El expediente FGR/2092/2020
La historia parece repetirse: cuando el entonces procurador de Justicia Carlos Peredo Merlo se sentía más seguro en el puesto, tras haber sorteado diversos obstáculos, vino la línea desde muy arriba y terminó en el Penal estatal de Almoloya con un auto de formal prisión. Era el gobierno de Jorge Carrillo Olea, quien traía un pleito casado con Ernesto Zedillo Ponce, desde que ambos trabajaban para Carlos Salinas de Gortari.
El general no le veía futuro político al enclenque economista y aprovechaba cualquier ocasión para dejarlo en ridículo frente a los presidenciables, sin contar con que Zedillo entraría de relevo a la candidatura del PRI tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio y que ganaría las elecciones. Ya como presidente, Zedillo Ponce de León le encargó su venganza a su secretario particular Liébano Sanz, quien llamó para ejecutar esa misión a quien consideraba la persona idónea: el mercenario político Graco Ramírez Garrido, conocido por su habilidad para hacer trabajos sucios a cambio de dinero.
El pretexto fue la muerte de un presunto delincuente, Jorge Nava Avilés, apodado “El Moles”, quien se murió en el interior de los separos del viejo edificio de la avenida Zapata, a principios de 1997. Años después el propio Peredo Merlo comentó a sus amigos que consideró una mejor opción deshacerse del cadáver que echar a perder esa “segunda luna de miel” con una noticia tan negativa.
Hasta la fecha, sigue siendo una incógnita cómo se enteraron los policías federales de caminos que en esa camioneta llevaban un cadáver, y otra cosa extrañísima: las patrullas de la PFC llevaban un fotógrafo de prensa a bordo. En cuestión de horas, la fotografía del comandante Armando Martínez Salgado con un sombrero cubriendo su cabeza calva y con la cara desencajada, ya estaba en todos los medios nacionales presagiando el encarcelamiento del procurador, un subprocurador, el director de la Policía Judicial y varios elementos. Para quien esto escribe (disfrazado de ayudante del abogado de Jesús Miyazawa) fue impactante ver al otrora poderosísimo Carlos Peredo Merlo, esposado y sentado en la silla de los acusados de un Juzgado de Distrito.
Todos menos Armando Martínez y su gente salieron libres en los meses subsecuentes, como una muestra más de que la bronca no era con ellos, sino con su jefe el gobernador, quien presentaría su licencia en mayo de 1998.
Una historia similar ocurriría en abril de 2004, cuando el subprocurador Alejandro Hernández Arjona, el entonces jefe de la Policía Ministerial, Agustín Montiel López, y un comandante apodado “El Mico”, acudieron a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO), en el Distrito Federal, en lo que creían sería una comparecencia “de trámite”.
Javier Jaramillo Frikas lo describió así en una de sus columnas: “Había tensión y no comenzaba la diligencia, como que al comandante Agustín comenzaba a no gustarle la cosa, y menos cuando personal de la SIEDO se acercó a cada uno de ellos y les dijo que pasaran a otro lugar: les iban a practicar un examen toxicológico. “¿Cómo? Si ese tipo de exámenes son cuando el ministerio público los va a entregar al reclusorio. Eso lo sabe el policía menos ducho y los tres que iban de Morelos o eran o se sentían, como es el caso de Hernández Arjona. Precisamente es éste el que, aparentemente, se resiste y comienza a gritar: “¡De qué se trata! ¡Yo ya me voy! Abran la puerta!”, y se acercó a uno de los accesos desde donde como por arte de magia aparecieron agentes de la Agencia Federal de Investigaciones adscritos a esa subprocuraduría.
“No hubo mayores explicaciones, le enseñaron la orden de aprehensión a Montiel, éste casi se desvanece, sus todavía homólogos federales no fueron amables y lo sacaron de ahí, para llevarlo a un convoy que los esperaba de donde se trasladaron a Almoloya”.
Hoy sabemos que a Montiel lo acusaron de proteger al narcotráfico. Salió de la cárcel sólo para morir en su casa, víctima de la terrible diabetes que lo aquejaba desde años atrás. Arjona tuvo que esconderse hasta probar plenamente su inocencia. El entonces procurador, Guillermo Tenorio Ávila, anduvo nervioso mucho tiempo, porque sentía que en cualquier momento llegaban por él.
Sirvan las dos anteriores anécdotas como preámbulo para el tema principal de esta columna: el expediente FGR/SEIDO/UEITA/TU/2092/2020 en el que involucran al actual fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara.
Nada se sabía de este asunto hasta que, la noche del martes, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Ignacio Mier Velazco, publicó en su cuenta de Twitter: “Hoy recibimos la solicitud de declaratoria de procedencia en contra de Uriel Carmona Gándara, fiscal del estado de Morelos. Turnaremos el expediente del caso a la sección instructora para que proceda conforme a derecho”.
No hubo más información al respecto.
Ayer, pasado el mediodía, alguno de los diputados federales filtró el oficio fechado el 14 de diciembre del 2020 y con sello de recibido el 15 de diciembre en la Secretaría General de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que a la letra dice: “Lic. Monserrat Marilú Reyes González, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, comparezco ante esa H. Representación Popular con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, párrafo tercero y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 141 fracción III, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en función a investigaciones realizadas a partir de denuncias presentadas, a solicitar declaratoria de procedencia en relación a Uriel Carmona Gándara, fiscal general del Estado de Morelos, para así estar en posibilidad de poder proceder penalmente en su contra”.
¿Qué delitos le imputan? No lo sabemos, pero si es la SIEDO tiene que ser delincuencia organizada. Llama la atención de que justamente cuando aparece esta información, sale el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a hablar de “las últimas administraciones”, cuando varios gobernadores (pero especialmente Javier Duarte y Graco Ramírez), antes de irse dejaron designados a los fiscales generales y anticorrupción, “blindados” para durar en el cargo casi una década y con autonomía constitucional. Prácticamente describió al fiscal morelense, de ahí que se piense que el asunto en cuestión puede ser legal, pero con mucho aderezo de política. HASTA MAÑANA.