Si Luis Videgaray Caso, ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, no denuncia por delincuencia organizada al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, será inevitable que pase una larga temporada tras las rejas.
Pesan sobre él, de un lado, las acusaciones que realizó en su contra Emilio Lozoya Austin, antiguo director de Pemex. Por el otro, penden las que Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Sedeso y Sedatu, añadirá próximamente.
El cerco se va cerrando porque la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con información cada día más sólida, pero también porque Videgaray sembró rencores y alimentó agravios personales.
En el caso de Emilio Lozoya, el pleito político viene de muy lejos, cuando ambos eran integrantes del gabinete peñanietista y el ego de estos dos sujetos hizo colisión. Lozoya nunca perdonó al adversario que dinamitara su relación con Peña Nieto.
Esta trama íntima de poder explica, en buena medida, porqué Lozoya decidió salvarse de la guillotina ofreciendo la cabeza de Videgaray.
El caso de Rosario Robles es todavía más intrigante, desde el punto de vista de la narración personal. A diferencia de Lozoya, la ex funcionaria aguantó estoicamente el silencio durante 15 meses sin aceptar ninguna negociación.
A pesar de que, en un principio, un juez dictó prisión preventiva contra ella por el delito de uso indebido de la función pública, Robles optó por callarse, con la esperanza, acaso ingenua, de que sus colegas de gabinete le ofrecieran algún signo de solidaridad.
En particular esperaba que Luis Videgaray, quien era su superior jerárquico como cabeza del gabinete económico, le ayudara, de algún modo, a enfrentar una presión política de proporciones grandes.
Pero el varón en cuestión optó por mirar hacia otro lado. Como si una armadura mágica lo protegiera, migró a los Estados Unidos como profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
Durante más de un año Robles envió mensajes de auxilio, sobre todo porque sus cuentas bancarias fueron congeladas, lo que limitó severamente su capacidad para costear la defensa.
Explican hoy ese desdén la insensibilidad política y el carácter arrogante que han marcado la personalidad de Luis Videgaray: no parece haberle importado nunca que Robles fuera conducida a la hoguera.
Este fue el peor error que cometió el ex secretario. Descuidar el trato humano que se merecía alguien con capacidad grande de hacerle daño.
Cuando la FGR dobló los cargos en contra de Robles, sumando en su causa los delitos de delincuencia organizada y de lavado de dinero, el hilo terminó por romperse.
En esta parte de la trama hay que mencionar que no es lo mismo negociar impunidad a través del principio de oportunidad que hacerlo mediante la figura del testigo colaborador.
El principio de oportunidad le habría servido a Rosario Robles solo si se hubiese quedado con el primer delito, pero no opera frente a las acusaciones de delincuencia organizada.
El principio de oportunidad permite que el Ministerio Público inhiba la acción penal siempre y cuando la persona imputada se arrepienta y repare el daño.
El problema vino cuando también se enderezaron contra ella denuncias por crimen organizado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La legislación mexicana no contempla para estos dos delitos la negociación con las personas acusadas a partir del principio de oportunidad.
Este es el punto de quiebre que explicaría porqué Rosario Robles se decidió finalmente a implicar a sus superiores.
En casos de delincuencia organizada, los imputados tienen como única opción para negociar con la Fiscalía convertirse en testigos colaboradores, lo cual determina circunstancias y condiciones muy distintas al presupuesto anterior.
Para que un imputado pueda convertirse en testigo colaborador, la ley de delincuencia organizada establece que la persona imputada podría ver reducida su sentencia, hasta en dos terceras partes, siempre y cuando la información que proporcione sirva para sentenciar culpable a un superior jerárquico.
En otras palabras, solo si Robles proporcionara información solvente para sentenciar a alguno de sus jefes, la Fiscalía podría considerar su liberación en el corto plazo y, eventualmente, la recuperación de los bienes que le fueron incautados.
Ya que fue secretaria de Estado, Rosario Robles únicamente tuvo encima de ella a dos personas: Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto.
Vale subrayar que la ley de delincuencia organizada no prevé beneficio para esta ex funcionaria si ella delatara a sus pares o subordinados: si Robles quiere librarse del fardo grande no tiene más opciones que señalar hacia arriba.
A través de redes sociales, la ex secretaria dejó en claro esta semana que no está en su ánimo aportar información relativa a Enrique Peña Nieto.
Sin duda exageró cuando dijo que ella consideraba al ex presidente como una persona incorruptible. Evidentemente lo hizo para hacer saber, a quien quisiera escuchar, que en su lista de acusados hay un solo apellido: Videgaray.
A Robles se le agotaron los argumentos para guardar silencio. El hombre todo poderoso del sexenio pasado, después del ex presidente, la olvidó en un calabozo y por tanto nada le debe. Otra cosa habría ocurrido, quizá, si el desdén del profesor del MIT hubiese sido menor.
Ahora toca a los abogados de Robles asegurarse de que las pruebas que ella tiene en contra de Videgaray provoquen una sentencia condenatoria.
Suponiendo que estas pruebas existan, a menos que intente fugarse, para Videgaray los días en libertad están contados.
El siguiente capítulo de esta trama podría ser aún más interesante. Dado que el ex secretario tampoco podrá ampararse en el principio de oportunidad, tendría que decidir si con él se acaban las investigaciones de la Fiscalía, o como dicen en el argot del hampa, opta por poner al ex presidente Peña Nieto, para negociar igual que Robles, una reducción en su condena.