Censura o responsabilidad
El presidente Andrés Manuel López Obrador se metió en un terreno donde su interés tiene pies. Sugirió con sorna desafiante, que la televisión en Estados Unidos había censurado al presidente Donald Trump al interrumpir un mensaje tras las elecciones.
En efecto, las principales cadenas del país, ABC News, CBS News, CNBC, MSNBC, NBC News y la empresa pública National Public Radio, dejaron de transmitir el viernes el mensaje de Trump quien afirmaba, sin base alguna, que le habían robado la elección mediante un proceso electoral corrupto.
Esta decisión, que subrayó López Obrador poniéndose del lado de Trump, enfrentó a las televisoras con un dilema: censuraron al presidente o no, en un momento en que estaba rompiendo las normas democráticas.
Los diferentes conductores lo explicaron a sus audiencias. Brian Williams, de MSNBC, lo justificó porque “no estaba sustentado en la realidad y, en este momento, para nuestro país, es peligroso”.
Shepard Smith, de CNBC, señaló que “estamos interrumpiendo esto porque lo que el Presidente nos está diciendo es en su gran parte absolutamente falso”. El reportero de ABC News, Jon Karl, dijo al aire: “Simplemente, no hay ninguna evidencia presentada que existan los votos ilegales que él está diciendo, y su acusación no se sostiene en absoluto”. Al día siguiente, el The Washington Post publicó dos análisis en su primera plana bajo los titulares “Falsedad tras falsedad” y “Un discurso de histórica deshonestidad”.
López Obrador, que suele estar increíblemente desinformado, dijo que quitarle voz a Trump nunca había sucedido. Pero el 10 de marzo, las cadenas habían bloqueado el audio cada vez que Trump, el presidente más vulgar en la historia de Estados Unidos, decía “mierda” o “coño”, digitalizando su boca cuando decía “fuck”.
El 23 de marzo, todas las cadenas de televisión, salvo Fox News, suspendieron la transmisión de una conferencia sobre el coronavirus cuando Trump comenzó a descalificar al equipo de expertos de la Casa Blanca y a pedir que la gente saliera a las calles, contraviniendo la indicación de sus asesores de distancia social.
Y en mayo, ABC, CBS, CNN, MSNBC y PBS se negaron a transmitir un spot de Trump, donde la frase “fake news” aparecía sobre las imágenes de varios periodistas.
Los medios en Estados Unidos discutieron previo a las elecciones qué harían en caso de que Trump se proclamara ganador la misma noche de las elecciones, aunque hubiera perdido, y llamara a la movilización para enfrentar el fraude. No tenían claro lo que harían, como tampoco calculaban el clima de polarización que se iba a dar.
El dilema periodístico sobre qué hacer con Trump tiene un sustento, el Código de Ética de la Sociedad de Periodistas Profesionales de Estados Unidos, que en su primer inciso pide que se busque la verdad y que la registren, mediante un trabajo certero y justo, honesto y valiente en la recopilación, reporteo e interpretación de la información. Justamente eso hicieron con las declaraciones del todavía presidente Trump.
No eran verdades, ni aportaba pruebas de sus dichos. Eran falsedades que calentaban la cabeza a los millones de votantes que sufragaron por él.
Hay un precedente de 1969, cuando la Suprema Corte de Justicia decidió sobre el caso Bradenburg vs. Ohio, un fallo de la Corte de Ohio en contra de Clarence Brandenburg, un líder del Ku Klux Klan que había sido sentenciado por favorecer “el crimen, el sabotaje, la violencia o métodos ilegales de terrorismo como medios de lograr una reforma política”. El juez William J. Brennan dictaminó que la Corte de Ohio había violado la libertad de expresión de Brandenburg, porque sólo se podría prohibir ese derecho si “está dirigido a incitar o producción una acción ilegal inminente”.
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Las acciones de Trump incitaban a sus seguidores a violar la ley, como se probó cuando quisieron irrumpir en los centros de cómputo en Arizona y Michigan, donde la policía los frenó, o en la crisis en el Departamento de Justicia, tras las renuncias de funcionarios electorales luego de que el procurador William Barr ordenara que investigaran supuestas votaciones fraudulentas.
Las declaraciones de Trump rebasaron todos los límites, y como describió el juez Wendell Oliver Holmes en un dictamen de 1919, “la más poderosa protección de la libertad de expresión no protegería a un hombre que falsamente grita fuego en un cine y causa pánico”.
López Obrador no tomó en cuenta estos antecedentes, ni tampoco habló de cómo Trump ha censurado a medios y periodistas y diseminado tantas falsedades en las redes sociales, que Twitter y Facebook tuvieron que etiquetar sus mensajes advirtiendo que no eran afirmaciones comprobables.
Políticamente se entiende a López Obrador. Él no ve a Trump sino a sí mismo.
Según Luis Estrada, director de SPIN, ha dicho más mentiras que Trump –siete promedio al día–, y usa las mañaneras para difamar, insultar e incitar linchamientos. Repite que respeta la libertad de expresión, pero lo que comete es previa censura, mediante la intimidación, prohibida por la Constitución de la Ciudad de México. Pero no tiene de qué preocuparse. En Estados Unidos los medios pueden actuar con toda responsabilidad ante un autócrata porque existen instituciones. Aquí no. Se puede manejar con impunidad y abuso del poder, porque tiene todos los recursos del Estado a su servicio para amenazar y reprimir sin contrapesos, porque ni el Congreso ni la Corte están en la defensa de la democracia.