Para que no ‘vuele’ Abarca
Tampoco en materia de justicia le pinta bien a la 4T: ni la Fiscalía General de la República ni el Poder Judicial federal han hecho algo para que el presidente López Obrador confíe en cumplir su compromiso de llegar a la verdad, sin adjetivos, del caso Iguala.
Las expectativas de llegar a una conclusión diferente a la perfilada por la extinta PGR se desmoronan, ahora con la virtual preliberación del ex alcalde José Luis Abarca, luego de que un Tribunal Federal dejó sin efecto el auto de formal prisión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El fallo es “para efectos”, lo que significa que se dejaron de valorar algunas pruebas, de practicar otras diligencias, o que se cometieron violaciones de procedimiento.
Para efectos del caso Iguala, sin embargo, la resolución activa la sirena de alerta máxima.
Ya desde mediados de 2015 (23 de julio), a menos de un año de la desaparición y asesinato de los 43 normalistas, en su Reporte Preliminar y por advertir, precisamente, lo endeble de las acusaciones contra Abarca y otros inculpados, la desaparecida Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH planteó en su Observación y Propuesta 26 lo imperativo de reforzar los medios de convicción en los procesos penales de los involucrados en la matanza, pero ni la PGR del peñanietismo ni la FGR en la 4T hicieron el menor caso, y lo mismo sucede con los 128 Puntos Recomendatorios y las 224 Propuestas de Investigación de la Recomendación del 28 de noviembre de 2018, que permanece ignorada en los dos años de la actual administración.
No obstante, por fortuna para el Presidente y los ex procuradores de Guerrero, Iñaki Blanco, y de la República, Jesús Murillo Karam, sobre Abarca pesan otros cargos que por el momento lo mantendrán en prisión, aunque lo más importante es lo factible que sigue siendo enderezar el rumbo que la insidia retorció: bastaría con que el fiscal Alejandro Gertz Manero impusiera su autoridad moral al faccioso y hechizo “fiscal especial” Omar Gómez Trejo (ex achichincle del corrosivo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), quien trabaja para sabotear la posibilidad de que se esclarezca el crimen.
Los elementos para que Abarca no sea liberado se encuentran en 15 de los 36 Apartados de la citada Recomendación. En ellos queda claro que tiene que responder por los delitos: desaparición forzada y secuestro (según la PGR) de Los 43; por distintos homicidios (de tres normalistas y otras tres personas en aquella noche de Iguala); por tentativas de homicidio, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito. Y además debe ser consignado por el asesinato del perredista Arturo Hernández Cardona (increíblemente no está acusado por ese asesinato, como de manera equivocada ha dicho el subsecretario Alejandro Encinas).
De no atender lo que consta en la Recomendación, Abarca saldrá de la cárcel y el caso Iguala, en su totalidad, continuará pudriéndose…