboración con otras instancias como la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), la Comisión Nacional Bancaria u otra autoridad (como la Función Pública) que podrían ayudar a detectar anomalías en su patrimonio”, explica.
El hecho de que Cienfuegos haya aprobado estos tests se debe a que previamente pasó cada uno de los filtros y mostró ciertas capacidades para ascender al siguiente rango. Sin embargo, Máynez Grijalva advierte que estas pruebas también pueden ser manipuladas precisamente para garantizar la impunidad de los altos mandos. “En el polígrafo hay formas de engañar y dar un falso positivo o falso negativo. Se puede entrenar a la gente. Los de personalidad no necesariamente van arrojar un elemento diciendo: `este tipo se puede corromper´ y si hay presiones (por parte de los especialistas) pueden dar los resultados que quieran. Hay otros que miden grados de sociopatía, psicopatía, pero esos tampoco son muy sofisticados, también se le puede decir a una persona qué contestar para que los pase”, explica.
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